Samuel Ponce de León R.*
De epidemias, autopsias y sus consecuencias
Las noticias sobre los recién nacidos que murieron
en Chiapas son catastróficas y sus consecuencias pudieran ser peores.
Las epidemias en pediatría reflejan una situación muy complicada,
pero, debo aclarar, no necesariamente negligencia de los médicos
y enfermeras responsables en esas unidades. De hecho, los trabajadores
de la salud mucho hacen con lo poco que tienen.
La situación se agrava ante la participación
del sistema judicial, que aparentemente pretende descubrir si hubo culpa
y procedió a exhumar cadáveres para deslindar responsabilidades.
Parece claro que tratarán de identificar responsables, pero mal
haremos al personalizar el problema. Así perdemos las causas reales.
Los niños que murieron no son sólo responsabilidad
de los médicos, sino de un sistema que impide un óptimo funcionamiento
de sus hospitales. El problema no es exclusivo de Chiapas o Querétaro,
lo mismo ocurre en toda Latinoamérica, Asia, Africa y Europa del
este; ocurre en hospitales privados y públicos, en centros de atención
especializada y en hospitales rurales. El mecanismo específico que
permite la presencia de bacterias en la sangre de un paciente o cualquier
otra infección es resultado final de una problemática que
no se resuelve por medio de autopsias de los pacientes. Pero, además,
debería ser claro que la autopsia médico-legal no dilucidará
responsabilidades sobre las causas de muerte o la presencia de infección.
Interleukinas (sustancias producidas por las células) y bacterias
no dejan huellas tan evidentes como otras causas de muerte que sí
competen directamente al Poder Judicial. Su realización es cruel
e inútil.
Mientras en Comitán morían, un médico
nos decía por la televisión que la salud del país
va bien y adornaba su discurso el ambiente de fondo, donde se ven pacientes
y enfermeras sonrientes en un área hospitalaria moderna y pulcra.
Simultáneamente, como nunca, la disminución de recursos en
el sector es motivo de desabasto de medicamentos y otros insumos. No hay
plazas, no hay camas, los servicios de urgencia están saturados
y la frecuencia de complicaciones en los sistemas de atención es
mucho mayor de lo que nos gustaría reconocer. La realidad nos desborda.
En semanas recientes han fallecido, en tan sólo
dos centros, más de 50 infantes. El asunto es de extrema gravedad
y no deberíamos buscar atenuantes, sino soluciones. Habrá
quien diga que sólo fueron 50 niños y entonces requerimos
un comparador: en octubre y noviembre de 2001 ocurrieron 22 casos de ántrax
en Estados Unidos de los que fallecieron cinco. De entonces a la fecha
se han gastado billones de dólares tan sólo en Estados Unidos
para mejorar sus sistemas de contención, y hasta México participará
en un ejercicio multinacional de prevención ante un eventual ataque
(situación hipotética) con agentes biológicos. No
es hipótesis la muerte de los recién nacidos, y en tanto
no se demuestre lo contrario, muy probablemente murieron por una deficiente
atención. Esto último, insisto, no debe confundirse con negligencia
médica, porque médicos y enfermeras hacen más de lo
esperable en sus condiciones de trabajo.
Es claro que en Comitán ocurrió una epidemia
y supongo que se relacionó con infecciones. Todos perdemos cuando
se trata de minimizar lo evidente y cuando denominamos una epidemia como
no-epidemia. Estos desafortunados hechos tenemos que interpretarlos como
urgente llamada para reforzar el sistema hospitalario, no únicamente
en los sitios donde los problemas llegan a las noticias, sino en todo el
país. Estas crisis han ocurrido y volverán a ocurrir sin
relación con tiempos políticos, aunque coincidan.
Culpar a los trabajadores de la salud de lo que compete
a políticos, legisladores y economistas es injusto.