Un presidente municipal preso por el asesinato de una regidora de su propio partido; otro que se asigna un sueldo mensual de 420 mil pesos; uno más, acusado de extorsión por sus colaboradores; las hazañas del alcalde-actor, José Antonio Ríos Granados (expulsado del PAN y ahora candidato a diputado por el PT)... El mosaico de escándalos protagonizados por los ediles panistas en el estado de México –entidad que el próximo 9 de marzo abrirá el calendario electoral del año– parece interminable, como inevitable parece el ocaso de la “ola azul” mexiquense que hace tres años dio a Vicente Fox 14% de votos. Atrapado en una adelantada carrera por la gubernatura, el PAN estatal busca recuperar el partido que perdió cuando ganó el gobierno. El tiempo, empero, corre en su contra

ATIZAPAN DE ZARAGOZA.- “La gente tiene claro que una cosa es el problema de Toño (Antonio Domínguez Zambrano, el ex alcalde preso por el asesinato de la regidora panista María de los Angeles Tamez Pérez) y otra cosa es el partido”, jura Salvador Vázquez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Atizapán, quien fue el primer sorprendido por su nominación a la alcaldía.

Es el primer sábado de febrero. Faltan 37 días para las elecciones en el estado de México, una entidad con 8.4 millones de electores, que este año llevará la avanzada en el calendario electoral. La antesala de las primeras elecciones federales de la era post PRI. Pero aquí, en Atizapán, icono de la descomposición de este partido, que hace apenas dos años y medio rompió la hegemonía de 70 años del PRI, los candidatos panistas tienen una mañana normal de una campaña cualquiera: volanteo, visitas domiciliarias, denuncias de bardas despintadas. Salvador Vázquez y Gonzalo Alarcón, candidato este último a diputado local y quien antes aspiró a la alcaldía y fue bloqueado desde el Comité Ejecutivo Nacional, departen con los vecinos de San Martín de Porras en la jornada médico-asistencial organizada por su partido.

Las encuestas, dicen, los ubican 14 puntos arriba del PRI, con todo y el escándalo por el asesinato de la regidora panista, por el cual se consignó a Domínguez Zambrano.

“Vamos a ganar más de lo que se piensa”, asegura Alarcón, pieza clave en el engranaje político del panismo mexiquense por su cercanía al subsecretario de Gobernación, José Luis Durán Reveles, uno de los hombres fuertes del PAN con intereses en el estado (los otros son Luis Felipe Bravo Mena, presidente nacional del partido, y el senador Carlos Madrazo). Y porque era novio de la regidora asesinada. “El PAN puede haber cometido muchos desaciertos en la selección de candidatos, pero ahorita estamos unidos”, insiste este joven de 35 años.

Puede ser, pero esta mañana no guarda resquicio alguno del ánimo que hace tres años originó la memorable caravana del “corredor azul”. Justo un 30 de enero, la ola foxista reunió la cadena humana más grande que se haya visto por esta zona en una campaña electoral. Era una elección presidencial, es cierto, pero nada queda de ese ánimo. Ahora, los candidatos admiten: “Nuestro enemigo a vencer es el abstencionismo”, y acusan al gobierno estatal de Arturo Montiel de no promover la elección, intencionalmente.

No es un asunto menor. Los diputados mexiquenses cambiaron la fecha de la elección (que se separó de la federal y acortó la campaña a 45 días). A eso se agrega la merma provocada por los escándalos de corrupción de las administraciones panistas.

En 1982, Acción Nacional ganó su primera diputación federal en el distrito 18 de Naucalpan, estado de México. Armando Gordillo se convirtió entonces en el primer diputado federal electo por mayoría. No era raro, en dicha zona están ancladas familias de gran arraigo en el partido como los Gómez Morín y los Vicencio Tovar. La influencia panista en el corredor industrial Valle de México (que concentra 75% del electorado mexiquense) creció y en 1988, durante la campaña presidencial de Manuel Clouthier, ya era considerado bastión del PAN. En 1996, mientras Cuauhtémoc Cárdenas se preparaba para ganar el Distrito Federal, el panismo consolidó su fuerza en la zona, al pasar de seis a 22 municipios gobernados.

Para 1999, José Luis Durán Reveles infligió el mayor susto a la legendaria “fuerza mexiquense” y se quedó a sólo 200 mil votos de quitarle la gubernatura a Arturo Montiel. La ola foxista fue la puntilla. En julio de 2000, el PAN ganó 30 municipios (entre ellos, Toluca, la capital, y Ecatepec, el municipio más poblado del estado), donde vive 54% de los habitantes del estado y con 38% de la votación se instaló en el primer lugar electoral. Sus 29 diputados le daban también la primera mayoría en el Congreso local.

