Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 21 de enero de 2003
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Política

Comunicadores, legisladores y políticos critican la postura del gobierno federal

Fox "tutela intereses poderosos" en el caso del aseguramiento de Canal 40

Señalan la necesidad de que se haga valer el estado de derecho ante abusos de particulares

MATILDE PEREZ U.

Las voces de comunicadores, de dos legisladores de PRI y PAN, así como de la dirigente nacional del PRD se unificaron: el gobierno "tutela intereses poderosos" para no regresar la señal a Canal 40. En el encuentro al que convocó la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate, con el fin de abordar el tema del despojo de las instalaciones y la señal de esa televisora por Tv Azteca, los señalamientos también coincidieron: el presidente Vicente Fox es inexperto o ha actuado con apatía o en complicidad para que la empresa de Ricardo Salinas Pliego pase por encima de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Los participantes marcaron su pluralidad de opinión cuando hablaron de la urgencia de revisar dicho marco legal para resolver el problema entre esas empresas. Algunos consideraron que el gobierno federal debe hacer cumplir el estado de derecho, porque nadie debe pasar por encima de la ley ni ejercerla por propia mano.

Abuso, ilegalidad, impunidad

En dicha mesa de análisis, coordinada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el senador panista Javier Corral Jurado destacó que los que antes denunciaban los abusos, impunidades e ilegalidades ahora parecen estar por encima del gobierno, y eso no debe avalarlo el PAN. "No podemos pasar de una etapa en la que las televisoras estaban al servicio del Presidente a la de que el Presidente esté al servicio de las televisoras. Toca al gobierno construir los elementos de transición a la democracia y eso pasa por los medios de comunicación".

El legislador insistió en establecer una nueva ley de medios electrónicos, con reglas modernas, instituciones fuertes y democráticas que dejen atrás los viejos arreglos entre los medios de comunicación y el gobierno. Consideró grave que se pueda someter a un gobierno legal y legítimo, pues se vuelve disfuncional, pero también advirtió sobre el peligro de que los legisladores no estén dispuestos a salir en defensa de las leyes.

Y aclaró: "no podemos aceptar que la política que el país requiere radique en unos cuantos medios, sobre todo en algunas cuantas televisoras solventadas por las autoridades. Si no se actúa contra la impunidad el rumbo de la democracia se habrá perdido y viviremos en una mediocracia".

El diputado priísta Salvador Rocha culpó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por no intervenir en la solución del conflicto y por actuar con ambigüedad y negligencia en la aprobación del contrato entre las partes hoy enfrentadas, ya que "nunca hizo nada por corregir lo que había provocado". Asimismo reconoció que no hubo voluntad política de los partidos políticos en el Congreso para discutir los cambios a la ley de radio y televisión.

Opinión similar tuvo Enrique Herrera, diputado de Convergencia por la Democracia, al mencionar que la "mudez" de la SCT agrandó el problema entre lasprd-cnihg televisoras. Convocó a las autoridades a revisar todo el expediente de Tv Azteca, "la cual nació con muchas irregularidades". Consideró que no hay que esperar cambios a la ley de radio y televisión para resolver la situación, pero "jamás había visto tanta torpeza y cobardía para enfrentar un agravio".

En ese foro, la presidenta del PRD, Rosario Robles Berlanga, acusó al gobierno federal de tutelar los intereses de "grupos poderosos" y de ser cómplice de las ilegalidades cometidas por la emisora del Ajusco. "Esto no es impericia política u omisión, sino permitir que un particular actúe fuera de los cauces legales", dijo.

Destacó que el aseguramiento de la señal de Canal 40 por Tv Azteca es "un hecho sin precedentes, que se distingue por el vacío de poder y que significa una inquietante derrota del estado de derecho frente a un privado".

Después, diversos comunicadores, entre ellos Jenaro Villamil, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga y Martha Noriega hablaron de las ausencias legales, de la inacción del gobierno y de la necesidad de analizar el papel de los medios de comunicación frente a la sociedad y el Estado. A título personal, López Dóriga expuso que la correlación de grupos de poder y medios ha variado y continuará, para bien o para mal, ya que, dijo, las viejas reglas parecen haber desaparecido y el control de los medios por el Estado parece no continuar.

Algunos medios, abundó, han llegado al extremo de olvidar que deben representar la variedad del pensamiento, el pulso de la sociedad, mientras al gobierno le falta una eficaz política de comunicación y carece de una estrategia clara en el ramo. En este caso, asentó, no se puede dejar de ver a los dos contendientes y reconocer que en materia financiera una parte cometió más errores que la otra, pero independientemente de los conflictos mercantiles una parte ignoró la ley.

López Dóriga se solidarizó con el grupo de reporteros de La Jornada (Andrea Becerril, Enrique Méndez, Ciro Pérez, Roberto Garduño, Jesús Aranda y Gustavo Castillo) y con Manuel Moreno, ex reportero de El Universal, quienes son hostigados por las autoridades para que revelen sus fuentes de información

Carlos Albert, de Canal 40, comentó que la respuesta que dio el presidente Fox -"Ƒyo por qué?"- a la pregunta de cómo intervendría para resolver el problema de las televisoras, mostró un vacío de poder e ineficiencia. Tv Azteca, expuso, "actuó con las bendiciones del gerente que gobierna el país, o bien es el cobro de una de las facturas pendientes que tiene el gobierno con esa televisora".

Jenaro Villamil, coordinador de asuntos especiales de La Jornada, apuntó que el golpe a Canal 40 muestra la falta de democracia e impulsos autoritarios de este gobierno. "Es el quinazo mediático". Insistió en que el Estado no puede abandonar su deber de ser garante del derecho, ni pensar que regular es intervenir en los medios. Opinó que en cuanto a los medios de comunicación falta una agenda jurídica amplia, social y empresarial para avanzar y no tener sólo una "república de pantalla".

El abogado Néstor de Buen expresó su angustia y preocupación por lo que ocurre en los medios de comunicación. "Esto me recuerda el fascismo en España, el cual fue ocupando espacios de poder hasta que llegó Francisco Franco al poder", advirtió.

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