Silvia Ribeiro*

La enfermedad de la OMC

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es una de las instituticiones más poderosas con que cuentan las empresas trasnacionales para imponer reglas en su favor por todo el mundo. Su funcionamiento interno es profundamente antidemocrático: las estructuras formales tienen poco o ningún peso, todo se decide en reuniones de corredor de pocos países autoelegidos, en la sala verde del director de la OMC o en reuniones mini-ministeriales, donde participan las principales potencias económicas y algunos pocos países elegidos por ellas.

La Ronda Uruguay del GATT (que dio lugar a la OMC en 1994) introdujo el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El primer borrador fue escrito por una coalición de trasnacionales de Estados Unidos, Japón y Europa, lideradas por las farmacéuticas. Este acuerdo impuso a todo el mundo la adopción de sistemas de patentes -o sistemas de propiedad intelectual equivalentes- que legalizaron el patentamiento de seres vivos, mundializando la biopiratería de recursos genéticos provenientes de plantas medicinales, semillas de cultivo y otros, a manos de las trasnacionales farmacéuticas y agrícolas.

Los ADPIC protegen también los derechos monopólicos de las farmacéuticas a los medicamentos. Este es un tema relevante para estas empresas cuyo interés fundamental es el lucro, no la salud. Las farmacéuticas dicen necesitar las patentes para recuperar las inversiones en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Pero según un estudio de 1993 de la Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos, 97 por ciento de los nuevos productos lanzados al mercado son copias de productos que ya existían. Su único fin es prolongar el periodo de monopolio de la patente e impedir la producción de medicamentos genéricos, es decir, con los mismos componentes, pero producidos sin patente y, por lo tanto, mucho más baratos para el público.

El ADPIC prevé excepciones a las patentes farmacéuticas por razones de salud pública, por ejemplo epidemias. En esos casos la OMC permite la utilización de licencias obligatorias (se obliga a la empresa a licenciar un producto patentado para que el país lo produzca y venda a costo mucho menor) y de importaciones paralelas (comprar el mismo producto a otro país que lo vende más barato). Sin embargo, cuando Sudáfrica, con 20 por ciento de su población seropositiva, intentó en 2000 usar estos mecanismos, 39 trasnacionales iniciaron un boicot para impedir que hiciera uso de ellos. Por la campaña internacional de protesta, las empresas redujeron sus precios hasta 85 por ciento. Aun así, este precio resultó de 10 a 20 veces más caro que las versiones genéricas.

Este conflicto fue la gota que desbordó el vaso, y en la posterior conferencia ministerial de la OMC, en Doha (noviembre de 2001), debido a las protestas gubernamentales del sur y sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, se sacó una declaración oficial que muchos vieron como un logro, pero básicamente dice que los países tienen derecho a usar las reglas que ya existían en la OMC para atender problemas de salud pública. Para satisfacer a los países sedes de las trasnacionales, se acordó que el consejo de los ADPIC de la OMC vería la implementación de la declaración, particularmente el hecho de que la OMC restringe a partir de 2005 la posibilidad de exportar genéricos a países que los producen, como India. Esto inhabilita las importaciones paralelas y, como la mayoría de los países del sur no tiene capacidad de producción de genéricos, vacía totalmente de contenido los mecanismos existentes y la Declaración de Doha sobre salud.

Las reuniones posteriores del consejo de los ADPIC, presididas por México, han empeorado la interpretación de la Declaración de Doha, llegando a un punto muerto en diciembre pasado, cuando Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza propusieron limitar aún más el ámbito de aplicación de estos mecanismos, restringiendo su uso a los países menos desarrollados y proponiendo una reducida lista de enfermedades a las que se aplique, eliminando, por ejemplo, asma, diabetes y cáncer. Al parecer, sólo los ciudadanos de sus países tienen derecho a atenderse por esas enfermedades; el sur sólo puede tener malaria, tuberculosis o sida, y si éstas son epidemias, lo decide la OMC.

Históricamente, la táctica ha sido crear cláusulas retóricas, que finalmente no podrán ser usadas por los países del sur por falta de capacidad o porque cuando lo intentan son vetados o se cambia la regla. Será lo que sucederá con la posible inclusión de "claúsulas sociales" o de "desarrollo" en otros temas de la OMC, como la llamada Caja de Desarrollo en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, que se introdujo para promover la aceptación de tal acuerdo, muy desfavorable a los países del sur y a los agricultores pequeños en todas partes.

Tanto el Acuerdo sobre Agricultura como los ADPIC -por el acceso a medicamentos y por el patentamiento de seres vivos- son puntos candentes de la próxima reunión ministerial de la OMC en Cancún, en septiembre de 2003. La historia nos muestra que todos los caminos dentro de la OMC son callejones sin salida. La única "salida" es terminar con esta perversa institución.

* La autora es investigadora del Grupo ETC