El conflicto ?ya viejo, como todos en el campo mexicano? tenía todo para darle sabor a la “nota”: bronca étnica, pleito político entre gobernadores, impericia de autoridades federales, “ausencia del Estado de derecho”, oportunidad para darle con todo a los “usos y costumbres” indígenas. Y así se hizo. Los medios desplegaron en grande la bronca tepehuanos-ejidatarios de Durango-Zacatecas.
Detrás de éste y 30 mil conflictos más puede haber caciques, guardias blancas, fundamentalismos variados, narcos, y todos los etcéteras imaginables. Pero una cosa domina: la añeja torpeza gubernamental que atizó el fuego.
Hoy, el gobierno foxista tiene en la mira 53 conflictos de “alta prioridad”, de los cuales 25 ?en 15 estados? son considerados de “alto riesgo”

CUANDO MAS DE MIL TEPEHUANES de Santa María Ocotán y Xoconostle, Durango, se pusieron en pie de guerra para “rescatar” las tierras de sus ancestros y, con lanzas, arcos y flechas de madera, desalojaron a 280 habitantes del ejido Bernalejo de la Sierra, Zacatecas, el conflicto agrario se volvió un escándalo nacional.

Desgraciadamente, este episodio es apenas la punta del iceberg de innumerables problemas y disputas por tierras que hay en el país. Un síntoma de lo que ocurre en el campo mexicano son las cada vez más frecuentes imágenes en los medios de comunicación de campesinos que, machete o palo en mano, reclaman justicia o la procuran motu propio.

En esta problemática del México rural hay muchos factores que concurren: añejos rezagos agrarios; demandas insatisfechas de tierra y de restitución a comunidades indígenas; conflictos de límites entre estados, municipios, ejidos, comunidades y propiedad privada; invasiones y despojos de terrenos ejidales o comunales.

Estos conflictos se agravan por decisiones gubernamentales contradictorias; por trámites agrarios que tardan décadas; y por la indolencia oficial y la corrupción. A ello se suma la violencia generada por la pobreza y la desesperación, o la ejercida por caciques, narcotraficantes o guerrilleros. Las disputas agrarias también se combinan con luchas políticas y económicas, como la emprendida por la autonomía indígena.

Hay regiones enteras que viven en un clima de guerra civil. En algunos casos hay visos de estallidos sociales, rebeliones como la de Chiapas y acciones de resistencia colectivas. Son reales las amenazas de que irrumpa la violencia brutal, como ocurrió en la matanza de 26 campesinos por disputas agrarias en Agua Fría, Oaxaca, en mayo del año pasado. Tan sólo esta semana se reportaron dos muertos y tres heridos en dos de los 656 conflictos de tierras que hay en esa entidad.

Los problemas en el agro se multiplican y representan ya un desafío para el gobierno de Vicente Fox. En más de dos años de gestión, el Ejecutivo ha sido rebasado por casos como el del ejido Bernalejo; la revuelta social en San Salvador Atenco; la matanza de Agua Fría; los intentos de desalojo en Montes Azules y la anunciada resistencia de la guerrilla zapatista; y la violencia agraria en la región mixteca.

Lección de Atenco: privilegiar el diálogo

El gobierno federal reconoce la gravedad que entrañan estos problemas en el país y ha clasificado 53 de ellos como de “alta prioridad”.

En un estudio elaborado por asesores de la Procuraduría Agraria (PA) el año pasado, se mencionan 22 conflictos agrarios ?en 15 estados? considerados como de “alto riesgo”. Todos ellos en zonas indígenas. El diagnóstico ?que no se hizo público? aborda conflictos de tierras en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, estado de México, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sonora, Sinaloa, Guerrero y Baja California.

Según la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), María Teresa Herrera Tello, esta dependencia “tiene en litigio 114 conflictos agrarios de los 600 que hay en el país, entre los que figuran 120 entre las distintas entidades federativas” (La Jornada, 20 de diciembre, 2002).

Herrera Tello informó que este año, por primera vez, se destinará un presupuesto específico ?300 millones? para la resolución de conflictos agrarios, incluida la adquisición de tierras. “Se busca una solución por la vía de la conciliación. La lección de Atenco fue que (en futuras ocasiones) el gobierno privilegiará el diálogo”, subrayó la funcionaria.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, encargada de la Oficina Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aclaró ante legisladores que existen 382 conflictos de este tipo, de los cuales 18 afectan en forma severa a zonas indígenas, “que podrían derivar en hechos violentos”. “Su solución ?añadió? debe basarse más en el diálogo, que en fallos judiciales” (Gaceta Parlamentaria, 26 de agosto, 2002).

Por su parte, la Confederación Nacional Campesina afirmó recientemente que existen 6 mil conflictos donde hay “considerable riesgo de violencia”.

Con base en una investigación de la Procuraduría Agraria y en información periodística, Masiosare presenta 25 casos considerados por las autoridades agrarias como los más graves, pues ahí, en el corto plazo, puede surgir la violencia.

