Niegan La Paz y Evo Morales la existencia de grupos armados en el Chapare
Frustra la policía boliviana alianza de los dos principales líderes indígenas
AFP, REUTERS Y DPA
Cochabamba, 22 de enero. Un gigantesco operativo policial frustró un cabildo en la plaza de armas de Cochabamba, centro de Bolivia, en el cual se iba a proclamar la alianza del dirigente de los campesinos cocaleros del Chapare, Evo Morales, y el jerarca de los campesinos aymará de los Andes, Felipe Quispe.
Los seguidores de Morales cierran desde hace nueve días la principal carretera, mientras que Quispe anunció el corte de las rutas que conducen a Perú y Chile, tras unirse al pedido de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hecho por Morales.
También advirtió que "la población tiene que aprovisionarse de alimentos" para resistir un prologando conflicto.
Quispe, también conocido como el malku (autoridad en lengua nativa), y Morales reúnen una bancada de 41 de 157 congresistas indígenas opuesta al gobierno neoliberal.
Cochabamba, la tercera ciudad más poblada del país, lucía hoy virtualmente militarizada. Decenas de policías cerraron los accesos a la plaza capitalina, sede de la gobernación y del comando de la policía, donde or-ganizaciones de obreros, maestros, deudores del sistema financiero y desempleados de-bían deliberar sobre la radicalización de las medidas de protesta, que tiene a los cocaleros del Chapare como punta de lanza.
La tensión va en ascenso en esta ciudad, distante 50 kilómetros del Chapare, donde 30 mil familias de indígenas pobres movilizados se disputan un importante tramo de la principal vía del país con unos 7 mil uniformados del ejército y la policía.
Ante el anuncio de Quispe de sumarse a las protestas cuando aún estaba en curso una negociación de los cocaleros con el gobierno, el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez, convocó nuevamente al diálogo. 
En un intento por desactivar el conflicto social y aislar a Morales, el gobierno había alcanzado sendos acuerdos por separado con los sindicatos de los mineros y los jubilados.
Los mineros, que reclamaban la reactivación del sector, comenzaron a negociar con el gobierno tras violentos enfrentamientos con las tropas en Machacamarquita, donde efectuaron cortes de ruta, y un obrero murió a causa de un impacto de bala.
El gobierno de Sánchez de Lozada suscribió la víspera un acuerdo con los jubilados, que en oposición a un nuevo sistema de cálculo de sus pensiones realizaron marchas.
Desde que comenzó el conflicto, el pasado 13 de enero, la violencia y diversos acontecimientos conexos al mismo se cobraron la vida de 20 personas, entre ellas seis cocaleros, un minero, siete ancianos y un soldado.
Las protestas dejaron también más de una veintena de heridos y centenares de detenidos, la mayoría ya puestos en libertad.
Por otro lado, el gobierno y Morales negaron por separado la existencia de grupos irregulares armados en el Chapare, como difundió este miércoles un medio internacional.
"Pienso que es un grupo de jóvenes disfrazados para hacer asustar al gobierno", declaró Morales sobre las fotografías de hombres embozados y armados con viejos fusiles Mauser, como mostró la televisión local.
Según la versión, el grupo fotografiado forma parte de un autodenominado Ejército de Dignidad Nacional, organización irregular que no entró aún en acción.
El ministro de Gobierno (Interior), Alberto Gasser, manifestó que las investigaciones de los organismos de inteligencia concluyeron que no existe ningún grupo irregular armado en el Chapare, y atribuyó el asunto a un montaje de Morales "para amedrentar a la población y crear una situación de sicosis".
El ministro admitió, sin embargo, que en el Chapare probablemente haya francotiradores con viejos fusiles Mauser y M2.
"Están metiendo bala y vamos a responder", dijo uno de los enmascarados citados por la prensa, a quien acompañaban escoltas armados con esos fusiles y el rostro cubierto.
