Señora directora: Agradecemos la plublicación de esta carta, dirigida al presidente Vicente Fox Quesada.

Los hechos suscitados entre Tv Azteca y Canal 40 cuestionan la confianza de la ciudadanía en la actual administración federal, debido a que más allá de una controversia judicial entre las partes, se encuentra en litigio la operación de un bien de la nación que la ley vigente define como de interés público y por ello garantiza su salvaguarda por parte del Estado.

De igual manera, la evidente ausencia de autoridad que posibilitó la toma de instalaciones, así como la posterior invasión de la señal por parte de Tv Azteca, vulneran la certeza jurídica que debe imperar en la ciudadanía cuando existe el estado de derecho. Este hecho se agrava ante la amenaza de requisa hacia la empresa CNI-40, que no solamente es infundada, además de violatoria de la actual Ley de Radio y Televisión, sino que constituye una imposición extrajudicial.

Esta situación pone en entredicho a las instituciones jurídicas, así como los mecanismos legales de resolución de controversias, mismos que fueron públicamente desdeñados por la empresa televisiva (Tv-Azteca) que pocos días antes denostaba a las organizaciones sociales que se manifestaron en el Congreso de la Unión tomando sus instalaciones para plantear una exigencia legítima y de pleno derecho.

En este contexto las organizaciones sociales y civiles que integramos la mesa para la reforma integral de medios de comunicación nos manifestamos porque el gobierno en su conjunto reasuma el papel regulador del Estado en esta materia, a la luz del sistema jurídico imperante, de manera que nadie esté por encima de la ley.

En la hora que las componendas políticas sustituyen al sistema jurídico, las organizaciones firmantes solicitamos la sensibilidad de las autoridades para dar celeridad al proceso de revisión de la iniciativa de ley en materia de radio y televisión que presentó la sociedad civil en diciembre pasado, misma que pretende, entre otras cosas, transparentar el régimen de concesiones y hacer público el origen de las inversiones en los medios de comunicación.

Más allá del resultado jurídico en la controversia entre las televisoras, resulta urgente promover el debate en torno a la nueva ley, con la finalidad de reiterar el compromiso de todos los actores --incluyendo a la sociedad en su conjunto-- y fortalecer el régimen jurídico en esta materia, que por su naturaleza constituye uno de los servicios públicos más importantes del Estado

Por ello, al tiempo de reiterar nuestro compromiso con esta tarea, exigimos de la autoridad competente que se haga lo necesario para la restitución inmediata del estado de derecho.

Por la mesa para la reforma integral de los medios de comunicación: Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), AC; Causa Ciudadana, APN; Alianza Cívica, AC; Asociación Mundial de Radio Comunitrarias (AMARC); Amigos de Radio Educación; Comunicación Comunitaria, AC; Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, AC, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, AC. Maestra Eréndira Cruz Villegas (Cencos), responsable de la publicación

Precisiones a comentario de Miguel Alemán

Señora directora: Ruego a usted publicar la siguiente carta, por medio de la cual expreso de manera pública mi preocupación por el siguiente hecho:

El gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, declaró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está "por arriba de la Constitución" (entrecomillado de la nota de Matilde Pérez U., enviada de La Jornada, miércoles 8 de enero, página 5), lo cual desde luego no es verdad. Más adelante, según la misma nota, Alemán reiteró que el TLCAN "...para nosotros es un tratado y una ley, porque fue ratificado por el Congreso y está por encima de la Carta Magna..."

Al respecto hay que aclarar: A. En efecto, el TLCAN jurídicamente es un tratado. B. Los tratados los ratifica una sola cámara del Congreso de la Unión, la de Senadores (ver el artículo 76 primer párrafo). Así ocurrió, desde luego, con el TLCAN. C. Los tratados no están por encima de la Constitución, sino por debajo de ella. D. El nivel jerárquico que corresponde a los tratados es el equivalente al de las leyes, pues ambos sólo tienen validez siempre y cuando "estén de acuerdo con la misma" Constitución (ver el artículo 133). Ahora bien, en términos federales, la Constitución, las leyes y los tratados son, en su conjunto, superiores a las "disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados", según lo dispone el mismo artículo citado.

