Documenta el hacinamiento y las fallas en la readaptación social de los internos
Denuncia ONG graves violaciones a los derechos humanos en cárceles
Los indígenas de Oaxaca sufren todo tipo de vejaciones en los penales
VICTOR BALLINAS
Las prisiones mexicanas resultan crueles, inútiles y onerosas. Se caracterizan por el alto índice de violaciones a los derechos humanos de los internos, y entre los abusos más graves se encuentran los que atentan contra la dignidad humana, el acceso a la salud física y mental, el derecho a la visita íntima y familiar, a la capacitación, al trabajo, y a la separación entre hombres y mujeres, y entre sentenciados y procesados.
A estas graves anomalías hay que sumar la corrupción que persiste en el sistema penitenciario mexicano, el tráfico de drogas, de influencias, aplicación excesiva de la pena de prisión preventiva, sanciones disciplinarias violatorias de las garantías básicas y la inoperancia de los beneficios de libertad anticipada, asevera la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en el estudio titulado Sistema penitenciario mexicano 2002.
La situación de hacinamiento provoca violaciones a los derechos humanos, además de que implica la existencia de condiciones antihigiénicas que complican la administración médica y sicológica, impiden la administración de programas de readaptación social y dificultan la adecuada separación entre procesados y sentenciados, además de incrementar el estado de inseguridad de los internos y las internas, señala dicho estudio.
Ejemplifica que el penal de Baja California tiene "capacidad para 5 mil internos, pero se tienen recluidos 12 mil, lo que implica una sobrepoblación de 150 por ciento".
En el caso de los 447 centros penitenciarios del país, en 2000 su población total ascendía a 153 mil 134 internos y la capacidad instalada era para albergar a 119 mil 985 personas.
Los datos para el Distrito Federal dan cuenta de que la capacidad en sus cárceles es para 16 mil internos, sin embargo su población actual es de 22 mil 840, y en algunos reclusorios la sobrepoblación es de 200 por ciento, como es el caso del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, que tiene capacidad para mil 422 internos y alberga a 4 mil 264, o el Reclusorio Femenil Oriente, que tiene capacidad para 164 internas y tiene 451.
Pero, abunda el informe, aunque persiste el problema de la falta de separación entre procesados y sentenciados, en el Distrito Federal "se han tomado algunas medidas de clasificación de otra índole que resulta interesante señalar: a mediados de 2002 se inició un programa de separación de primodelincuentes jóvenes que opera en los reclusorios Sur y Oriente. Dicho programa pretende evitar la contaminación de jóvenes que han delinquido por primera vez, que no han cometido delitos graves y tampoco tienen expedientes en los consejos tutelares".
La precariedad de las condiciones de subsistencia dentro de los centros penitenciarios, aunada a las condiciones de hacinamiento, tiene como consecuencia carencias en los servicios, deterioro de las instalaciones, falta de ventilación, de agua potable y mala calidad de los alimentos; por esos motivos los internos pueden ser más susceptibles a las enfermedades contagiosas e infecciosas, además de que la privación de la libertad acarrea problemas de tipo sicológico, por lo que la salud mental es indispensable para la readaptación social de los reclusos.
La CMDPDH realizó una investigación en ocho centros de reclusión ubicados en las zonas mixteca y costa de Oaxaca, con el propósito de conocer la situación de los presos indígenas, y encontró que en ninguna de las cárceles visitadas se proporciona alimentos a los presos indígenas; a la población sentenciada se le apoya con 8.60 pesos diarios para su alimentación, "pero a los que se encuentran en calidad de procesados se les tiene al margen de ese apoyo, por lo que dependen totalmente de sus familiares, si es que los tienen, además de que los utensilios para los servicios de cocina y comedor los consiguen por su cuenta y los espacios que sirven como cocinas son reducidos e insuficientes".
Varias de esas cárceles se encuentran localizadas en construcciones antiguas que fueron conventos y carecen de los servicios más elementales, pues se trata de edificios extremadamente húmedos y fríos, donde la luz solar penetra solamente por espacio de una hora al día, tal es el caso de los penales de Tlaxiaco, Teposcolula, Juxtlahuaca y Nochixtlán.
De los 7 mil 431 presos indígenas que existen en las cárceles del país, el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar en población indígena encarcelada con mil 775, esto es, casi una cuarta parte del total de presos indígenas se concentra en esta entidad. Además muchos de los presos indígenas son monolingües o tienen una comprensión limitada del español, y "en general no han contado con los servicios de un traductor, por lo que no comprenden qué es lo que ocurre durante el juicio".
Al igual que en las cárceles del Distrito Federal y el resto del país, no hay separación entre procesados y sentenciados, ni entre hombres y mujeres, lo que propicia que muchas veces se atente contra la dignidad de las mujeres. El personal que promueve la readaptación social en dichos lugares es de baja escolaridad y percibe salarios muy bajos.
Ninguna de las cárceles de la región mixteca o de la costa del estado de Oaxaca cuenta con servicio médico; las visitas de doctores a los reclusorios son espaciadas y rápidas, y en casos urgentes el permiso para el traslado del recluso a instalaciones hospitalarias se solicita a un juez o al director del reclusorio; dicho trámite tarda entre dos o tres días, y existen casos en que cuando el enfermo finalmente es trasladado se encuentra en estado de coma o muy grave.
Asegura la CMDPDH que se constataron casos en los que los enfermos recibieron medicina caduca, y en la cárcel de Tlaxiaco se documentó un caso en que se usó medicina veterinaria.