Pero el PAN no superó la prueba de ser gobierno: la corrupción y las fracturas han sido el sello distintivo en tres años de gestión. La división originó la salida de 13 diputados que luego constituyeron una fracción independiente y dejaron al PAN sin mayoría en el Congreso –dos de ellos son ahora candidatos del PRD y ocho del PRI–; el comité estatal fue sustituido por una delegación del CEN, y en el pleito más reciente, por la imposición de candidatos, se llegó al amague de expulsar del partido a los integrantes del comité municipal de Naucalpan, que también fue sustituido por una delegación.

La conclusión de Helsiquio López Trevilla, uno de los diputados expulsados en marzo de 2001 y ahora candidato del PRD a la alcaldía de Toluca, fue lapidaria: “El PRI tardó 70 años en incurrir en prácticas que, en cambio, a Acción Nacional le está tomando algunos meses aplicar” (La Jornada, 06/03/01).

Hasta hace unos años, José Luis Durán Reveles, Gonzalo Alarcón y Francisco Gárate eran los “tres alegres compadres”. En 1999, empero, comenzaron a distanciarse. En los corrillos, Durán atribuye la pérdida de la gubernatura a los errores de Gárate, entonces presidente del comité estatal.

Como sea, el 11 de noviembre de 2000 Gárate fue relecto en el cargo y no pocos vieron en el proceso la mano del presidente nacional del partido, Luis Felipe Bravo Mena. Gárate venció en la segunda vuelta a Gonzalo Alarcón, el candidato de Durán, con el voto de 35 consejeros (Alarcón obtuvo 24 y el único consejero que no votó fue Bravo Mena). Meses más tarde fue renovado el consejo estatal. Gárate se encargaría de dejar fuera de la lista a los consejeros que apoyaron a Alarcón y al propio Gonzalo.

Las piezas comenzaban a moverse en una adelantada carrera por la gubernatura del estado en 2005. Porque, para desgracia de los panistas mexiquenses, el triunfo de Vicente Fox catapultó los liderazgos locales a la arena de la política nacional. El presidente nacional del PAN, quien ya buscó la gubernatura en 1996, se encargó de colocar ahora a la mayoría de los candidatos a alcaldes y diputados. Y Durán Reveles, quien durante los últimos 10 años controló el grupo más fuerte del panismo mexiquense (incluso impulsando a sus familiares), fue relegado.

Gárate rompió definitivamente con Durán y su relección marcó el final de una larga pugna con un grupo de diputados inconformes con la designación de Julián Angulo Góngora (ex presidente de Cuautitlán Izcalli y sobre quien pesan denuncias por desvío de recursos) como coordinador parlamentario.

La batalla terminó en marzo de 2001, cuando el comité estatal expulsó a cuatro diputados (dos de ellos ahora candidatos del PRD a las alcaldías de Toluca y Tlalnepantla), el desconocimiento de un legislador adherente y la suspensión de los derechos partidarios de otro. El argumento de peso es que habían hecho un viaje a Estados Unidos sin la autorización del coordinador. La decisión provocó la renuncia –en solidaridad– de otros siete legisladores panistas. Gárate minimizó el conflicto (“cualquier diputado que desconozca a Angulo, solito se pone fuera del PAN”) y Bravo Mena ignoró la petición de ayuda que le hicieron algunos inconformes.

Al final, 13 legisladores panistas formaron una fracción “independiente”, aunque ahora la mayoría son candidatos de la alianza PRI-PVEM. La célebre frase de Felipe Calderón en sus días como presidente nacional del PAN, “ganar el gobierno sin perder el partido”, no podía ser más ajena al panismo mexiquense.

El 5 de agosto de 2001, la regidora de Atizapán, María de los Angeles Tamez Pérez, fue asesinada afuera de su casa en la colonia Las Alamedas. La joven de 27 años era hija de Evangelina Pérez, senadora suplente de Luis Felipe Bravo Mena, y Pedro Tamez, entonces subdirector administrativo de Notimex. Había denunciado actos de corrupción en la administración municipal.

Después del asesinato, una comisión de panistas mexiquenses, en la que no estuvo Francisco Gárate, buscó un encuentro con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, que se concertó vía Durán Reveles. Buscaban explicarle la gravedad del asunto, en el que, se sabía, había funcionarios de la administración involucrados, pero Creel –recuerda uno de los asistentes– insistió en que “no iba a pasar nada” porque se trataba de un asunto local. Poco después de esa reunión, el escándalo reventó en la prensa nacional. El alcalde panista de Atizapán, Antonio Domínguez Zambrano, médico cirujano y apenas incorporado a la política, fue señalado como autor intelectual.

A la distancia, pocos panistas creen que Domínguez –preso en el penal de Barrientos– haya ordenado el asesinato, aunque consideran que toleró la corrupción que a la postre condujo a la ejecución de la regidora. El caso de Atizapán, empero, se ha convertido en emblema de la descomposición del partido en el poder. De Atizapán en adelante, los ejemplos sobran.

