George Ryan, gobernador de Illinois, acaba de conmutar la pena de muerte a 156 condenados a la pena capital (entre ellos tres mexicanos) porque varios de ellos -que liberó- habían confesado bajo torturas crímenes que no habían cometido y otros, como nuestros connacionales, no habían podido ejercer su derecho de contactar a las autoridades consulares de su país. En su último acto de gobierno (su sucesor asumirá el lunes) el gobernador Ryan ha reanimado el debate sobre la bárbara pena de muerte, a contrapelo de lo que hacen su gobierno y su partido -es republicano- y en contra del ejemplo dado por el presidente George W. Bush, que cuando era gobernador de Texas estableció sin vacilación alguna el récord nacional de ejecuciones capitales.

Ryan fundamentó su decisión sosteniendo que la pena de muerte "es principalmente infligida a los débiles, los pobres, los ignorantes y las minorías raciales".

Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que mantiene nla bárbara pena de muerte como instrumento jurídico.

En su caso el fundamentalismo religioso decide castigar los delitos que considera además pecados para edificar así con el terror al resto de la sociedad y reforzar la omnipotencia del poder, tanto terrenal como divino, y a esto se une otro resto ancestral de barbarie tan presente en el cristianismo estadunidense, que se apoya más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, o sea, la ley del talión. El sistema jurídico estadunidense se basa fundamentalmente en la pena y el castigo y no ve al delincuente como una víctima o un resultado del sistema social ni busca redimirlo. A eso se agrega la utilización política descarada de la pena de muerte.

Tal fue el caso de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti, acusados falsamente de un crimen terrorista que no habían cometido, defendidos con manifestaciones en todo el mundo, y reivindicados postmortem, muchos años después de ser ajusticiados porque el Estado necesita hacer cundir el terror en el movimiento obrero. Tal fue también el de los esposos Rosenberg, acusados de haber robado secretos atómicos y asesinados en realidad para golpear a los comunistas y a todos los que se desviasen del pensamiento oficial. Igual cosa sucede con la multitud de otras víctimas anónimas de la pena de muerte, dadas en pasto a la barbarie cultural de la mayoría de los estadunidenses para hacerles creer que hay seguridad y una justicia firme.

Como es obvio, la aplicación de la sentencia de muerte es irreversible, definitiva, y otorga al Estado la facultad de decidir sobre la existencia misma de sus ciudadanos, que en realidad no son tales, pues no pueden gozar siquiera de una garantía para su vida ni de una justicia humanitaria que busque reincorporarlos a la sociedad o curarlos si cometen un crimen. Pero hay que recordar que hasta hace menos de 50 años en varios estados del sur y del sureste de Estados Unidos los negros no podían sentarse junto a los blancos, comer en el mismo lugar y asistir a las mismas escuelas. La sociedad estadunidense acabó con ese oprobio y acabará sin duda también, tarde o temprano, con la pena de muerte, la cual es resistida hoy por los sectores más cultos y liberales del país del norte.

Hay que saludar esta valiente decisión del gobernador Ryan porque también da mayor peso a la denuncia del gobierno mexicano contra Estados Unidos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la sentencia de muerte en ese país de 54 mexicanos. Y hay que redoblar la condena contra un sistema que desprecia la vida humana y lo mismo asesina judicialmente a un inocente que decreta friamente la muerte a medio millón de personas, pues eso es lo que calcula Washington que será el monto de las víctimas civiles de una guerra contra Irak sin otra causa que los intereses petroleros del clan Bush.