Más aún, para adicionar o reformar la Constitución se requiere de la aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Unión "por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes" y, además, que tales reformas o adiciones "sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados" (ver el artículo 135). Mal entonces podrían estar por encima de la Constitución, ni siquiera a la par con ella, como si fueran adiciones a la misma, los tratados, instrumentos que sólo son aprobados, como ya se dijo, por una sola cámara.

Por cierto, ni los tratados ni las leyes son intocables, puesto que no lo es ni siquiera la propia Constitución. Ambos instrumentos jurídicos pueden modificarse y aun cancelarse, cuando así conviene. En opinión de quien escribe estas líneas, la cancelación es lo que debe hacerse con el TLCAN, todo en su conjunto, puesto que a cambio de beneficiar a algunos pocos, los muy poderosos, ha traído males sinfín al pueblo mexicano. Pero de esto podremos hablar en otra ocasión.

Para terminar diré que me parece preocupante que un funcionario de elección popular, que desempeña un cargo de elevada responsabilidad, ignore el contenido de la ley suprema de los mexicanos, sobre todo en un tema que toca un aspecto central, el que se relaciona con la independencia y la soberanía de la nación. En la página web del gobierno de Veracruz se informa que Miguel Alemán Velasco se recibió como licenciado en derecho por la UNAM, aunque esto tampoco sería un requisito para estar informado sobre temas que competen a la educación cívica elemental de todos los mexicanos.

Cuauhtémoc Amezcua D.

Reivindica la COD su derecho a participar

Señora directora: En nombre de la justicia y el respeto que merecen los campesinos miembros de nuestra organización, le agradecería publicar esta respuesta a las declaraciones que representantes de El campo no aguanta más hicieron a su respetable periódico.

El 6 de enero del presente año fuimos invitados como organización campesina a participar en la reunión convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Los Pinos con el presidente Vicente Fox, cuyo objetivo era la firma de un Acuerdo Nacional para el Campo. Con profunda indignación vemos que en nota de La Jornada del 8 de enero titulada "Sagarpa da albazo para impedir la revisión del TLC" se incluye el nombre de nuestra organización, Convergencia de Organizaciones Democráticas (COD, antes Convergencia de Organizaciones Sociales), entre las que, de acuerdo con El campo no aguanta más, fueron utilizadas por Sagarpa para dar un albazo a la revisión del TLCAN.

Estas declaraciones carecen completamente de fundamento y constituyen una difamación que contradice la larga trayectoria de lucha de nuestra organización. La COD fue fundada en 1997 en Irapuato, Guanajuato, siendo entonces gobernador Vicente Fox. Las primeras luchas desarrolladas por la organización en esa entidad lograron la concertación de mejores precios para el sorgo y el trigo de productores de la región, protegiéndolos de esta manera de los efectos negativos del TLCAN, que ya para entonces hacía estragos en este tipo de productos. Otro de los logros obtenidos en esta lucha, en 1998, fue el apoyo de 100 pesos por tonelada a los productores, mismo que actualmente sigue vigente.

La lucha social de la COD por el campo en Guanajuato fue difícil, ya que los logros sólo se obtuvieron bajo fuertes medidas de presión de los campesinos, tales como marchas, cierre de carreteras y plantones en oficinas de gobierno, que demostraban la unión y fuerza del movimiento. La COD además defendió con base en unidad y resistencia a campesinos que se pretendía desalojar injustamente de sus tierras. Otro de los objetivos de la organización, además de la defensa y solución inmediata de los problemas de sus agremiados, era construir alternativas para mejorar las condiciones en el campo. Entre éstas sobresale la formación de la primera inmobiliaria campesina Irapuato XXI y la creación de parafinancieras rurales.

Es importante enfatizar que la COD cuenta actualmente con presencia en varios estados, mismos que demostraron su participación en la marcha y plantón realizados el 28 de noviembre de 2002 frente a la Secretaría de Gobernación y la Sagarpa, en donde se llevó a cabo una mesa de trabajo con las autoridades.

Por consiguiente, la invitación a este tipo de reuniones se basa en la presencia y trayectoria de la organización, y no en colusiones oscuras, como pretenden organizaciones como El campo no aguanta más, que son mucho más recientes y que carecen de la trayectoria y la presencia a nivel nacional con que cuenta la COD.

Rafael Carvajal Torre, coordinador nacional de Convergencia de Organizaciones Democráticas