Silvia Gómez Tagle
Sociedad civil al rescate
Hoy la sociedad civil entra al rescate de la democracia porque ésta no puede florecer sin libertad de expresión y medios de comunicación plurales y veraces que tengan un compromiso con la sociedad y den voz a todos los actores políticos y sociales.
El espacio aéreo mexicano es propiedad de la nación, pero en virtud de la ausencia de políticas públicas en materia de radio y televisión no se ha dado impulso suficiente a la participación de las instituciones culturales y de la sociedad en la comunicación social y cultural, y se ha privilegiado el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la explotación del espacio aéreo; en la actualidad, de las mil 974 frecuencias de radio y televisión autorizadas, 82 por ciento funciona al amparo de una concesión comercial.
En México ha prevalecido gran discrecionalidad en el ámbito de los medios de comunicación electrónica, pilar de sustento del régimen autoritario priísta. La complacencia que los medios de radio y televisión mostraron durante muchos años hacia el gobierno en turno, y que siguen mostrando frente a las políticas públicas y actos de gobierno en general, ha sido recompensada con el otorgamiento de concesiones a unos cuantos empresarios, lo que ha generado una concentración de la propiedad superior a la que existe en otros países donde impera el libre mercado.
En la radio comercial, 76 por ciento del sector se encuentra en manos de 14 familias y sólo cuatro grandes cadenas aglutinan casi la mitad del total de las emisoras (47.8 por ciento). En la televisión la concentración es aún mayor: Televisa opera 306 estaciones, 50 por ciento del total, mientras Tv Azteca cuenta con 180 estaciones, equivalentes a 30 por ciento.
Por ello es indispensable reformar la legislación de 1960, que hoy resulta inadecuada para un país distinto cultural y demográficamente, y ante un mundo en el que las comunicaciones electrónicas han adquirido gran poder, no sólo económico, sino político.
Desde la reforma política de 1977 el derecho a la información plasmado en la Constitución ha sido letra muerta; se han discutido y promovido infinidad de reformas legislativas sin que ninguna haya prosperado, probablemente porque a fin de cuentas se topan con los intereses de partidos y empresarios.
Antes de 2000 se trataba de los intereses del "partido dominante", hoy son los intereses de todos los partidos, quizá más de unos que de otros, pero también de los intereses del Presidente y de su esposa, visiblemente favorecidos por los acuerdos firmados con la Cámara de Radio y Televisión el 10 de octubre de 2002, así como de los intereses de otros actores políticos "de la sociedad civil", empresarios, líderes sindicales, de organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, iglesias, pero sigue siendo un asunto de intereses y de poder.
Para la consolidación de la democracia es indispensable dar certeza jurídica al derecho de información, al derecho de réplica, dar transparencia al otorgamiento de concesiones, desarrollar una política pública de comunicación cultural y social que asigne a los medios el papel que les corresponde como instrumentos para la difusión del conocimiento y del tejido social, o cuando menos que limite el impacto negativo de programas que degradan públicamente al ciudadano (como los llamados talk shows) o que promocionan exceso de violencia.
Es indispensable una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión a fin de lograr que el aprovechamiento de un bien público nacional, que hoy tiene carácter limitado, y que el espectro radioelectrónico no estén al servicio de intereses políticos o económicos particulares.
Ante la falta de voluntad política del Ejecutivo, quien desconoció los trabajos de la mesa de diálogo para la revisión integral de los medios electrónicos que se instalara en marzo de 2001 en la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron representados intelectuales, autoridades, partidos y organizaciones de la sociedad civil, los participantes optaron por elaborar la Propuesta Ciudadana de la Iniciativa de la Ley de Radio y Televisión para una Reforma Integral, que fue presentada el 4 de diciembre de 2003 y turnada a la comisión para la reforma del Estado.
A pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, hoy debería ser compromiso de los legisladores de todos los partidos asumir la defensa de la democracia mexicana que está en juego, como nunca antes, en tanto no se consolide un marco institucional adecuado para las comunicaciones electrónicas que hoy representan un factor de poder real, especialmente en un año electoral como 2003.
