Situado en la zona conurbada de la ciudad de México, es el segundo municipio más rico del país, una zona de duros contrastes y un territorio en disputa. En Huixquilucan, los conflictos derivados de la especulación inmobiliaria, la devastación ecológica y demandas agrarias amenazan con desbordarse. Destaca la lucha iniciada por los comuneros del lugar, descendientes de los otomíes originarios, que reclaman la restitución y titulación de tierras comunales, sus antiguos dominios. Tres comunidades pelean la propiedad de unas 10 mil hectáreas, 70% del territorio municipal

JOAQUIN Y SU FAMILIA VIVEN EN UN CUARTO de cartón en medio de un baldío ubicado a pocos metros de Interlomas, una de las zonas más privilegiadas del país. “Allá sí viven rebien”, comenta al señalar unos apartamentos de lujo.

Tras un largo peregrinar, procedentes de Puebla, se establecieron hace cinco años en las montañas cercanas, en una colonia de paracaidistas. “De allá fuimos desalojados por los comuneros de Santa Cruz –relata–; dijeron que eran sus tierras y que nos teníamos que ir por las buenas. Les dijimos que habíamos comprado el pedacito de tierra. Ellos dijeron que era ilegal. Los líderes del PRI nos abandonaron, nos engañaron, nomás se quedaron con el dinero, por eso nos venimos pa’cá”.

Es difícil no conmoverse al verlo parado en ese paraje sucio desde donde se observan varios edificios modernos de cristal. Cuenta que su hijo mayor, como muchos huixquiluquenses, se fue a Estados Unidos; pero son más los que han llegado a vivir aquí.

La historia de este albañil refleja los contrastes y problemas que existen en Huixquilucan.

Este rincón del estado de México está situado al poniente de la ciudad de México, dentro de la zona metropolitana. Es el segundo municipio con más alto ingreso per cápita del país (4.5 millones de pesos), después de San Pedro Garza García, Nuevo León. Pero de sus 200 mil habitantes, sólo la décima parte concentra la riqueza y habita en zonas de lujo. Su antítesis es el 60 por ciento de los huixquiluquenses que percibe menos de dos salarios mínimos, muchos de los cuales habitan en casas con piso de tierra, sin drenaje ni agua.

De 25 pueblos, sólo tres tienen tierras comunales: Santa Cruz, San Francisco Ayotuxco y la cabecera municipal (Huixquilucan). Desde hace un lustro iniciaron un juicio agrario por el reconocimiento de 5 mil hectáreas. Durante años, los gobiernos municipales del PRI y del PAN, aliados a las grandes constructoras, presionaron a los campesinos para cambiar al uso del suelo y adquirir las tierras. El agua ha sido otro factor de discordia. Hace unos meses se formó un movimiento en defensa del servicio ante lo que consideraron su privatización mediante un organismo descentralizado creado para administrarlo.

Tierra de contrastes

En esta demarcación también persiste la división clasista del territorio. De un lado están asentadas las colonias La Herradura, Tecamachalco e Interlomas, donde destacan enormes edificios con lagos artificiales, conjuntos residenciales exclusivos, calles enrejadas, malls y restaurantes para las elites mexicanas –una opulencia amurallada que deslumbra e insulta a la vez–, y en el otro, asentamientos populares donde subsisten hacinadas más de 70 mil personas.

Justo enfrente de este selecto lugar, separada por la autopista Lechería-La Venta –una de las más caras del mundo–, crece sin control la mancha urbana: barrios pobres, pueblos urbanizados y villas de miseria encaramadas en las montañas.

Basta mirar Interlomas para constatar las excentricidades de esta ínsula del progreso, donde abundan los letreros en inglés, y los terrenos y casas se cotizan en dólares. Aquí no hay crisis y las decenas de edificios y conjuntos residenciales en construcción lo confirman.

A los desarrolladores, como se les dice a los dueños de este emporio, parece no importarles mucho que no haya agua suficiente para cubrir la demanda del municipio. Tienen tanto poder, que negocian directamente con el gobierno del estado permisos de construcción y el abasto del vital líquido con la Comisión Nacional del Agua.

Y por si fuera poco, hay tres clubes de golf exclusivos. En diciembre pasado fue inaugurado el Bosque Real Country Club, “uno de los mejores del mundo”, según reza la publicidad. En suma: esta es una ciudad residencial, amurallada con restaurantes, cines, universidades, centro comercial y hasta lago artificial.

Entre los socios de este excepcional desarrollo están Pablo Funtanet y Alberto Rivera (creadores de Interlomas), además de Carlos Peralta, Carlos Slim y el obispo Onésimo Cepeda. Los Funtanet también son socios en Tribasa y fueron dueños de Bancrecer, y en ambos casos se beneficiaron de los rescates carretero y bancario, es decir, del Fobaproa. Son los mismos inversionistas quieren extenderse hacia el bosque.

Tal es el influjo que provoca esta demarcación, que el presidente municipal, Guillermo Espinoza Cruz, despacha normalmente en sus oficinas de Interlomas y no en el palacio municipal, en el pueblo de Huixquilucan.

