Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 4 de marzo de 2003
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Política

Afirman que la "falta de colaboración" impide avanzar en pesquisas contra generales

Critican en la procuraduría militar la actuación de la fiscalía de Carrillo Prieto

JESUS ARANDA

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) señalaron que la "falta de colaboración" de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha impedido avanzar en las pesquisas que permitirían comprobar que los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro ordenaron en los años 70 asesinar y tirar al mar a 143 víctimas de la guerra sucia.

Según las fuentes, esa falta de colaboración, "con el pretexto de que son averiguaciones previas en proceso", complica la labor de demostrar la culpabilidad de los generales en el proceso que se les sigue por el homicidio de 143 campesinos.

En tanto, en los oficios girados a 35 familiares de víctimas para que declararan ante el Ministerio Público castrense en febrero pasado, la PGJM reconoce que "los actos de privación de la vida de diversas personas (durante la guerra sucia) fueron cometidos por militares con motivo de actos propios de sus funciones", que se llevaron a cabo "durante el cumplimiento de la tarea de desintegrar a los grupos subversivos que en los años 70 transtornaron el orden interior del país, ya que precisamente una de las misiones constitucionales de las fuerzas armadas es garantizar la seguridad interior de la nación, por lo cual se consideró que la competencia del proceso penal por homicidio calificado se radicara en el fuero de guerra".

Ante la falta de respuesta de la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, previo exhorto, el Ministerio Público militar podría recurrir a citar a los familiares de las víctimas -que viven principalmente en la zona de Atoyac, Guerrero- mediante jueces federales o del fuero común para que rindan su declaración.

En la fase actual del proceso contra los oficiales el Ministerio Público necesita documentación personal de las víctimas, como actas de nacimiento, de bautizo, boletas escolares o identificaciones oficiales, para demostrarle al juez que sí existieron y fueron asesinadas y lanzadas al mar.

Critican falta de apoyo del fiscal Carrillo Prieto

Respecto a las críticas que han hecho representantes de la Afadem a la procuraduría militar, porque resulta que al menos dos personas que se creía estaban muertas continúan vivas pero forman parte de la averiguación que sobre desaparecidos realizó la CNDH y que sirvió de base para la indagatoria de la fiscalía militar, funcionarios de la procuraduría castrense cuestionaron la falta de apoyo de quienes dicen representar a los familiares de las víctimas.

"La procuraduría militar ya consignó a tres por homicidio calificado y sigue investigando, pero, Ƒqué ha hecho la fiscalía para desaparecidos?", cuestionaron.

Respecto a los citatorios girados por la PGJM en febrero pasado a los familiares de las víctimas, las fuentes aceptaron que no tuvieron el resultado esperado, ya que sólo 10 de 35 se presentaron a declarar en Atoyac.

Los oficios girados a las personas que viven en dicho municipio -que por cierto fueron cuestionados por organizaciones civiles, pues, aseguraron, los citatorios causaron temor a los recipendiarios- señalan que el 7 de octubre de 2002 José Enríque González Ruiz y Julio Mata Montiel acudieron a la PGJM "en su carácter de apoderados de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem)".

A ellos "se les hicieron saber, con el propósito de que a su vez lo comunicaran a los familiares de las personas desaparecidas", sus derechos constitucionales y la posibilidad de coadyuvar con la PGJM; sin embargo, después de cuatro meses de no recibir respuesta, la procuraduría que encabeza el general Antonio López Portillo optó por notificar personalmente a los familiares de los desaparecidos en sus domicilios.

La misiva admite que "esta representación social militar entiende la inquietud que le pudo haber causado la invitación que se le hizo para acudir ante una autoridad militar, lo cual probablemente haya sido la causa por la que pudo haber decidido no comparecer ante el Ministerio Público, dado que usted le atribuye precisamente a personal militar la desaparición de su familiar, por lo que se estima conveniente señalar que en ningún momento se tuvo la pretensión" (de amedrentarlo).

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