Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 14 de marzo de 2003
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Capital

Divide opiniones en el gabinete y causa malestar en el TSJDF y la CDHDF

Avala López Obrador iniciativa de Ebrard, pese a controversias

"No tengo problemas de conciencia", afirma En el DF "se ayuda a pobres y la inseguridad se combate integralmente", responde a críticos Pide equilibrio en materia de derechos humanos

ELIA BALTAZAR

Frente a las críticas y los cuestionamientos en torno a la iniciativa de ley de convivencia ciudadana, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa de la propuesta impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, al afirmar: "No tengo problemas de conciencia" porque en la ciudad de México la gente humilde recibe ayuda y la inseguridad se combate de manera integral. Sin embargo, agregó, también "debemos ser estrictos" para avanzar contra la delincuencia.

Con palabras hasta ahora ausentes en sus declaraciones, el jefe de Gobierno incluso advirtió sobre la necesidad de "buscar el equilibrio" en materia de derechos humanos, pues siempre se mira el tema "del lado de los que delinquen" y hay que verlo también desde el punto de vista de las víctimas.

"Da tristeza y dolor cuando asaltan a alguien y le causan un daño, pues un robo incluso puede costar hasta la vida", dijo.

Interrogado particularmente sobre las observaciones que emitió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre el proyecto de ley de convivencia ciudadana que enviaron las autoridades locales a la Asamblea Legislativa (ALDF), López Obrador se manifestó respetuoso del punto de vista del magistrado, aunque recomendó considerar también la posición de la SSP, cuyo titular es el artífice de la propuesta, cuestionada incluso entre los miembros del gabinete.

Dijo López Obrador: "Estoy convencido de que el problema de la inseguridad tiene que enfrentarse de manera integral y no con una sola medida o mediante el endurecimiento de penas o mano dura". Por eso, dijo, "no tengo problemas de conciencia, pues en la ciudad se están atendiendo las causas de la delincuencia y ayudando a la gente humilde". Pero también, agregó, "tenemos que ser estrictos" y "ver los derechos humanos de las víctimas" y no sólo de quienes delinquen.

Fuentes del gobierno capitalino, sin embargo, han advertido sobre el malestar que ha despertado la propuesta de Ebrard no sólo en el TSJDF, sino también en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con el mismo gabinete, dentro del cual el titular de la SSP ha tenido que enfrentar fuertes críticas por sus métodos y medidas para enfrentar la delincuencia.

Aunque la controversia gira en torno a la iniciativa impulsada por Ebrard, el jefe de Gobierno manifestó particular atención a las reformas al Código Penal que se han puesto a consideración de los legisladores locales, dada la necesidad de adecuar el marco legal para combatir delitos como el robo y las conductas delictivas reincidentes.

Por ejemplo puso el caso de quienes "roban una cantidad menor en un microbús" y que no bien llegan a la cárcel consiguen su libertad. "Tenemos que ajustar bien el marco legal y no permitir la reincidencia. Porque si entran y salen (los delincuentes) no vamos a avanzar".

Con base en estos argumentos, López Obrador confió en que los legisladores locales aprobarán las reformas al Código Penal, pues las que entraron en vigor el año pasado no ofrecen los instrumentos legales necesarios para combatir delitos como el robo y permitieron la salida de 3 mil internos de las cárceles en menos de dos meses.

Lo que pretende el gobierno capitalino ahora, dijo, es rectificar para no dejar las cosas como están, pues "vamos a estar remitiendo gente a los juzgados, al Ministerio Público y no vamos a avanzar".

El jefe de Gobierno, además, expresó su preocupación porque la gente piensa que las autoridades no hacen nada por detener a los delincuentes porque ya no hay espacio en las cárceles. Aclaró que sí hay espacios porque la administración local está atendiendo el problema del hacinamiento mediante la construcción de nuevos reclusorios. Pero está pendiente, remarcó, contar con un marco legal adecuado.

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