Señala disparidades en la inversión de las cinco principales entidades agrarias

Propone el CEESP nuevo pacto fiscal con estados rurales para rescatar al campo

Afirma que 80 por ciento de los pobres que hay en México son campesinos

DAVID ZUÑIGA

Para sacar al campo mexicano de la crisis se necesita un nuevo esquema de coordinación fiscal que permita a los estados con mayor población rural invertir más en infraestructura y a la Federación vigilar mejor el uso correcto del presupuesto, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En un análisis basado en cifras del año 2000, el organismo señala que en los cinco estados con más población en el campo el gasto en inversión va desde 2.4 por ciento, como ocurre en Oaxaca, hasta 17.7 por ciento en Tabasco; mientras que el gasto corriente oscila entre 6.1 por ciento en los casos de Hidalgo y Zacatecas, hasta 45.6 por ciento en Chiapas.

Estas cifras, agrega, muestran que no existe una correlación clara entre el gasto en inversión y la proporción de población rural en estas entidades, una de las causas del desequilibrio en el desarrollo de las entidades federativas.

El CEESP sostiene que revisar la coordinación fiscal es indispensable para revertir el deterioro físico del campo: 30 millones de hectáreas, equivalentes a 28 por ciento de la tierra cultivable, están erosionadas, y otros 40 millones tienen salitre; además, en los últimos 40 años el país ha perdido 10 por ciento de sus bosques, equivalentes a ocho millones de hectáreas, y 75 por ciento del agua para riego agrícola se desperdicia por falta de infraestructura y técnicas adecuadas.

El documento destaca que a pesar de que México tiene uno de los ingresos por habitante más altos de América Latina y ha destinado cuantiosos recursos para el desarrollo del campo en el último medio siglo, 80 por ciento de los pobres de México están en el medio rural y de estos, 55 por ciento vive en la miseria; el campo concentra 18 por ciento de la fuerza de trabajo del país, pero sólo produce 5.2 por ciento del PIB, y la productividad del campo no es ni un tercio de la observada en la industria manufacturera.

Los problemas del campo no se deben sólo a que la población en estas regiones crece a tasas más elevadas que en las ciudades, sino a otros factores como una escolaridad más baja (en promedio, 3 años de escolaridad contra 7.1 en las ciudades); la mayoría de la población está mal alimentada y es más propensa a enfermedades; además, 9 de cada 10 productores no tienen acceso a tecnología, y 8 de cada 10 no están organizados para trabajar, lo cual propicia que los productores terminen por convertirse en jornaleros.

Los analistas del sector empresarial consideran que durante décadas el gasto público en estados y municipios se ha aplicado de manera deficiente, pues no ha servido para crear infraestructura, formar capital humano u ofrecer alternativas a los campesinos para que no emigren: hoy día, al menos un miembro de 80 por ciento de las familias del campo ha tenido que abandonar su comunidad para buscar empleo en las ciudades o en Estados Unidos.

Los analistas destacan que este nuevo "federalismo rural" debe ir acompañado de una mayor participación de los gobiernos estatales y municipales en la recaudación de impuestos y en la vigilancia sobre el uso de recursos para el campo.

El abatimiento permanente de la pobreza rural, concluye, no se logrará con un aumento de las transferencias federales a los estados que tienen más habitantes en el campo, sino mediante la promoción del desarrollo regional, la generación de ingresos locales, la creación de infraestructura y una mayor dotación de servicios de educación y salud.