Prevalecen impunidad y anomalías, sostiene
la relatora especial Altolaguirre
Pide la CIDH intervención federal por asesinatos
de mujeres en Juárez
Señala que la negligencia gubernamental permea
las investigaciones de los homicidios
Presenta informe sobre violencia y discriminación
hacia las mujeres en la ciudad fronteriza
VICTOR BALLINAS /I
En Ciudad Juárez actualmente "reina la impunidad":
ésta sigue siendo práctica general en los homicidios y desapariciones
de mujeres, en la negligencia y las irregularidades de la respuesta gubernamental
ante 285 asesinatos de niñas y mujeres y las casi 300 desapariciones.
Destaca lo anterior la relatora especial sobre los derechos de la mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta
Altolaguirre, en su informe sobre la situación de la violencia y
discriminación hacia la población femenina en esa ciudad
fronteriza.
La relatora especial advierte que "subsiste la tendencia
de parte de algunas autoridades de culpar a la víctima por colocarse
en una situación de peligro". En su informe, hecho público
hoy en la CIDH, señala que es grave la situación de violencia
que enfrentan mujeres y niñas de Ciudad Juárez, consistente
en desapariciones y homicidios, así como actos de violencia doméstica
y sexual. Altolaguirre sostiene que las investigaciones de esos brutales
asesinatos y otros delitos han estado y continúan plagadas de irregularidades.
El informe abarca 285 homicidios y casi 300 casos de mujeres
desaparecidas. En él plantea que "la respuesta de las autoridades
ha sido notoriamente deficiente, la gran mayoría de esos asesinatos
siguen impunes, se ataca a las víctimas y se les descalifica, incluso
se les ha llamado mujeres fáciles o prostitutas". Estos crímenes,
se abunda en el documento, son un problema de seguridad pública,
social y humano que requiere la colaboración del gobierno federal
para resolverlo, porque no ha bastado la condena que ha formulado el presidente
Vicente Fox.
Altolaguirre,
quien estuvo en misión de trabajo en Ciudad Juárez el 10
y el 11 de febrero de 2002, expone que "es más lo que puede y debe
hacer el gobierno mexicano, el cual está obligado a actuar con la
debida diligencia en la investigación, procesamiento y castigo de
los delitos. Porque hasta hoy la respuesta de las autoridades ha sido notoriamente
deficiente y dichas fallas en la respuesta del gobierno eran tan evidentes
que desde 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos -que presidía
Mirelle Roccatti- emitió la recomendación 44/98, la cual
tuvo insuficiente respuesta".
En este punto, la relatora especial señala que
el seguimiento de la CNDH fue escaso, con lo cual no garantizó la
aplicación de las importantes recomendaciones contenidas en ese
documento. Agrega que no se ha hecho frente al problema de los crímenes,
violaciones y desapariciones de mujeres con las medidas que corresponden
a la gravedad de los hechos. Sostiene que el hecho de que la gran mayoría
de esos delitos se mantengan impunes "requiere una urgente respuesta".
Aunque la visita de la funcionaria de la CIDH se efectuó
el año pasado, cuando se entrevistó con autoridades estatales
y federales, organizaciones sociales y civiles, nacionales y locales, legisladoras
y con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
hasta hoy se hace público el contenido del informe, que incluye
observaciones del gobierno mexicano.
Al respecto Altolaguirre y la CIDH indican que el gobierno
mexicano le hizo saber "en sus observaciones por escrito que han sido entregados
a la justicia 93 responsables de esos homicidios y desapariciones de mujeres,
incluso sus cómplices y colaboradores. Por ello, el gobierno mexicano
sostiene que no es de considerarse que en Ciudad Juárez impere un
fenómeno de impunidad, en tanto dicho concepto implica la inactividad
del Estado para sancionar a los responsables". No obstante lo anterior,
la CIDH y la relatora insisten en que los resultados "no son un satisfactorios,
ya que se deja sin respuesta la vasta mayoría de los casos".
La relatora especial advierte en el voluminoso documento
que la impunidad de esos crímenes brutales contra mujeres "envía
el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación".
Asimismo, apunta que observó que en las investigaciones de los homicidios
se discrimina la participación femenina. La CIDH hace especial énfasis
en que "el problema de violencia contra la mujer en sí mismo es
una manifestación de discriminación basada en el género".
Resultado de su visita a Ciudad Juárez y de las
entrevistas que sostuvo con familiares de víctimas, dirigentes de
organizaciones sociales, defensores de derechos humanos locales y nacionales,
así como con las propias autoridades, la relatora subraya que actualmente
"hay un clima de intensa tensión y muy contraproducente entre muchas
de las autoridades y los familiares de las víctimas y los representantes
de la sociedad civil, y mucho de ello se debe a las respuestas arrogantes,
ineficaces y de abierta hostilidad de los encargados de las investigaciones,
y además de la notoriamente deficiente investigación, y,
sobre todo, de que no hay pruebas de que se investiguen los primeros crímenes,
los que datan de 1993, y que el Estado mexicano reconoce que hubo deficiencias,
irregularidades y que no se profundizaron las investigaciones".
En relación con algunos de los detenidos, como
son los casos de El Zedillo y La Foca, la relatora especial
de la CIDH asegura que tiene informes médicos en los que se constata
que fueron torturados, pues los dos recibieron quemaduras en los genitales
y otros golpes. Además, aunque el gobierno mexicano señala
que se encuentran encarcelados los autores de los homicidios ocurridos
en 1996 y 1999, lo cierto es que no han sido juzgados y esa demora representa
problemas desde el punto de vista de la instrucción, ya que las
pruebas testimoniales y materiales tienden a deteriorarse a lo largo del
tiempo y resulta más difícil presentarlos.
Descalificación de las víctimas
En el informe, Altolaguirre ma-nifiesta su preocupación
por el hecho de que las autoridades no han investigado con profundidad
los homicidios descritos como múltiples o seriales y también
por la descalificación de las víctimas, como se hizo al principio,
cuando el gobierno panista de Chihuahua estaba a cargo de Francisco Barrio,
quien decía que las víctimas utilizaban minifaldas, salían
de baile, eran "fáciles" o prostitutas.
La relatora insiste en plantear la gravedad de la impunidad
y advierte que la condena de muchas personas, organizaciones civiles y
sociales, incluido el Presidente de la República, no han sido suficientes
para modificar esa situación.
El gobierno mexicano sostiene que el problema de los asesinatos
de Ciudad Juárez es de carácter estatal y por eso en ese
nivel se atiende, mientras la Procuraduría General de la República
colabora con capacitación e investigación, pero le toca por
competencia al estado de Chihuahua y el gobierno federal considera que
la solución no es subrogar obligaciones.
Altolaguirre aclara que si bien la jurisdicción
penal puede ser cuestión de derecho interno del estado de Chihuahua,
en muchos de esos delitos el gobierno federal es responsable conforme a
las normas internacionales.
