Es una más de las promesas no cumplidas por el presidente Vicente Fox, la de proteger los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que cruzan el territorio nacional y que, de acuerdo con informes de la ONU, son sistemáticamente violados por autoridades mexicanas. Se trata de un asunto que desnuda la política exterior dictada en Los Pinos, no sólo por el hecho de reclamar en tribunales internacionales lo que no es capaz de cumplir dentro del país, sino porque revela el nuevo papel del gobierno de Fox: el de agente migratorio de la Casa Blanca

LA CIFRA NO DEJA LUGAR A DUDAS: 100% de los salvadoreños que cruzan por nuestro país son víctimas de maltrato y, en su mayoría, sufren además robos, extorsiones, golpes, detenciones arbitrarias y abuso sexual.

El dato lo aporta la organización de migrantes El Rescate, de Los Angeles, California –una de las más antiguas, en este rubro, en Estados Unidos–, y es una muestra de la situación que padecen los centroamericanos que cruzan sin documentos por territorio mexicano en su camino a ese país.

Coincide, además, con el informe de la Relatora Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gabriela Rodríguez Pizarro, donde asienta que en México existe “un clima generalizado de hostigamiento y aprovechamiento de la vulnerabilidad del migrante”, además que denuncia un alto índice de abusos cometidos por corporaciones policiacas.

Un asunto que no es noticia, pero que evidencia una más de las promesas no cumplidas por el presidente Vicente Fox.

Y es que en septiembre de 2000, en una visita a El Salvador, el guanajuatense ofreció realizar “esfuerzos extraordinarios” para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, e incluso se comprometió a nombrar a un zar de la frontera sur que se ocupara de coordinar los esfuerzos gubernamentales en ese sentido.

Dos años después, está claro que el gobierno de Fox emprendió acciones para atender el asunto... pero en sentido contrario.

El zar nunca fue designado. Luego, desapareció la Comisión de Protección de los Migrantes que se creó como parte de la oficina presidencial que encabezaba Adolfo Aguilar Zinzer, la Coordinación de Seguridad Nacional. Y después, en julio de 2001, la frontera con Belice y Guatemala fue virtualmente sellada a los migrantes indocumentados mediante el Plan Sur.

Detrás de estas acciones no hay casualidades, denuncia Salvador Sanabria, director de El Rescate. “Cualquiera con dos dedos de frente puede analizar que la política exterior mexicana, en relación con los asuntos migratorios, busca condiciones para un acuerdo favorable con Estados Unidos, a quien le está haciendo el trabajo sucio”.

Y la relatora Rodríguez Pizarro lo secunda. “El incremento de control de la frontera sur”, señala en su informe, “coincide temporal y estratégicamente con el reforzamiento de la frontera de Estados Unidos con México por parte de las autoridades norteamericanas”.

Es obvio. Después del 11 de septiembre el nuevo rol del gobierno mexicano parece ser el de agente migratorio para la Casa Blanca, un papel que se planteó desde el amanecer del régimen foxista.

El 5 de abril de 2001 el secretario de Gobernación, Santiago Creel, declaró en Washington que el gobierno mexicano “está preparado para quebrar el creciente flujo de extranjeros que utilizan el país como un punto de tránsito en sus esfuerzos para entrar a Estados Unidos”.

Para conseguir este objetivo, afirma Sanabria, “el cordero de sacrificio van a ser los migrantes de otras naciones”, aunque dar este paso no será fácil: El Rescate, junto con el Foro Permanente de Migrantes de El Salvador preparan una queja contra México por la permanente violación a los derechos humanos de los centroamericanos que cruzan por su territorio.

En principio, la denuncia –programada para presentarse entre agosto y septiembre próximos– se depositaría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y no se descarta la posibilidad, aclara Sanabria, de llevarla incluso ante el Tribunal Internacional de La Haya.

Un lunes de 1980 Elmer Arias Arias se enteró que un comando del ejército salvadoreño lo buscaba para matarlo.

La víspera sus dos mejores amigos habían sido ejecutados por repartir propaganda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), y el siguiente en la lista era él.

“Yo no andaba metido en nada pero ellos nunca verificaban”, cuenta 23 años después. “Bastaba con que alguien dijera que estabas ligado con la guerrilla para que mataran a toda tu familia”.

Esa misma noche el entonces adolescente viajó a Guatemala, de donde cruzó a México. De ahí siguió por tierra hasta Houston, abordó un avión que lo llevó a Washington, y ahí vive desde entonces.

No tuvo problemas, cuenta, porque entonces cruzar por territorio mexicano era fácil, “y ahora ya no: te juegas la vida en el intento”.

En Washington, Elmer Arias es vicepresidente de la Cámara Salvadoreña de Comercio y dirige, además, una asociación que ofrece albergue a sus paisanos. Por eso sabe de las historias de horror que ocurren en México.

“Prácticamente todos los que llegan cuentan que fueron asaltados o golpeados, casi siempre por policías. Rara es la mujer que no fue violada o sufrió algún abuso de ese tipo”, dice. “Es el precio de cruzar”.