Baja California

Oaxaca

Santa María logró acuerdos con 14 poblados (de 22) y San Miguel Chimalapa mantiene litigio en dos. A pesar de la intervención federal, la situación empeoró por el rechazo de ejidatarios, el conflicto de límites entre ambos estados y la presencia del narcotráfico y de traficantes de madera.

Región Mixteca. Esta es una de las zonas más pobres del país; existen ahí 167 conflictos de tierras (de 696 que hay en el estado) que involucran a 332 comunidades de 130 municipios. Siete de ellos son considerados por las autoridades agrarias como “prioritarios”. Los conflictos abarcan 97 mil 909 hectáreas (52% de la región).

Destacan los conflictos en San Pedro Yosotatu, municipio de Tlaxiaco, y el de Santa Catarina Yosonotu, Santa Lucía Monteverde. San Pedro sufrió en 1976 la invasión de sus tierras ejidales por parte de San Sebastián Nopalera, que también invadió Santa Catarina. En ambas comunidades, a pesar de contar con resoluciones agrarias a su favor, no han sido ejecutadas por las autoridades correspondientes. Recientemente se han movilizado los indígenas para demandar solución a estos conflictos en los que además de la tierra se disputa el poder de la región.

San Francisco del Mar. A esta comunidad le fueron restituidas 56 mil hectáreas, pero en esas tierras se incluyó al pueblo de San Francisco Ixhuatán, cuyos habitantes poseían 21 mil 822 hectáreas ?sin títulos agrarios? antes del decreto. El conflicto data de 1949 y ha generado violencia entre ambos pueblos. Las autoridades agrarias proponen que los pequeños propietarios de terrenos menores de 10 hectáreas sean reconocidos como comuneros, que se expropie la mitad del terreno en disputa y se desocupe la otra mitad.

San Juan Lalana. En los límites de Veracruz y Oaxaca existen varios conflictos agrarios entre comuneros y presuntos pequeños propietarios. La comunidad chinanteca tenía un litigio con pequeños propietarios en 5 mil 587 hectáreas. El Tribunal Agrario reconoció la tierra a los comuneros de Playa Vicente, pero dejó a salvo los derechos de los propietarios dentro de sus tierras. Lo mismo sucedió a San Juan Lalana, que disputa 2 mil 925 hectáreas con San Gabriel la Chinantla, Playa Vicente (Veracruz) y Santiago Jalahui (Oaxaca). Estas querellas han provocado violencia entre indígenas, ejidatarios y particulares. Los chinantecos también enfrentan a caciques que buscan despojarlos de sus tierras, lo que ha dejado muertos, heridos y presos.

Agua Fría, Xochiltepec. En la Sierra Sur del estado, el 31 de mayo del año pasado fueron asesinados 26 indígenas zapotecas de Xochiltepec, presuntamente por campesinos de Teojomulco. El origen es la disputa de tierras ?ricas en bosques y recursos minerales? entre Santiago Textitlán, Santa María Zaniza y Teojomulco. En la zona existen caciques, guardias blancas, narcotraficantes y grupos armados. Mientras una decena de campesinos permanece encarcelada por el crimen, la tensión continúa en el lugar a pesar de la presencia del Ejército.

Chiapas

En 1978, otro decreto creó la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que abarca 80% de la tierra entregada a los lacandones. En la reserva se ubican 32 pueblos, 26 de manera irregular y seis con documentos agrarios. De ellos, 15 negocian con el gobierno su reubicación; siete ya desalojaron (pero ante el incumplimiento oficial abandonaron las tierras asignadas), y seis más buscan su regularización. Hay ocho pueblos que no aceptan negociar (la mayor parte integrados por bases zapatistas).

El gobierno federal inició los desalojos el fin de año pasado pero tuvo que posponer sus planes ante la advertencia del EZLN de que no permitiría ningún “desalojo pacífico”.

Nicolás Ruíz. En 1980, las autoridades le restituyeron 4 mil 722 hectáreas a la comunidad de Nicolás Ruíz. Entonces, los tzotziles invadieron otras 970 hectáreas de particulares y ejidatarios de los municipios de Venustiano Carranza y Teopisca. La comunidad basa su reclamo en cédulas virreinales. La disputa ha dejado una decena de muertos. El Tribunal Agrario determinó adquirir 2 mil 700 hectáreas para entregarlas a los indígenas.

En 1994, un conflicto político entre comuneros provocó que la mayoría, simpatizante perredista, expulsara a 226 priístas. Las autoridades promueven su retorno pero la comunidad se niega a negociar.

Venustiano Carranza. Tras una larga lucha agraria, el gobierno federal entregó 50 mil 152 hectáreas a los comuneros de Venustiano Carranza. Pero los tzotziles invadieron otras mil 121 hectáreas de particulares.

La Casa del Pueblo, organización radical a la que se le ha vinculado con grupos guerrilleros, encabezó la lucha por la tierra en la región que ha dejado decenas de muertes, provocadas por caciques, guardias blancas y los mismos indígenas. Sin embargo, dentro de la comunidad se dieron divisiones y en 1995 fueron expulsados más de 100 comuneros.

