Si Alemán tiene pruebas de corrupción de autoridades, que las presente, demanda el alcalde

Levanta sospechas el retiro de escombros del incendio en Veracruz

La PGR insiste en que no tiene facultades para controlar compra o fabricación de explosivos

ANDRES MORALES Y GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSAL Y REPORTERO

A tres días de ocurrida la explosión en las calles aledañas al mercado Miguel Hidalgo, trabajadores del ayuntamiento de Veracruz prácticamente limpiaron toda la zona siniestrada: recogieron escombros, lavaron aceras y barrieron la vía pública, acción que despertó suspicacias acerca de la posible intención de las autoridades municipales de desaparecer las evidencias que permitan determinar el origen del percance que provocó la muerte de 28 personas.

En la ciudad de México, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que asegura que esa institución "no tiene facultades ni obligaciones legales" para controlar o supervisar la adquisición, transportación, fabricación y compraventa de explosivos.

La dependencia que dirige el general Rafael Macedo de la Concha informó que "horas después de que se inició la conflagración en el mercado Hidalgo" la PGR abrió la averiguación previa 360/2002-1 y turnó copia a la procuraduría veracruzana "para que realice las diligencias necesarias en relación con los delitos de su competencia".

Este viernes la delegación de la PGR y el ayuntamiento se confrontaron luego de que agentes municipales decomisaron alrededor de una tonelada de juegos artificiales en la casa 108 del callejón 18 de Marzo, que desde el 23 de diciembre el alcalde había denunciado ante la instancia federal como uno de los sitios donde se almacenaba artículos elaborados con pólvora.

Francisco Martín Camberos, delegado de la PGR, dijo que apenas este jueves sus agentes catearon ese domicilio y no encontraron nada; alguien sembró dichos explosivos porque "no pueden aparecer así, de la noche a la mañana", dijo.

En el puerto, un grupo de expertos en explosivos e incendios de la PGR se quejó por la imposibilidad de levantar un peritaje in situ, ya que fue modificado el lugar del siniestro y todas las evidencias para determinar el origen de la explosión fueron a parar al basurero municipal. Las quejas de los peritos fueron reproducidas por los medios locales.

La tarde del miércoles, 24 horas después del accidente, alrededor de cien empleados comenzaron las labores de limpieza con el apoyo de maquinaria pesada para retirar las estructuras calcinadas de los puestos incendiados y el resto de escombros que generó el siniestro. Todo fue trasladado con vehículos oficiales hacia el basurero.

El jueves, antes de que el gobernador Miguel Alemán Velasco iniciara un recorrido por la zona y arribaran peritos de la PGR, las calles Juan Soto y Miguel Hidalgo, donde ocurrió la explosión, se encontraban totalmente despejadas y lavadas con agua a presión. Unicamente los inmuebles comerciales alcanzados por el fuego no fueron aseados y se mantienen intactos.

A lo malo, lo positivo: alcalde

El munícipe Ramón Gutiérrez de Velasco acudió esta mañana, escoba en mano, para continuar y encabezar las labores de limpieza y aseguró que cuenta con la autorización de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado para levantar escombros y construir jardineras que "hagan desaparecer la mala imagen de la tragedia.

"A lo malo hay que buscarle lo positivo, en ningún momento estamos destruyendo evidencias, pero esta zona comercial es muy importante y debe tener buena imagen", aseveró.

Detalló que además de regularizar la vía pública, en dichas calles se construirán jardineras de concreto y "actuamos conforme a la autorización e instrucciones de los peritos".

Gutiérrez de Velasco también descalificó las declaraciones del gobernador Miguel Alemán, quien atribuyó el siniestro a la corrupción de las autoridades locales. "Está muy mal informado por sus colaboradores y por eso hace malas declaraciones pero si tiene pruebas, pues que las muestre", advirtió.

Por su parte, Mateo Damián, representante de los ambulantes, afirmó que "es una locura dejar sólo los escombros de los establecimientos comerciales, cuando el incendio se inició en los puestos callejeros".

Los regidores porteños también manifestaron su extrañeza ante la orden del edil, el panista Gutiérrez de Velasco, y dijeron que sería grave que intente bloquear las investigaciones al eliminar los indicios de la conflagración, que deberían estar sujetos a inspección física.

El regidor Gabriel Pérez Gutiérrez refirió que desde el inicio de la tragedia se habló con el alcalde, quien "se comprometió a no mover nada en tanto quedaran concluidos los servicios periciales".

Pérez Gutiérrez dijo que la corrupción generó las condiciones para que se registrará la explosión del martes. Los responsables son los funcionarios municipales del área de comercio que se coludieron con los ambulantes y otorgaron permisos para la venta de productos inflamables, dijo.

De manera similar opinó el obispo Luis Gabriel Cuara Méndez, quien pidió que no se obstaculicen las labores de los expertos judiciales para localizar la razón del siniestro que enlutó 28 hogares veracruzanos.

Liberan a sopechoso

Por otra parte, el juzgado primero de primera instancia otorgó este mediodía libertad bajo caución a Jorge Antonio Galindo Cantarell, detenido el 31 de diciembre por ser visto lanzando petardos hacia unas cajas con productos pirotécnicos.

Galindo Cantarell pagó 25 mil pesos de fianza, al vencer el término constitucional para que se definiera su situación jurídica, y rindió una declaración preparatoria ante el mismo juzgado por el delito de estragos en agravio de la comunidad que se integró a la causa penal 1/2003 de dicho juzgado.