La toxicidad de químicos puede producir cáncer, revela el investigador Samuel Salinas

Desprotegen firmas tabacaleras a 30 mil jornaleros expuestos a plaguicidas

La mayoría de trabajadores, migrantes y ejidatarios; niñas huicholes, las más vulnerables

ANGELICA ENCISO L.

Las empresas tabacaleras con ganancias anuales promedio de 11 mil 500 millones de pesos no gastan un centavo en la protección de casi 30 mil jornaleros indígenas migrantes y ejidatarios dedicados al cultivo de tabaco en el norte de Nayarit, en el cual usan plaguicidas altamente tóxicos que les pueden ocasionar desde dolor de cabeza, paro respiratorio, cáncer hasta la muerte.

Los jornaleros, la mayoría huicholes, manejan los productos a mano e inhalan directamente los químicos sin el equipo de protección -mono blanco, guantes y mascarilla-, sostiene en entrevista Samuel Salinas Alvarez, coautor con Patricia Díaz Romo del estudio Plaguicidas, tabaco y salud: el caso de los jornaleros huicholes, mestizos y ejidatarios en Nayarit.

Precisa que la investigación que comenzaron en octubre de 1994 y concluyeron el año pasado en el municipio de Santiago Ixcuintla -conocido como la "capital mexicana del tabaco"- revela que quienes trabajan en las plantaciones y quienes viven en la zona presentan bajos niveles de una sustancia que funciona como neurotrasmisor y cuya deficiencia ocasiona salivación excesiva, calambres, parálisis del soporte respiratorio y la muerte.

La literatura científica, señala, ha determinado que el contacto directo con esos químicos puede causar cáncer, malformaciones congénitas y anencefalia en los recién nacidos; algunos de estos casos durante la investigación se presentaron en el Hospital Civil de Guadalajara y podría haber relación con los plaguicidas.

La mayoría de los trabajadores se emplearon en las plantaciones de Cigarrera la Moderna, aunque allí también están Tabacos Desvenados, Tabacos Pacífico Norte y Exportadora de Artículos Mexicanos, las cuales establecen con los campesinos dueños de sus tierras convenios conocidos como "agricultura por contrato" para que cultiven el tabaco; ahí se contratan los jornaleros migrantes huicholes, coras, tepehuanos y mestizos.

Este es el primer estudio del tipo en el país y, aunque resultados preliminares se presentaron hace tres años en el Congreso de la Unión y el año pasado ante oficinas gubernamentales, no ha habido respuesta, asevera. Abunda sobre el desarrollo del trabajo: "Se tomó como referencia el ciclo 1994-1995, aunque la superficie cultivada varía cada año, se cultivan alrededor de 20 mil hectáreas propiedad de 6 mil ejidatarios y se emplean unas 33 mil personas".

Cada hectárea requiere entre 30 y 60 kilogramos de plaguicidas para el control de plagas. Ahí, los trabajadores mantienen contacto cotidiano con los insecticidas conocidos como carbámicos y organofosforados, que en promedio permanecen seis semanas en el ambiente, pero son más tóxicos que los organoclorados -como el DDT, que dura hasta 50 años en el suelo.

Los dueños de las tierras viven alrededor de los campos cultivados donde se utilizan esos químicos. En forma crónica están expuestos ellos y sus familias a esas sustancias y en forma permanente registran deficiencia de la sustancia neurotrasmisora -acetilcolinesterasa-, lo cual se ha corroborado que causa severos daños a la salud, agrega Salinas.

En el estudio se invirtieron 100 mil dólares donados por organizaciones privadas y no gubernamentales, además de que contó con el apoyo técnico de las universidades de Guadalajara y Nayarit así como la participación del Pesticide Education Center de San Francisco.

Vieja advertencia

En 1994 Díaz Romo había divulgado el video Huicholes y plaguicidas, en el que "se denunció la situación en que viven y laboran los jornaleros agrícolas, pero la reacción oficial, a través de médicos de la zona y de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), sin ser muy abierta fue que era demagogia, amarillismo y que eso no existía".

