Guillermo Knochenhauer*
La disyuntiva para el campo
En vísperas de que el primero de enero entre en vigor la tercera de cuatro etapas de desgravación de las importaciones agropecuarias y se libere una treintena adicional de productos, las pocas pero importantes organizaciones campesinas que existen en México demandan la revisión del capítulo agroalimentario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Agrupaciones como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), productoras básicamente de granos y oleaginosas, así como las dedicadas a cárnicos, se han puesto al frente de esa demanda con el argumento de que Estados Unidos hace lo que se le da la gana cuando le conviene en violación al tratado; y es que en efecto, el gobierno de ese país lo mismo subsidia sus exportaciones al nuestro que cierra sus fronteras con barreras sanitarias, empleadas muchas veces (otras no) como meros pretextos para evitar la competencia de nuestros productores.
En cambio, el gobierno mexicano ni siquiera ha cobrado los impuestos permitidos cuando cada año se importan más toneladas de las previstas -de maíz, por ejemplo- "para no encarecer el producto al consumidor".
El caso es que la propia Sagarpa reconoce que la competencia global ha provocado efectos críticos en "algunas" cadenas productivas. Pero como en todo, esa competencia tiene dos caras: una es la desleal en nuestros mercados con productos más baratos (subsidiados) y la otra es el fracaso de la estrategia seguida desde 1994 para adaptar el sector agropecuario a la apertura comprometida en el TLCAN.
Tal estrategia se limitó a seguir dos líneas de acción: inducir cambios tecnológicos para mejorar rendimientos (con logros pírricos) y desmontar instituciones e instrumentos de la política agropecuaria -Conasupo, precios de garantía, aranceles, permisos de importación- como si fuera lo mismo abrir los mercados que no tener prelaciones. Por esa vía se alteraron radicalmente las reglas del juego comercial que orientaban la conducta del campesino mexicano dedicado a los granos, para dejarlo en el desamparo ante una pesada cadena de intermediación mercantil que arrebata al productor promedio 70 por ciento del precio que paga el consumidor por su cosecha.
El hecho es que a nueve años cumplidos, el TLCAN y la fallida adaptación del campo a las nuevas condiciones de mercados abiertos, han profundizado las viejas deficiencias del sector en materia de costos, rendimientos, tecnología y, sobre todo, financiamiento y acceso a los mercados.
La disyuntiva hoy está entre solicitar la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN declarando una moratoria inmediata, vía que tiene buenos argumentos en el comportamiento estadunidense, o la que propone el gobierno a través de Sagarpa.
El 18 de noviembre, Javier Usabiaga prometió armar un blindaje agropecuario ante la apertura, el cual prevé medidas muy semejantes a las que aplica el gobierno de Estados Unidos (aunque con recursos mucho menores que se reparten entre una población 4 o 5 veces mayor de campesinos). Promete "reducir a precios competitivos" (el término es subsidiar, pero a los liberales les horroriza pronunciarlo) la energía eléctrica, la tecnificación del riego, el diesel, fertilizantes, agroquímicos y productos biológicos.
Por mucho, lo más importante del blindaje anunciado es el restablecimiento de los precios de garantía para los granos y oleaginosas. Se les llama ingresos objetivos por tonelada, que sería, por ejemplo, para el maíz, de mil 650 pesos por tonelada "durante un plazo de cinco años fiscales" (por lo pronto es un buen precio, pero quién sabe si lo sea dentro de dos o cinco años). Según la estrategia, si el precio que el productor obtenga por la venta de su producción y lo que se le entrega mediante el Procampo no cubre el ingreso objetivo, "el gobierno asume la responsabilidad de entregarle la diferencia" a cada productor.
Dijo Usabiaga en la presentación del esquema que "se contempla extender este ingreso objetivo a mayor número de cultivos"; también anunció para los 2 millones 500 mil productores, aproximadamente, que poseen predios menores a cinco hectáreas de temporal inscritos en el Procampo, que recibirán mil 30 pesos por hectárea, equivalentes a los 100 dólares que entregaba el Procampo en sus inicios de 1994 y que hasta ahora se actualizan.
Las agrupaciones campesinas que protestan contra las medidas del blindaje y pugnan en favor de la moratoria y revisión del TLCAN argumentan que los recursos fiscales no serán nunca suficientes para subsanar los daños que causa la competencia desleal de los productos estadunidenses. Es un buen punto si el blindaje sólo sirve para tapar hoyos en vez de promover cambios que la apertura ha venido a destacar como necesarios -sobre todo en la esfera comercial interna y no se toma la decisión política de corregir el TLCAN.
* Profesor de la UNAM