El más original es sin duda el alcalde de Tultitlán, José Antonio Ríos Granados –quien, cosas de la política, fue presentado en la convención en la que ganó la candidatura por Marigeli Tamez–. El polémico edil utilizó policías y patrullas municipales en la filmación de la película Orquídea salvaje, donde compartió crédito con Lorena Herrera; se lució en una publicación junto a dos conejitas de Play Boy, y llegó a la entrega del Micrófono de Oro, de la Asociación de Locutores, en una limusina. Cuando su hijo, Erik Ríos, fue detenido por desvalijar automóviles, el PAN lo expulsó de sus filas. Ahora es candidato a diputado por el PT.

El folclore de Ríos Granados opacó el escándalo de Guillermo Espinosa Cruz, alcalde de Huixquilucan (otro de los municipios neopanistas), a quien sus colaboradores acusaron de extorsión agravada. Nueve funcionarios aseguraron que infló la nómina (cada mes cobraba 429 mil pesos extras) para pagar deudas de campaña. El edil abandonó el ayuntamiento más de 40 días y estuvo tres días en la cárcel, pero salió libre por errores procesales de la parte acusadora.

Más ruidoso fue el caso del alcalde de Ecatepec, Agustín Hernández Pastrana, cuya hija, Regina, está presa por fraude y delincuencia organizada. Hernández se autorizó un salario de 420 mil pesos mensuales y destapó otro flanco en el PAN: el de los súper sueldos.

En ese paquete entran Domíngez Zambrano, quien se asignó un salario mensual de 145 mil pesos; el alcalde de Metepec, Marcos Alvarez Malo, quien se autorizó 215 mil (a su esposa le asignó uno de 180 mil pesos como presidenta del DIF local), y los alcaldes de Cuautitlán, San Felipe del Progreso, Tecámac, Ocoyoacac y Huixquilucan, quienes se aumentaron el salario en más de 200%.

A la lista de escándalos se agregan las acusaciones de despojo, amenazas, despidos injustificados y destitución ilegal de regidores en Chapa de Mota, el desvío de 12 millones de pesos de recursos destinados al combate a la pobreza en Zinacatepec y la inhabilitación por 17 años del diputado federal Francisco Guadarrama López por desvío de recursos cuando fungió como síndico en la administración de Alejandro Gamiño en Coacalco.

Así las cosas, el procurador de Justicia del Estado Alfonso Navarrete Prida se ha convertido en el principal operador de la campaña del PRI. El gobernador Montiel juega sus cartas y mete a la cárcel a los alcaldes del PAN, quienes se ponen en bandeja de plata.

Apenas en diciembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN determinó suspender las convenciones (el proceso estatutario para seleccionar candidatos) y nombrar desde el centro las candidaturas. El resultado es previsible: sangrías en al menos cuatro municipios (Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán y Metepec).

La fractura más fuerte fue quizá la de Naucalpan, donde los seguidores de Amado Olvera (cabeza de uno de los grupos más fuertes del panismo local) se inconformaron por la nominación de Angélica Moya, a quien ubican por su cercanía a Bravo Mena (su madre, María Rosa Marín, quien falleció en 1999, fue gran amiga de la esposa del líder blanquiazul, María Teresa Tinoco). El comité municipal intentó registrar por su cuenta a Amado Olvera y ahora la directiva en pleno y el aspirante frustrado enfrentan amagos de expulsión.

En Atizapán, la nominación de Salvador Vázquez provocó la salida de Eduardo Mendoza Ayala (su hermano Rubén Mendoza, alcalde de Tlalnepantla, es otro de los aspirantes a la gubernatura), postulado ahora por la alianza PRI-PVEM. Lo mismo ocurrió en Cuautitlán, donde fue nombrado Alfredo Durán Reveles. Héctor Pablo Morales, secretario del ayuntamiento, renunció al cargo, al partido y aceptó una oferta de la alianza.

“No eran leales”, dicen los panistas, al tiempo que se ponen su casco naranja y repiten el lema de la campaña: “Construyamos el futuro hoy”. Por eso, Francisco García Burgos, el delegado estatal del CEN, ha insistido: “La trayectoria partidista y la lealtad” fueron “fundamentales” en la selección de candidatos. Demasiado cuidado, dicen algunos. “Quizá eso frenó o desaceleró la campaña”.

El 9 de marzo, cuando se renueven 124 presidencias municipales y 75 escaños del Congreso local, los panistas enfrentarán también un abstencionismo que calculan superior a 40%.

Con un oscuro panorama, es muy posible que el PAN pierda lo ganado hace tres años. El partido paga el costo de crecer sin control. En Tlalnepantla, por poner un caso, creció de 400 a 2 mil 500 militantes en dos años. “Antes nadie quería entrarle y ahora todos se pelean por las candidaturas”, reconoce un dirigente. Por eso, ahora los panistas buscan recuperar al partido que perdieron al ganar el gobierno.

¿Tendrán tiempo?

“El corto tiempo de la campaña lo hemos superado con acciones como ésta –dice Gonzalo Alarcón, se refiere a la jornada asistencial–. No estamos improvisando”.