Tal parece que estuviera de acuerdo, dicen defensores comunitarios de Chiapas

CNDH, ineficaz ante desalojos, dice ONG

En grave riesgo, los derechos colectivos de habitantes de Montes Azules, advierte

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 2 de febrero. ''La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha revelado ineficaz para proteger los derechos colectivos de las comunidades asentadas en el área de Montes Azules'', declaró hoy la Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos.

La ONG dijo que, en una carta remitida por la red a la CNDH este 20 de enero, se leía: ''Tal parece que (la comisión) estuviera de acuerdo con los desalojos de las comunidades, y está evitando cumplir con su mandato de protección de los derechos humanos''.

Los defensores comunitarios hacían allí referencia a la actuación de la CNDH durante el desalojo en Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas), en Montes Azules, el pasado mes de diciembre. Y también al hecho de que la comisión ha denegado medidas cautelares para las comunidades indígenas amenazadas de desalojo, como lo solicitó la red desde que empezaron las amenazas gubernamentales, sin obtener respuesta.

Según la ONG, ''la CNDH canceló nuestra queja. Quería que demostráramos que en los desalojos se iban a violar los derechos humanos, antes de que los hechos ocurrieran''.

El 16 de diciembre, los defensores comunitarios solicitaron ampliar las medidas cautelares a las comunidades de la región de Ixcán, en el sur de Montes Azules -cuyo desalojo se anunciaba inminente-, y que no estaban consideradas en la primera solicitud de la red.

El día 17, la comisión anunció que cerraba el expediente de las medidas cautelares solicitadas, ''por falta de interés'', según la comunicación escrita del licenciado Alejandro Ortega Arratia, coordinador de la Primera Visitaduría de la CNDH en los Altos y la selva de Chiapas, en respuesta a la demanda de la red.

''La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado en contacto permanente con las diversas autoridades involucradas, y en el caso de que decidieran realizar alguna acción en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, este organismo nacional vigilará que la misma se desarrolle dentro del marco de respeto a los derechos humanos y en estricto apego a derecho'', escribía Ortega a los defensores comunitarios.

En efecto, la comisión nacional ocupaba un lugar importante en el plan del gobierno para efectuar los desalojos (presuntamente reubicaciones). Como La Jornada hizo público a mediados de diciembre pasado, el escenario incluía a la CNDH, la Cruz Roja y los medios de comunicación ''afines''. La comisión, pues, ya tenía un papel asignado en el guión gubernamental.

El mismo 17 de diciembre, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Ignacio Campillo, encabezó el primer desolojo en Montes Azules con la fuerza pública, amplia cobertura de prensa y la presencia de la CNDH para ''atestiguar'' que no se estaban violando los derechos humanos de los indígenas.

De acuerdo con la red, ''el hecho del desalojo ya es una violación de los derechos humanos colectivos de comunidades y pueblos indígenas asentados en un territorio'', y el organismo nacional responsable de proteger a los ciudadanos estaba participando, como actor interesado, en un operativo de policía planeado a escala federal para evitar ''dispersiones'' (según la jerga oficial) en el funcionamiento de los organismos públicos.

''Estas violaciones fueron llevadas a cabo con la presencia de la comisión'', reclama la red en su misiva del 20 de enero, firmada por el abogado Miguel Angel de los Santos, coordinador de la red.

''Nosotros no pedimos que la CNDH vigile que durante los desalojos se respeten los derechos humanos. Hemos indicado que la acción de desalojo viola derechos humanos colectivos'', decía también la carta.

''La CNDH confunde los derechos en riesgo cuando se amenaza con desalojar comunidades indígenas'', apunta la red.

Desde hace un año, cuando se difundieron las primeras versiones de que decenas de comunidades asentadas en Montes Azules podrían ser desalojadas por las autoridades, la red de defensores comunitarios señaló que, de efectuarse sin el consentimiento de los afectados, las ''reubicaciones'' representarían una violación a los derechos de los pueblos indígenas.

Hoy, tras su actuación antes y durante el desalojo de diciembre, la comisión se encuentra en una encrucijada: ¿puede un organismo nacional (que se supone autónomo del poder público para mejor proteger los derechos de los ciudadanos) formar parte de los planes y estrategias de contención social del gobierno y sus procuradurías? Aunque claro, eso tiene un nombre técnico: se llama ''coordinación institucional''.