Al embajador Dr. Alvaro J. Sevilla Fiero
Al presidente Ing. Enrique Bolaños Geyer
Al arzobispo Miguel Obando y Bravo
A la familia de la niña Rosita
A las Comunidades Eclesiales de Base
A la comunidad católica en general

Como Católicas por el Derecho a Decidir, al igual que muchísimas mujeres, nos sentimos profundamente consternadas ante el caso de Rosa, la niña nicaragüense de 9 años que a consecuencia de una violación quedó embarazada y cuya vida estaba en peligro, y llamamos a los jerarcas de nuestra Iglesia a que humanicen sus palabras y no usen la excomunión de manera tan injusta y anti-evangélica.

No es posible que nuestra jerarquía siga ciega ante la dramática realidad de las niñas que se ven sujetas al abuso sexual y a la violencia física y emocional. Eliminar la discriminación contra las niñas fue uno de los compromisos de los gobiernos del mundo en la Conferencia de El Cairo, como una de las medidas humanitarias más justas de las últimas décadas.

Pero las posiciones confesionales de muchos gobiernos de nuestra región, entre ellos el de Nicaragua, les han impedido romper con el estereotipo de que las mujeres, y en este caso las niñas, tienen que parir a como dé lugar, aunque en ello les vaya la vida, la dignidad y la conciencia.

No podemos entender por qué algunos sectores de nuestra jerarquía continúan sordos al clamor de su feligresía que le demanda humanización, compasión y misericordia ante la tragedia que significa la violación y el embarazo a consecuencia de ésta. No podemos entender que integrantes de nuestra comunidad eclesial sigan atados a la incomprensión, a la falta de sensibilidad e irrespeto de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres.

Sobre todo no podemos entenderlo cuando el Código de Derecho Canónico, la ley que rige a la Iglesia católica, establece atenuantes que exculpan de la pena de excomunión a la mayoría de las mujeres que abortan (cánones 1321,1323 y 1324): cuando no le es gravemente imputable por dolo o culpa, si aún no había cumplido 16 años, si ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto, si obró por violencia, o si actuó por miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o por necesidad, o para evitar un grave perjuicio, si el delito es intrínsecamente malo o redunda en daño de las almas.

Con el pueblo y con la Iglesia nicaragüense de base tenemos una historia común, desde lo que significó vincular nuestra fe con la vida, con la solidaridad y con la revolución nicaragüense; por ello estamos seguras que contamos cada vez más con voces que nos muestran otro rostro de nuestra Iglesia, aquella que es capaz de hacerse niña y comprender el horror de una violación y de una maternidad impuesta; que se hace una con el dolor ajeno; que exige justicia y respeto a los derechos humanos; que aplica la compasión y la misericordia, y que es capaz de ofrecer palabras de aliento y de esperanza, como las del sacerdote nicaragüense Antonio Castro, quien afirmó que "Jesús no vino a expulsar ni a condenar ni a rechazar a nadie... la vida de esa niña era prioritaria... ¿Qué han hecho con el violador? Está tranquilo. ¿Qué ha habido en contra de él?, ¿una excomunión?, ¿una condena?, ¿un juicio? No se ha visto ni se ha hablado una palabra ni en el campo civil ni tampoco en el campo religioso" (El Nuevo Diario, 25 de febrero, 2003).

Por estas razones, proponemos:
1 Que los sectores de la jerarquía tengan una actitud más evangélica con Rosa, con su familia y con todas aquellas personas que colaboraron para evitar un mal mayor. Esta Iglesia no está para excomulgar, sino para ofrecer comunión a todas y a todos. Si hubiera que excomulgar a alguien, tendría que ser a aquellos obispos y sacerdotes pederastas que han violado a niñas, niños, jóvenes o religiosas, a quienes además se les tiene que hacer juicio civil.
2 Que estos mismos sectores respeten el Código de Derecho Canónico y los compromisos que los gobiernos del mundo adquirieron en la Conferencia de El Cairo para eliminar la discriminación contra las niñas; asimismo, que respeten la declaración de los derechos de la infancia.
3 Que las autoridades de Salud y el gobierno nicaragüense no se sujeten a ninguna confesión religiosa, sino a la atención de la salud de la población con criterios estrictamente médicos y sin ninguna discriminación.
4 A los congresistas, que legislen buscando el beneficio de la población, por lo que, al igual que en nuestro país, les solicitamos que despenalicen el aborto en casos de violación.

Finalmente, hacemos un llamado a nuestra comunidad eclesial para que se pronuncie y se solidarice con Rosa, con nuestra querida niña, su familia y los médicos que la atendieron, para que en estos difíciles momentos les digamos: ¡No están solas ni solos, otras católicas y católicos están con ustedes!
 
 

Católicas por el Derecho a Decidir México
María Consuelo Mejía, Pilar Sánchez, Guadalupe Cruz, Marysa Navarro, Luz María Estrada, Marialena Martínez, Betzabel López, Aidé García, Leticia García, Alma Rosa Botello, Cecilia Aurrecoechea, Marcela García, Graciela Rodríguez, Minerva Santamaría, Arabella Jiménez, Alondra Ariza, Salvador Cajiga, Dulce María Vargas, Guadalupe Quezada, Guadalupe Martínez, Fabiola Fernández, Felisa Cruz, Alicia Arines, Ma. Irma Hurtado, Citlali Gastélum, Deni Gastélum, Mariana Delgadillo, Velia García, Francisca Méndez, Salud Lucas, Juanita López.

Católicas por el Derecho a Decidir de Bolivia, Brasil, Buenos Aires, Colombia y Córdoba, y Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir