A esta sección le late que:

• Una alianza electoral dará la gran sorpresa al llevarse el tercio mayor en el Congreso.

• El subcomandante Marcos no debatirá con el juez Baltasar Garzón.

• Gloria Trevi quedará libre.

• El presidente Vicente Fox se olvidará de sus depresiones, pues retornará a su elemento: una campaña electoral.

• Andrés Manuel López Obrador realizará cuatro consultas telefónicas, un plebiscito y el segundo piso, pese a que nadie sabe aún dónde está el primero.

• Rudolph Giuliani no será asaltado en las calles de la ciudad de México. Tampoco solucionará los problemas de inseguridad de la capirucha.

• Las tomas de puentes fronterizos por los desesperados productores del campo traerán de vuelta el fantasma de la represión.

• Un nuevo diario y un nuevo semanario aprovecharán la fiebre electoral para salir a las calles a pelear lectores. Uno de los dos proyectos hará agua.

• México y Estados Unidos no firmarán ningún acuerdo migratorio.

• Habrá guerra en el Medio Oriente.

• Marta Sahagún no será candidata a diputada.

• La Fundación Vamos México sustituirá a la Secretaría de Desarrollo Social.

• En el México bronco seguirán los linchamientos de presuntos delincuentes.

• La sartén del contralor Francisco Barrio rebozará de charales.

• Rescate Ranchero y otros grupos de odio seguirán cometiendo crímenes contra los migrantes mexicanos.

• Decenas de mexicanos morirán en el desierto a consecuencia de la política migratoria del vecino del norte. El gobierno de México condenará tímidamente la muerte de connacionales, y seguirá colaborando con el gobierno de Estados Unidos para hacer un clon de la Operación Guardián en nuestra frontera sur.

• El Plan Puebla Panamá seguirá en el papel.

• No habrá diálogo de paz en Chiapas.

Hagan sus apuestas, señoras y señores.
 

Inicia el tercer año de gobierno, la cuenta regresiva de Vicente Fox. La prometida reforma al sector eléctrico –para algunos fórmula mágica que solucionaría los problemas del país– no llega y el Presidente culpa a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados de no dejarlo gobernar. ¿Será el que comienza, por fin, el año de la reforma? La última encuesta nacional de opinión ciudadana del Grupo Economistas y Asociados (GEA) da unas pistas de lo que piensa la gente:

• 53% considera que el Congreso de la Unión no debe aprobar la iniciativa de reforma del Ejecutivo; 32% cree que sí y 15% dice que no sabe.

• 58% asegura que el Estado tiene la capacidad para producir la energía que el país necesita; 22% considera necesaria la inversión privada.

• 57% de la gente piensa que el servicio de energía eléctrica en su domicilio es bueno.

• de los encuestados cree que el servicio sería el mismo con la inversión privada, 38% cree que mejoraría. Sin embargo, 56% supone que sería más caro.
 

Ernesto Encherlin, de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, dijo el pasado mes de febrero que entre las organizaciones no gubernamentales ambientalistas que estaban presionando para que desalojaran a las comunidades de la reserva integral de la biosfera de los Montes Azules estaba Conservation International México.

Esta ONG ha sido una de las principales impulsoras de la política gubernamental para “reubicar” las comunidades dentro de la reserva de los Montes Azules.

Entre los patrocinadores de Conservation Intenational están Enron, Kimberly Clark, Du Pont, Cemex, Pulsar–Aventis, Dow AgroSciences, USAID, Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon, Standard Oil, Chevron, Ford, JP Morgan y el Banco Mundial.

Entre los proyectos en los que colabora, junto con el gobierno federal y otras ONG mexicanas, bajo el nombre de Selva Maya, está uno denominado Población y Medio Ambiente. El objetivo central es contener el “problema de sobrepoblación”, mediante talleres de salud reproductiva y género para promover el uso de anticonceptivos. De manera conjunta, trabaja con las Unidades Médicas Rurales (UMR) y los Hospitales Públicos de Ocosingo y Benemérito de las Américas en 20 comunidades alrededor de Montes Azules.

En el rubro “Proyectos de ecoturismo”, a través de su programa Red de Turismo Responsable (Y’axBé), se desarrolla a partir de cursos en estándares, técnicas educativas empresariales y formación de personal para prestar los servicios, entre otros, de guías y primeros auxilios. En Chajul, municipio de Ixcán, tienen una “estación” de ecoturismo modelo patrocinada por el Grupo Pulsar y Ceiba, de Julia Carabias.

En Chiapas, Conservation tiene presencia permanente en tres comunidades: Frontera Corozal (frontera con el Petén), Emiliano Zapata (lagunas de Miramar) y en el ejido Ixcán.

También promueve su “contribución” a la delimitación de tierras de ejidos y comunidades que mantienen controversia entre sí por sus linderos, mediante uso de tecnología satelital.

A su vez, tiene un proyecto de reforestación y en la reserva de la Cojolita, en la parte norte de Montes Azules, un proyecto de conservación de suelo con varias comunidades.

Conservation promueve proyectos sociales comunitarios, de ecoturismo, salud “reproductiva” y uno de reciente aparición: infraestructura transfronteriza “para el enlace regional del ecoturismo”.
 

La Spezia, Italia.- El pasado 22 de noviembre, en esta ciudad, fue inaugurado el Centro de Documentación y Estudios sobre Derechos Humanos Digna Ochoa. Además de la difusión de la situación de los derechos humanos en México, el equipo de abogados podría llevar los casos no resueltos a la Comisión Europea en Bruselas. Ahí se estudiarán, y, si las circunstancias lo ameritan, se podría echar a andar la cláusula democrática del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea que, en el peor de los casos, daría a la Comisión Europea la posibilidad de tomar medidas de castigo en contra de nuestro país.

–¿Qué casos podrían enviarse a Bruselas?

–Todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado o sus instituciones; los casos en que las autoridades competentes no hayan reaccionado o incluso sean cómplices. Las denuncias deben estar sustentadas jurídicamente conn base en las leyes mexicanas. Para llevar un caso a instancias internacionales hay que demostrar, con base en el derecho mexicano, que un juicio no se realizó conforme a las leyes procesales mexicanas. Podríamos tomar, por ejemplo, el caso de presos políticos encarcelados sin juicio o con base en pruebas falsas, con confesiones arrancadas bajo tortura. El culpable debe ser una institución o el gobierno– contestan los abogados, con calma, entre bocanadas de humo, turnándose para cada frase.

“Sólo la Comisión Europea puede activar la cláusula democrática del TLC con la Unión Europea. Por eso, nuestro trabajo consiste principalmente en demostrar que se violan los derechos humanos, hacer pública la denuncia, pero el veredicto sólo lo pueden dar las autoridades europeas correspondientes”, agregan.

Este nuevo centro de derechos humanos es una iniciativa de la ONG Mundo di Mundi, el gobierno de La Spezia y un equipo de juristas, investigadores y profesores universitarios del norte de Italia que desde hace dos años siguen el acontecer político mexicano. (Marta Durán de Huerta)