Organizaciones sociales, acosadas por ex integrantes de la dictadura militar

En Argentina 55% de la población está en la pobreza y 26% en la indigencia

Fallece por desnutrición un bebé de cinco meses en la provincia de Chaco

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 28 de diciembre. En las cuentas de fin de año, familiares de víctimas de la violencia y del "nuevo genocidio del hambre" siguen exigiendo justicia, codo a codo, con los que aún no logran cerrar las heridas por las 30 mil desapariciones forzadas durante la dictadura militar (1976-1983).

En horas recientes la muerte por desnutrición de un niño de cinco meses de edad, en la provincia de Chaco, puso en guardia a los organismos humanitarios locales, los cuales decidieron continuar el juicio destinado a castigar a los responsables de la crítica situación argentina, donde cada 13 segundos una persona cae en el nivel de pobreza, de acuerdo con datos de fuentes sindicales.

En total 55 por ciento de argentinos viven bajo la línea de pobreza y 26 por ciento en la indigencia (esto significa, en el primer caso, casi 20 millones de personas, y en el segundo casi 10 millones). Se calcula en este doloroso esquema de cifras que muere cada 48 horas un bebé y que 60 por ciento de los casos son por causas evitables.

El país vive bajo una serie de amenazas, de las que son víctimas tanto familiares que reclaman justicia como los actores de los nuevos movimientos sociales emergentes. También asiste una cadena de crímenes mafiosos, en los que todas las pistas llevan a los mismos personajes de dictaduras pasadas.

Las Abuelas de Plaza de Mayo condenaron el hecho de que desconocidos destruyeron en vísperas de la Navidad una muestra itinerante sobre desaparecidos que se exhibía en la República de los Niños, de Gonet, cercana a la ciudad de La Plata y que era obra las Abuelas y de la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia.

Recientemente, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, sufrió un atentado con disparos de armas de grueso calibre en su casa de La Plata. "Es la mano artera de la mafia, que intenta destruir una muestra que es tan clara, transparente, que va diseñando los 25 años de lucha de unas mujeres que nos hemos juntado a partir del dolor y del amor", dijo Carlotto, quien aseguró: "Vamos a volver a poner la muestra lo antes posible. Ese tiene que ser un lugar de docencia, ya que los chicos necesitan y piden saber qué pasó".

Más homicidios

Mañana, familiares de tres jóvenes asesinados en un bar del barrio porteño de Floresta por un sargento retirado de la policía federal, el 29 de diciembre de 2001, conmemorarán el trágico episodio, que en su momento produjo un levantamiento popular en el marco de las grandes protestas de los cacerolazos. Juan de Dios Velztiqui disparó a quemarropa a los jóvenes Maximiliano Tasca, Adrián Matassa y Cristian Gómez cuando festejaban la golpiza que recibió un policía en Plaza de Mayo la noche anterior.

Asimismo, organismos de derechos humanos apoyarán a los habitantes de la aldea Nam Qom (que en la lengua de los tobas significa comunidad indígena), ubicada a unos 10 kilómetros de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, que el pasado 16 de agosto fue invadida por policías, muchos vestidos de civil, quienes destrozaron humildes casas, violaron mujeres e impusieron horas de terror.

Esta provincia, en la frontera con Paraguay, es una de las más castigadas por la pobreza y el hambre. Esto se hace aún más grave para las 162 comunidades que albergan a las comunidades indígenas de tobas, wichis y pilagás, dedicadas a la artesanía, en las que casi todos están desempleados. El 16 de agosto pasado entraron los represores a la aldea, acusando sin pruebas a dos indígenas de haber agredido a un policía. Testigos afirman que golpearon sin piedad a niños, hombres y mujeres. Muchas mujeres fueron arrastradas de los cabellos y llevadas a un cuarto de la comisaría local, donde sufrieron abuso sexual.

En el mapa de la pobreza, las comunidades indígenas campesinas son las más golpeadas. Miles viven en los arrabales de ciudades como Rosario, otrora la segunda zona industrial más importante del país. Formosa queda demasiado lejos de Buenos Aires, pero hasta aquí ha llegado el clamor de los tres mil tobas, cuya tragedia no recogieron los medios de información y nadie quiso escuchar.

Organismos humanitarios ligan estas conductas policiacas al pasado dictatorial y por esta razón reunirán pruebas de los abusos en todo el país y sobre los responsables. En días recientes el fiscal federal Félix Crous solicitó detener e investigar a 65 militares y policías que fueron señalados como responsables de crímenes durante la dictadura militar en centros clandestinos, todo lo cual ha surgido en los Juicios por la Verdad, realizados en la ciudad de La Plata.

El dictamen recogió todas las denuncias de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, así como de ex policías de la provincia de Buenos Aires. De igual forma el pedido incluye la detención del entonces titular del cuerpo I de ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, y de quienes ejercieron las funciones de cabo de guardia en la comisaría quinta, mejor conocida como la "sede de los tormentos".

De los 65 implicados, 54 son policías de Buenos Aires que formaron parte del personal de la seccional. Este dictamen homologa la detención ilegal con el tormento.

El presidente Duhalde, optimista

A pocos días de cumplir un año al frente del gobierno, el presidente Eduardo Duhalde realizó hoy un balance positivo de su gestión, al considerar que logró pacificar al país, armar una red de contención social y estabilizar la economía. En un mensaje de fin de año, el mandatario afirmó que 2002 "fue el año que vivimos sin el Fondo Monetario Internacional". Confió que en breve se logrará un acuerdo que restablecerá la asistencia financiera externa para Argentina.

Duhalde reiteró que "lo peor de la crisis ya pasó y mejoraron las variables económicas. Además, se liberaron el sector financiero y los depósitos de los ahorristas".

Admitió que la caída de los índices de desempleo, que se ubica en 3.6 puntos porcuentales por debajo de su cifra más alta, se debió en gran parte a la incidencia de los subsidios a desocupados, pero afirmó que también ha influido la reactivación económica.