Tras largas jornadas de análisis en Santiago Ixcuintla, donde cada año los ejidatarios y propietarios rurales se reúnen en las plazas de las comunidades para esperar a los indígenas y contratarlos, porque su trabajo es apreciado debido a que el ensarte de las hojas es una labor casi artesanal, el documento fue terminado el año pasado y "los resultados son graves", destaca.

Hasta hace 10 años en la zona se utilizaban los plaguicidas organoclorados -como el DDT-, que también son cancerígenos y permanecen por largo tiempo en el ambiente porque no son degradables. Por políticas internacionales de eliminación de ese tipo de sustancias fueron sustituidos por los actuales: los carbámicos y organofosforados, que desaparecen en seis semanas, pero son más tóxicos.

A la zona tabacalera cada año llegan unos 8 mil jornaleros huicholes -que representan 50 por ciento de este pueblo-, además de pequeños grupos de mestizos de Zacatecas, indígenas coras y tepehuanos. Entre las pruebas que se hicieron para la investigación destaca la toma de muestras de sangre a ejidatarios y jornaleros, tanto en el lugar de trabajo como en las comunidades.

El primer hallazgo, precisa, fue que la exposición a plaguicidas rebasó el ámbito laboral para convertirse en problema ambiental. Explica: "Se presentan dos tipos de intoxicación, la aguda y la crónica. Los jornaleros agrícolas están expuestos a la primera porque tienen contacto directo con las sustancias durante sus labores, mientras que los ejidatarios tienen una relación por más tiempo, debido a que el cultivo se hace en forma intercalada entre las parcelas, alrededor de las cuales están sus viviendas. Por eso es un problema ambiental".

Las conclusiones del trabajo indican que se encontró que los jornaleros indígenas son quienes más resienten en su salud el contacto con los químicos, pero de entre ellos "las niñas son las más castigadas, pues pasan más tiempo en cuclillas ensartando las hojas de tabaco y generalmente no se levantan, por lo que están más expuestas a los plaguicidas".

El estudio, basado en todos los protocolos científicos, fue presentado a los ejidatarios. Sin embargo, contrario a otras reuniones en que la asistencia era nutrida, ahora sólo tres personas acudieron. "No sabemos si por presión de las tabacaleras."

También se les presentó a huicholes en la oficina de Pueblos Indios. Esa ocasión "fue muy desoladora porque la gente necesita hacer el cultivo del tabaco para vivir. La reacción fue de mucho estupor. Lo que planteamos es que se reduzca el riesgo en el trabajo, que las autoridades entren a vigilar, que se cumplan los términos de contratación con los jornaleros migrantes.

"Nosotros aportamos la información de base. Las autoridades tienen que hacer algo. Es la primera vez que se hace un estudio de esta magnitud con jornaleros migrantes y la situación es similar en los campos de Sinaloa y Baja California. En cualquier lugar donde haya monocultivo y agricultura industrial se van a encontrar grandes cantidades de plaguicidas y cero protección a los jornaleros."

Lo que buscamos es que "las autoridades nos abran las puertas para hacerles la presentación de los datos con toda claridad y que se anuncie a la brevedad un programa intergubernamental de atención a las zonas donde se utilizan esos químicos. Los dueños de las tabacaleras se deben responsabilizar de los daños y asumir su responsabilidad de salud pública".

El documento advierte que pese a "la actualización de las leyes mexicanas relacionadas con los plaguicidas, la situación original, en cuanto a los mecanismos legales para el control del uso son insuficientes o inoperantes, no se han modificado en la práctica".

Sobre el papel de la Cicoplafest, organismo encargado de regular el manejo de esos plaguicidas, desde que entró el actual gobierno "no ha hecho ninguna declaración formal al respecto, es válido pensar que el control de los plaguicidas no está entre sus prioridades, ya que no ha tomado las medidas correctivas que son necesarias, por lo que es muy posible que la caótica situación que se describe continúe sin mayores cambios".