Los Ceresos han convertido en letra muerta su principal objetivo, señala informe

El sistema penitenciario es "un nido de violaciones comprobadas": CNDH

Los derechos humanos de los menores que viven con sus madres también son violados

ANGELES CRUZ

La política para combatir el crimen en México está totalmente rebasada. No frena la delincuencia ni la inhibe y, por el contrario, el sistema penitenciario está convertido en un "nido de violaciones comprobadas" a las garantías individuales de las personas, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En un informe sobre la supervisión en las cárceles del país, el ombudsman concluye que la corrupción generalizada y la sobrepoblación de los centros de reclusión -que llega a ser de 200 por ciento- son las principales causas de las deficiencias crónicas en esos lugares.

Señala que las condiciones materiales y el funcionamiento característico de los llamados Centros de Readaptación Social (Ceresos) "han nulificado y convertido en letra muerta" su principal objetivo: readaptar y reinsertar en la sociedad a quienes delinquen, tal como lo establecen las leyes.

La mayoría de los 447 penales que existen en el país son "escuelas del crimen" y reflejo de una política del tema criminal con 30 años de existencia, que ha quedado completamente rebasada, pues no detiene la delincuencia ni la inhibe, a pesar de la imposición de penas de cada vez mayor duración y la tipificación de nuevos delitos, señala la CNDH.

Como parte del Programa de Supervisión sobre el Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento, aplicado entre 2000 y 2002, la CNDH encontró que las principales causas de las deficiencias en las cárceles son la sobrepoblación y la corrupción generalizada. Esta última se da en "sistemas de cobro" por recibir servicios o para evitar el cumplimiento de obligaciones.

A decir del organismo que encabeza José Luis Soberanes, la mayoría de las instalaciones de los centros de reclusión están en muy malas condiciones materiales, existen cobros a los internos a cambio de servicios por parte de custodios y reos, a quienes se les permite erigir formas de "autogobierno"; hay presencia y consumo de drogas, privilegios e insuficiente personal de seguridad y custodia.

La acumulación de basura y residuos fecales es una constante, al igual que la proliferación de fauna nociva en áreas inmediatas a las del consumo de alimentos; también se detectó transporte y preparación de alimentos sin higiene básica, imposición de sanciones de aislamiento sin duración específica, ausencia de áreas para albergar a enfermos mentales e inadecuada atención a menores que viven con sus madres.

El reporte de la CNDH detalla que los reclusorios de 19 entidades registran las peores condiciones materiales y de operación. Son los ubicados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihua-hua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En tanto, sólo los penales del estado de Nuevo León acusaron mejorías excepcionales con respecto a los demás, explica la comisión.

Con respecto a la situación de las mujeres privadas de su libertad, el informe señala que de las aproximadamente 173 mil personas en reclusión, siete mil son del sexo femenino, las cuales están confinadas en las mismas áreas que los varones, debido a que se carece de una reglamentación específica que haga exigible su derecho a estar en condiciones adecuadas.

Abunda que de los 447 centros que conforman el sistema penitenciario del país, solamente 12 son femeniles y atienden a las presas de nueve entidades de la República: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, Zacatecas y Distrito Federal.

La CNDH hizo este año más de 170 visitas de supervisión a las cárceles, en las que comprobó que también se violan los derechos fundamentales de los hijos menores de edad de las internas, cuando tienen que vivir en reclusión con sus madres.

El documento también refiere el informe especial emitido a mediados de 2002 sobre la situación que prevalece en los siete centros de readaptación social y reclusorios preventivos varoniles y femeniles del Distrito Federal, en el cual se documentaron diversas acciones y omisiones violatorias de los derechos humanos que afectan a la población interna.

Con relación a los indígenas encarcelados, menciona que hay alrededor de 8 mil, originarios en su mayoría de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Nayarit, Guerrero e Hidalgo. Por su condición monolingüe, los detenidos difícilmente entienden a cabalidad la situación que enfrentan.

Entre 2001 y 2002, la CNDH impulsó la preliberación de 997 indígenas presos con base en el programa respectivo para promover el otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada en casos que reúnen los requisitos establecidos por las leyes federales y del fuero común.

Los delitos del fuero federal más frecuentes por los que purgan condena son contra la salud, portación de arma de fuego y violación a la Ley General de Población, mientras que en los del fuero común están robo, homicidio, violación y lesiones.