Un regidor fue presentado por poseer un vehículo similar al usado por pistoleros, segin la PJE

Declaran siete personas por el asesinato de diputado en Veracruz

Las pesquisas siguen adelante; abiertas, 4 o 5 líneas de investigación, dice el gobernador Alemán

Intensifican corporaciones policiacas búsqueda de los homicidas Piden apoyo en Tabasco y Oaxaca

GUADALUPE LOPEZ Y ANDRES MORALES CORRESPONSALES

Jalapa, Ver., 10 de enero. Por poseer una camioneta similar a la utilizada por el grupo que emboscó al legislador federal priísta José María Guillén Torres, este viernes fue "presentado" ante el Ministerio Público de Cosoleacaque, donde rindió una declaración, el regidor segundo del ayuntamiento de San Juan Evangelista, Fernando Villa Ortigoza.

La Procuraduría de Justicia del estado señaló que la camioneta, con placas F150XL, posee una cabina para cuatro personas, color verde botella, con vidrios polarizados, como la utilizada por los pistoleros que dieron muerte al legislador y a su hermano Rafael, según relató Marco Tulio Guillén, el hijo de Guillén Torres, único sobreviviente del atentado, custodiado por policías para garantizar su seguridad.

Además de Villa Ortigoza, la tarde de este viernes declaraban también Salvador Guillén Torres -quien ha reiterado que el móvil del crimen contra su hermano es político-, la viuda Nery Hernández y otras tres personas cuyos nombres no fueron dados a conocer. La dependencia aseguró que aún no hay detenidos en relación con el caso, ya que actúa con sumo cuidado y escrupulosidad.

Por otra parte, el gobernador Miguel Alemán Velasco acudió este viernes a dar el pésame a la familia del diputado asesinado y saber dónde y en qué condiciones está su hijo. Entrevistado, dijo que las indagatorias van adelantadas y que las tres líneas de investigación iniciales se ampliaron a cuatro o cinco. Agregó que estas cosas no son rápidas, hay que llenar poco a poco los huecos jurídicos hasta hacer justicia.

El gobernador comentó lo anterior luego de entrevistarse con el subprocurador de la zona sur, Armando Aíza Avalos, quien expuso a su vez que "hay avances" en las investigaciones pero no quiso decir qué pistas se siguen, aunque extraoficialmente se supo que serían la disputa de tierras, móvil político y conflictos pasionales.

Agregó que al momento, pese a que ya han sido presentadas a declarar siete personas entre las que se incluyen a la suplente del diputado federal, Elizabeth Rosas López y su esposo Mario Viveros Hernández, no hay detenidos.

Confirmó además que fue arrestado Francisco Espinoza Avalos, chofer del parlamentario asesinado en la carretera federal Cosoleacaque-Acayucan, por efectivos de la Dirección General de Seguridad Pública del estado, pero por un delito diferente al del atentado del 7 de enero.

Detalló que su aprehensión se desprendió de la causa penal 23/2001, ya que en octubre de 2001, cuando era comandante de la Policía Municipal de Catemaco, fue denunciado ante el Ministerio Público de San Andrés Tuxtla por el delito de abuso de autoridad contra un grupo de jóvenes.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado primero de primera instancia, que determinará su situación jurídica.

De su lado, la delegación de Seguridad Publica en la región informó que las corporaciones policiacas continúan la búsqueda de los homicidas en el interior de la entidad y que se pidió apoyo a las autoridades de Tabasco y Oaxaca, donde se presume pudieron haber huido.

Detalló que en por lo menos 30 municipios se realizan recorridos de inspección y se instalaron retenes en carreteras y caminos rurales para localizar vehículos o personas sospechosas.

La organización priísta Antorcha Campesina, por conducto de su líder regional, Guillermo Piña, se deslindó de cualquier nexo con el homicidio y desmintió las versiones manejadas en la prensa sobre conflictos entre integrantes de la agrupación con el desaparecido legislador por disputas de tierra.

En los medios informativos de la localidad se maneja una versión sobre diferencias e incluso enfrentamientos verbales entre los dirigentes de Antorcha Campesina y Guillén Torres desde 1995, cuando este último se desempeñaba como alcalde de Chinameca, así como la disputa de terrenos en la sierra de Soteapan y una deuda de 80 mil pesos que el parlamentario tenía con los militantes de la agrupación.

También mediante comunicados difundidos en periódicos de la entidad, la dirigencia de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigió al gobierno estatal el esclarecimiento del crimen de Guillén Torres, quien fue docente antes de incursionar en actividades políticas