Beneplácito de Hacienda por los acuerdos alcanzados
Escepticismo de analistas de la IP ante el programa económico para 2003
JUAN ANTONIO ZUÑIGA E ISRAEL RODRIGUEZ
Analistas de la iniciativa privada consideraron que el monto y las condiciones en que se ejercerá el presupuesto de gastos de la Federación para el próximo año pondrán en riesgo las metas macreoeconómicas de inflación y desempleo; en tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer su beneplácito por los términos en los que aprobó el Congreso de la Unión el programa económico para 2003.
''El Poder Ejecutivo reconoce la responsabilidad mostrada por parte del H. Congreso de la Unión al ratificar la disciplina fiscal como eje rector del programa económico para 2003'', manifestó la dependencia a través de un comunicado de prensa, en el cual destaca ''la intención del Poder Legislativo de unirse a los esfuerzos de la presente administración por atender a los sectores con mayor contenido social e impacto sobre la población, como son el campo, la educación, inversión en infraestructura y la salud''.
En sus consideraciones, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, encomia que los legisladores hayan establecido expresamente que el déficit público autorizado ''no podrá ser rebasado y deberá procurarse que las economías e ingresos excedentes que se generen se destinen a reducirlo''.
Así también, destaca las medidas aprobadas para proveer de mayor flexibilidad a las dependencias y entidades responsables del ejercicio presupuestario, mediante una mejor regulación del mismo.
Sin embargo, diversos analistas de la iniciativa privada se mostraron escépticos sobre la congruencia del programa económico aprobado y las metas de crecimiento e inflación que esperan alcanzarse en 2003. La posibilidad de recortes se mantiene latente, en opinión de los empresarios entrevistados.
La celeridad con la que los legisladores han conseguido avanzar en el proceso de aprobación del presupuesto para el año próximo es positiva; sin embargo, el hecho de que los diputados y senadores aumentaran el supuesto del precio del barril de petróleo representa una problemática, porque la economía sigue dependiendo en gran medida de los ingresos petroleros, consideró el Grupo Financiero Banamex-Citigroup.
El problema, explicó, es que en caso de que no se obtengan los ingresos estimados con un precio por barril de petróleo de 18.35 dólares, se requeriría de un recorte en el gasto, por lo cual debería ser más conservador, como era la propuesta del gobierno.
A su vez, César Castro Quiroz, director de análisis del Centro de Análisis de Proyecciones Económicas para México (Capem), advirtió que el crecimiento del gasto de 5.5 por ciento en términos reales, al ascender de 1 billón 482 mil millones a 1 billón 524 mil millones de pesos, pone en riesgo las diversas variables macroeconómicas, como las metas de crecimiento y de inflación.
El especialista destacó que en la Ley de Ingresos no se presentaron cambios estructurales y ''seguimos dependientes de los precios del petróleo''. Por ello, dijo que en caso de que el precio del crudo no tenga el promedio estimado se tendrán que hacer recortes al gasto y aumentar los precios y tarifas administrados por el gobierno, lo que tendrá un impacto desfavorable en la meta inflacionaria de 3 por ciento propuesta por el Banco de México.
El impacto de las tarifas eléctricas
Recordó que las tarifas de energía eléctrica consideradas en el índice nacional de precios al consumidor registraron una variación de noviembre de 2002 contra noviembre de 2001 de 35 por ciento, lo que implica un impacto en el índice en el último año de 0.79 puntos porcentuales, del total de 5.39 por ciento del índice general.
El aumento en el gasto, autorizado por el Congreso de la Unión, da la impresión de que se está descuidando la disciplina fiscal y se entró en la tentación de un año electoral, afirmó el analista.
Finalmente precisó que en caso de que se mantuvieran los precios del petróleo en 18.35 dólares por barril, con una plataforma de exportación de un millón 860 mil barriles diarios de crudo en 2003, lo que se obtendría serían alrededor de 9 mil millones de pesos por el efecto del precio.
Hay riesgo de recortar el gasto a pesar de que el presupuesto es conservador, dicen
Descartan empresarios que en 2003 se cumplan metas de crecimiento e inflación
Critica el CEESP que se rechazara la aplicación de impuestos estatales al consumo
DAVID ZUÑIGA
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Luis Haime Levy, descartó que el próximo año se cumplan las metas oficiales de crecimiento e inflación y reconoció que existe el riesgo de recortes al gasto a pesar de que el presupuesto para 2003 es ''conservador''.
De acuerdo con el gobierno federal, el año que viene la inflación y el crecimiento serán de 3 por ciento; sin embargo, Haime pronosticó que el producto interno bruto (PIB) apenas avanzará 2.5 por ciento y los precios subirán alrededor de 4 por ciento.
Mientras, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el Congreso perdió la oportunidad de dar el primer paso para combatir la informalidad y la evasión, pues rechazó aplicar impuestos estatales al consumo, lo que habría permitido eliminar gravámenes indirectos de baja recaudación que sólo generan distorsiones en la economía y entorpecen la recaudación. En cambio, lamentó, se aprobó una miscelánea que afectará aún más a los causantes cautivos.
Entrevistado luego de la firma de un convenio de cooperación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Haime Levy recordó que la economía mexicana sigue siendo dependiente de la de Estados Unidos, la cual ''no muestra signos de un crecimiento fortalecido''.
El dirigente reconoció que los legisladores hicieron un esfuerzo para conciliar intereses y lograr un presupuesto ''realista'', sin embargo, consideró preocupante que se eleve la estimación del precio del petróleo a 18.35 pesos por barril y que se incremente la plataforma de exportación, ya que esto es tratar de obtener ingresos ''de donde aparentemente no los hay''; asimismo calificó de lamentable que México utilice un recurso estratégico y no renovable para financiar gasto en lugar de impulsar el desarrollo.
''Es preferible tener un presupuesto y precios del petróleo conservadores y definir previamente el destino de los excedentes, en lugar de plantear un precio del crudo no tan conservador y luego tener que hacer recortes al gasto. Aquí hay un juego político: el aumento de los ingresos por los precios del petróleo se percibe como un punto positivo para el Congreso, pero si vienen los recortes es un punto negativo para el Ejecutivo'', explicó. Dado el caso, agregó, será preferible reducir gasto corriente en lugar de sacrificar inversión o gasto social.
Otra preocupación de Haime Levy es que el Congreso permita un déficit mayor a 0.5 por ciento, lo que será un obstáculo más para lograr la meta de inflación, a menos que el gobierno fije un tope de 3 a 4 por ciento a los precios y tarifas de bienes y servicios administrados por el sector público.
Por otra parte, consideró que el hecho de que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaran a tiempo puede allanar el camino para llegar el próximo año a una convención hacendaria, que sería el primer paso hacia una reforma integral.
Proponen rediseñar fondo de estabilización petrolera
El CEESP consideró que la aprobación oportuna del presupuesto sin cambios que pongan en riesgo la estabilidad envía buenas señales a los mercados, lo que ayudará a mantener buenas expectativas y una percepción de riesgo bajo y favorecerá la colocación de deuda mexicana de largo plazo en los mercados internacionales.
Consideró acertado haber definido reglas para el manejo de los ingresos cuando el precio del petróleo sea mayor o menor a lo presupuestado, ya que ello pondrá un límite a las protestas de gobernadores y otros grupos. Reconoce que al menos durante el primer trimestre de 2003 los precios del petróleo se acercarán a lo proyectado; sin embargo, insistió en la necesidad de rediseñar el fondo de estabilización petrolera a fin de usar los excedentes por venta de crudo para inversión y formación de capital productivo, en lugar de pagar programas de ''dudoso impacto social''.
