Cuatro países de la región se disponen a efectuar modificaciones

Atraer inversiones, objetivo de las reformas laborales en América Latina

FABIOLA MARTINEZ ENVIADA

Lima, 11 de diciembre. En el primer semestre del próximo año cuatro países de América Latina habrán transformado su legislación laboral para disminuir el desempleo y atraer inversiones.

De acuerdo con información recabada en la 15 Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que se celebra en esta capital-, México, Chile, Colombia y Perú están por definir los cambios o en la víspera de entregar el proyecto de ley a sus congresos.

Los ejes de la reforma laboral en las naciones señaladas coinciden particularmente en tres puntos: hacer flexible la jornada laboral para adecuarla a las necesidades productivas de la empresa, agregar nuevas formas de contratación individual (a tiempo parcial o para ejecutar trabajos a distancia) y un nuevo esquema de participación del Estado en la vida sindical.

Ricardo Solari, ministro del Trabajo de Chile, aclara que las reformas que se pretenden en su país (jornadas a tiempo parcial y trabajo a distancia, principalmente) no tienen el objetivo de ser ancla del crecimiento económico, sino adecuar la normatividad para generar más empleos.

Esa nación sudamericana, pionera en el continente en reformas a la seguridad social, mantuvo una tasa de crecimiento en el periodo 1990-1998 de 7 por ciento en promedio. En los últimos dos años ese indicador cayó a 2.5 puntos, con 30 por ciento de la población ubicada en el sector informal.

Es decir, explica el funcionario, ante un crecimiento bajo se requieren cambios que ayuden a recuperar los empleos y fortalecer los que ya existen, pero de ninguna manera pensar en la reforma como base única para el crecimiento.

"La prueba está en que los gobiernos de América Latina han tomado las recomendaciones de la OIT para integrar sus leyes laborales, pero el asunto es que éstas no se cumplen", dijo.

Chile y Perú pretenden además cerrar el capítulo de un marco legal en materia de trabajo acorde "con sistemas dictatoriales y corruptos", al tiempo de modificar las normas con criterios "vigentes en nuestros gobiernos democráticos".

En este último país llama la atención el nivel de similitud del proyecto de reforma generado en Lima con el de México, donde esta semana podría ser presentado al Congreso. "Ya lo tiene en su escritorio Beatriz Paredes (presidenta de la Cámara de Di-putados) y en cualquier momento le dará trámite", informó una fuente involucrada en el proyecto.

Al respecto, el secretario del Trabajo de México, Carlos Abascal Carranza, manifestó que la propuesta redactada por abogados del Congreso del Trabajo y del Consejo Coordinador Empresarial contiene acuerdos perfectibles.

"Lo único que puedo decir es que en los próximos días es probable que el anteproyecto (impulsado en principio por la Secretaría del Trabajo) se convierta en iniciativa de ley. No presionaré al Congreso para que la apruebe", expuso en entrevista al término de su participación en la reunión de la OIT.

Delia Muñoz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Trabajo de Perú, explicó que las coincidencias entre el proyecto de su país y el mexicano se sustentan en las reuniones regionales de abogados laboralistas de América, en las que se han definido los criterios para aplicar las enmiendas en este sector con base en el desarrollo de la economía.

"La única diferencia es que ahí se quiere cambiar la ley ante su realidad económica y nosotros para avanzar en el crecimiento, pero (en México) cuidado con aceptar una flexibilización más amplia que lleve a una mayor explotación de la mano de obra", advirtió.

Señaló también que las eventuales reformas en los países referidos -a excepción de México, que no ha aplicado cambios en su legislación desde 1980- responden a la "recomposición del exceso de flexibilidad" que se promovió en la década de los noventa para responder a compromisos con organismos internacionales.

En Perú, precisó, más de la mitad de la población económicamente activa no está protegida por las normas laborales o algún esquema de contratación que les reditúe beneficios sociales.

Ante ello precisó que a más tardar en febrero los líderes de los sectores obrero y empresarial terminarán el proyecto de ley que será enviado al Congreso. Ese camino peruano, muy similar al que se siguió el año reciente en la Secretaría del Trabajo, incluye cambios en la política de empleo para incorporar, además, a trabajadores autónomos y ampliar el modelo colectivo.

Por ello, el gobierno de ese país sudamericano también tiene como objetivo agregar a la contratación temporal criterios de suplencia o de necesidades de producción. "Se apuesta más al empleo en contrato indefinido en las modalidades de capacitación, aprendizaje o ayudantía".

En entrevista, Muñoz defendió también las enmiendas a la jornada histórica de ocho horas y fijarla, en cambio, como jornada mensual. Además, ampliar la certificación de competencia y eliminar la intervención del Estado en la vida sindical, entre otras.