Ciertamente, los salvadoreños no son las únicas víctimas. En su informe, la relatora Rodríguez Pizarro señala que la mayoría de los migrantes entrevistados en su visita a la frontera sur –del 25 de febrero al 6 de marzo de 2002– afirmaron haber sido extorsionados por funcionarios mexicanos.

“Un nicaragüense detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Tapachula explicó que habría sido falsamente acusado de robo porque se habría opuesto a la violación de su esposa por agentes de seguridad pública”, señala el documento.

“En otros casos, los migrantes informaron que existía una aparente complicidad entre los pasantes, conocidos también como coyotes o polleros, y los delincuentes que los asaltaron y/o los agentes de las fuerzas públicas que los extorsionaron. La relatora especial observó con mucha preocupación la impunidad que predomina en este entorno, donde la violación de los derechos de los y las migrantes ocurre de una manera fugaz (sic) y sin denuncia”.

Detrás de este panorama, añade el informe, se encuentra el Plan Sur que, por una parte, obligó a los indocumentados a cruzar por zonas cada vez más peligrosas, y por la otra, debido a la cantidad de corporaciones que participan en la operación (policías estatales, federales, agentes de migración, soldados de infantería y hasta marinos), la posibilidad de sancionar a los responsables de cometer abusos es prácticamente imposible, pues “raramente los migrantes pueden identificar el cuerpo al que pertenece el funcionario implicado”.

La consecuencia de tantos abusos es seria. De acuerdo con el Centro de Recursos Centroamericanos, en El Salvador, entre 1998 –cuando se agudizó la migración al norte por el huracán Mitch– y el 2002, han desaparecido 25 mil personas que pretendían llegar a Estados Unidos.

Diez mil son salvadoreños.

Salvador Sanabria no puede ocultar su molestia cuando aborda el tema.

“Como salvadoreño, en cuanto pisas territorio mexicano te conviertes en sospechoso”, se queja. “Es un proceso que empieza desde que solicitas la visa, porque México endureció los trámites; ahora es más difícil conseguir ésta que la de Estados Unidos”.

Es una actitud por lo menos incongruente, añade, sobre todo porque en el sexenio pasado (tras el huracán Mitch) se firmó un acuerdo para otorgar visas temporales por 30 días a prácticamente todo el salvadoreño que lo solicitara, y porque, además, el mismo presidente Fox se comprometió en septiembre de 2000 a agilizar la entrega de estos documentos.

“Viajar a México es muy difícil; incluso cuando los aviones de El Salvador aterrizan en el aeropuerto Benito Juárez (en en Distrito Federal) avisan a los pasajeros que serán minuciosamente registrados, como si fueran delincuentes”.

–¿Cuántos salvadoreños se quejan de maltrato por parte de las autoridades mexicanas?

–Todos, yo diría que 100%. Los que llegan por aire son maltratados y quienes cruzan por tierra son víctimas de violaciones a los derechos humanos.

–¿De qué tipo?

–Lo primero es el trato como ser humano de tercera categoría, discriminado por el simple hecho de ser centroamericano. Luego somos víctimas de persecución, automáticamente somos declarados delincuentes. Y tercero, bueno, está documentado: el patrón sistemático de golpes, robos, abusos sexuales, extorsiones...

Es plan con maña. “Después del 11 de septiembre de 2001, México puso el muro de la tortilla, ya no en el río Grande sino en su frontera con Guatemala, para dificultar el cruce de migrantes centroamericanos y del resto del mundo”, insiste.

La batalla, sin embargo, está perdida.

El año pasado la fracción de diputados del FMLN en el Congreso de El Salvador exigió al gobierno de su país que adoptara medidas urgentes para proteger “a los 200 salvadoreños que cruzan diariamente a México”, lo que significaría que en 2002 hubieran sido 73 mil los que ingresaron legal o ilegalmente a territorio mexicano. De éstos, el Instituto Nacional de Migración deportó a 20 mil personas.

Pese a todas las acciones para detenerla, lo cierto es que la salida de salvadoreños tiende al alza. De acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, después de los terremotos de 2001, el número de salvadoreños que solicitaron apoyo para emigrar aumentó en 500%, además que 146 mil personas se sumaron a la franja de la extrema pobreza.

“Los sismos derrumbaron 182 mil viviendas”, añade Sanabria, “y hasta ahora sólo se ha reconstruido 20%. Eso da una idea de la situación económica de nuestro país”.

Ante este panorama la decisión de la administración Fox de sellar la frontera sur encendió focos rojos en El Rescate.

“A México le preocupan sus trabajadores y va a hacer lo que sea para beneficiarlos”, dice Sanabria. “Tiene derecho, pero no debe olvidar que no está solo: la mitad de su territorio está en el norte y la otra en Mesoamérica. Lo menos que le pedimos es que sea solidario con las luchas, las aspiraciones de los migrantes latinoamericanos”.

Convenzan o no al gobierno mexicano, lo cierto es que El Rescate y el Foro de Migraciones recopilan datos para nutrir la denuncia que pretenden entregar ante tribunales internacionales.

“Queremos vincularla con el trabajo de los grupos que defienden los derechos civiles en Estados Unidos”, explica. “Es importante hacer notar que la agenda de seguridad de ese país tiene que ver con el aumento de las violaciones a los migrantes en territorio mexicano”.