La disputa agraria se combina con el conflicto político entre La Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé, integrada por particulares y comuneros disidentes. La alianza reclama 20 mil hectáreas de la comunidad.

En octubre de 2000, las partes firmaron un acuerdo de respeto a derechos individuales y colectivos. Pero el asesinato de un comunero provocó que se rompieran las negociaciones. El 19 de abril de 2001, ocho campesinos de la alianza fueron asesinados, presuntamente por miembros de La Casa del Pueblo. Hace dos semanas, la procuraduría estatal detuvo a dirigentes de esa organización, que derivó en un enfrentamiento entre comuneros y policías estatales, resultando 49 detenidos y decenas de heridos.

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco-Nayarit-Zacatecas

La comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, tiene un litigio con pequeños propietarios de Puente de Camotlán, Nayarit. En 1953, un decreto presidencial reintegró 240 mil 447 hectáreas a los huicholes de San Sebastián, pero 22 mil de ellas estaban en manos de 54 particulares de Nayarit. Todos los juicios han favorecido a los indígenas, por lo que las autoridades federales propusieron la desocupación de los particulares y la indemnización por la mitad de la tierra (2000). Se ha comprado una pequeña parte, pero el litigio continúa, provocando choques entre indígenas y particulares.

En el otro caso, San Andrés Cohamiata, Jalisco, disputa 2 mil 700 hectáreas a ejidatarios de San José del Refugio, Zacatecas. Los huicholes han ganado todos los juicios pero los ejidatarios continúan invadiendo sus tierras con el apoyo del gobernador zacatecano Ricardo Monreal. La tensión entre las partes podría desbordarse.

Estado de México

Michoacán

Santa Ana Zirosto. Esta comunidad de Uruapan, amparada en un título virreinal, logró el reconocimiento de 5 mil 595 hectáreas. Pero 404 hectáreas eran de particulares, que el Tribunal Agrario defendió. En 1991, los comuneros ocuparon esas tierras y las autoridades encarcelaron a varios comuneros. Según el estudio de la PA, “de cumplimentarse las órdenes de aprehensión y restituir los terrenos, se provocaría un conflicto social grave”. Para evitar mayores problemas, las autoridades decidieron adquirir los predios en conflicto. Sólo que los propietarios no están de acuerdo con los 10 mil pesos por hectárea que les quieren dar.

La Barra, Ario de Rosales. Campesinos de La Barra promovieron el reconocimiento de 399 hectáreas como tierras comunales, pero el Ttribunal Agrario rechazó su petición. La tierra es propiedad de un particular, que denunció a los campesinos porque extraían clandestinamente madera. Los operativos del gobierno estatal contra el tráfico de madera provocaron enfrentamientos con los campesinos, mientras las tierras siguen en litigio.

Jauja, Queréndaro. Comuneros de Queréndaro reclamaron mil 500 hectáreas que poseían, al tiempo que invadieron Jauja (639 hectáreas). Tras años de conflicto, los propietarios quieren vender las tierras pero la organización campesina se ha negado a firmar el acuerdo agrario con la SRA.

Sonora

Sinaloa

Quintana Roo

Veracruz

Valle de Uxpanapa. En 1970 se construyó la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, y los chinantecos del lugar fueron desplazados a Veracruz para fundar 12 pueblos y un municipio. El gobierno les prometió tierras de cultivo y apoyos que nunca llegaron. Después de más de 30 años, el Valle de Uxpanapa está integrado por 94 ejidos que buscan regularizar sus tierras, pero un problema de límites entre los dos estados impide una solución. Hay 12 ejidos que han invadido terrenos de Santa María Chimalapas, Oaxaca.

En los límites de los dos estados, la SRA creó un mosaico de ejidos al modificar los planos originales en el escritorio y propició conflictos agrarios.

Las Margaritas, Uxpanapa. Un decreto presidencial en 1970 otorgó 780 hectáreas a un grupo de indígenas para formar el ejido Las Margaritas, pero éstos no tomaron posesión. En 1988, la SRA ejecutó el decreto y las tierras fueron recibidas por otro grupo de campesinos, quienes no acreditaron ser ejidatarios. Después, otros campesinos se introdujeron en el ejido, provocando enfrentamientos. Mientras la disputa está en los tribunales, la tensión entre ambos grupos aumenta.

Durango?Zacatecas

El Tribunal Agrario anuló la expropiación el 19 de febrero pasado y los tepehuanes, que ocuparon las tierras de Bernalejo desde hace un año, desalojaron a los ejidatarios. Como el juicio agrario puede tardar años, las autoridades federales ofrecieron 35 millones de pesos de indemnización a los ejidatarios de Bernalejo para convencerlos de que cedan las tierras. Pero éstos rechazan la oferta. Los gobiernos de Zacatecas y Durango han utilizado políticamente el conflicto y los tepehuanes se muestran desafiantes ante los elementos de la PFP y el ejército presentes en la zona.

Estos son casos del México bronco en el que casi nada cambia a pesar de la transición. Son el anuncio de la posible aparición de nuevos Atencos o incluso nuevos Aguafrías.