El mismo alcalde panista reconoce que los terrenos de Interlomas –donde el metro cuadrado tiene un precio de hasta 600 dólares– “son de las tierras más caras del país”.

Espinoza Cruz ha defendido la edificación de desarrollos de primer nivel –pese a la falta de vialidades y de agua– “porque ello genera ingresos extraordinarios para la hacienda municipal y es preferible tener comunidades ordenadas a invasiones con casuchas de lámina”.

Javier Campos, secretario del ayuntamiento, reconoce que “el problema es cómo gobernar un lugar con tantos contrastes. El municipio sobrevive haciendo un reparto de la riqueza. Con lo que pagan las zonas residenciales de agua y predial, sale obra pública, servicios, el pago del líquido y se compran camiones municipales”.

Entre los periodistas locales es un secreto a voces que Interlomas es la caja chica del gobernador Arturo Montiel, que ha permitido el crecimiento desmesurado de edificaciones suntuosas que, supuestamente, generan jugosos negocios. No es causal que el próximo presidente municipal, David Korenfeld, fuera director general de la Comisión para la Regulación de Suelo, del estado de México, instancia que autoriza los desarrollos urbanos. Se dice que el priísta Korenfeld, joven abogado de origen judío, también es socio del Bosque Real Country Club.

Comuneros reclaman las tierras

Sus montañas forman parte de la sierra que delimita el Valle de México. Sus bosques de oyamel y encino están amenazados por el crecimiento caótico de la ciudad, la especulación inmobiliaria y la tala ilegal.

En este contexto, la disputa por la tierra ha provocado tensiones sociales. El asunto es complejo, pues involucra a indígenas urbanizados, colonos, poderosos inversionistas, pequeños propietarios, fraccionadores, paracaidistas, talamontes y funcionarios municipales, estatales y federales.

El secretario del ayuntamiento explica que las discordias por la propiedad de la tierra implican a 70% de la superficie del municipio (14.3 mil hectáreas). En los terrenos en cuestión habitan 40 mil personas y hay cientos de propietarios de predios rurales, además de grandes empresas como Coca-Cola, Cervecería Modelo y Televisa.

En 1994, mil 300 comuneros de Santa Cruz Ayotuxco iniciaron un juicio para reclamar el reconocimiento y restitución de 5 mil 995 hectáreas como tierras comunales. A la demanda se sumaron después 400 comuneros de San Francisco.

Por otra parte, hace dos años, 870 comuneros de Huixquilucan se ampararon ante el Poder Judicial para impedir despojos en 4 mil 165 hectáreas comunales que les fueron tituladas en 1943. Por esa razón, se oponen a la construcción de un deportivo y un hospital para la mujer que el ayuntamiento comenzó a edificar.

El caso más conflictivo es el de los comuneros de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco. Actualmente, el asunto está en manos del Tribunal Unitario Agrario, que debe decidir qué porción de tierra corresponde a los comuneros y cuál a propietarios privados y avecindados.

Pablo Romero Segura, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz, precisa: “No sólo estamos solicitando reconocimiento de la tierra que dejaron nuestros abuelos, también estamos defendiendo los bosques y el agua. El cuidado del medio ambiente es una de las razones de nuestra lucha”.

Sin duda, el bosque, que representa 50% de la extensión municipal, está amenazado. Pablo Romero asegura que sin apoyo de la sociedad “el bosque no tiene esperanza”. Sabe que la pobreza orilla a la gente a cortar madera para sobrevivir, además de que algunos se dedican a la tala ilegal como negocio. Las autoridades federales consideran el área como una zona “ingobernable” en materia ambiental y las autoridades estatales poco han hecho para cuidar esta reserva ecológica. Ante ese panorama, los comuneros han organizado brigadas para apagar incendios y cuidar el bosque, y a pesar de que han coordinado su trabajo con el municipio, es poco lo que pueden hacer. La deforestación continúa. De hecho, en lugares como San Lorenzo Huitzizilapan, los comuneros no pueden acercarse porque hay gente armada que sigue desmontando.

Los involucrados en el conflicto agrario coinciden en que el tribunal está sentado en un “barril de pólvora”. Pero en tanto se resuelve el caso, los roces por la tierra aumentan. Fraccionadores, algunos comuneros y presuntos propietarios están vendiendo terrenos y construyendo casas. Por su parte, la asamblea comunitaria de Santa Cruz decidió crear comisiones para vigilar el territorio y “resguardar” 900 hectáreas para evitar que sean invadidas. Cada domingo, los comuneros hacen faena para sembrar maíz y frijol en los terrenos.

Una larga historia

De un abultado legajo, los comuneros extraen un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 1898 otorgó un amparo a favor de la comunidad “contra deslindes y cualquier despojo”.

Los habitantes de Santa Cruz cuentan que en 1937 solicitaron al Departamento Agrario del gobierno de Lázaro Cárdenas el reconocimiento y titulación de sus tierras. Pero los caciques amenazaron a sus representantes, que por temor abandonaron los trámites agrarios.

Fue hasta 1975 cuando la Secretaría de la Reforma Agraria reconoció como comunales 401 hectáreas a Santa Cruz y 301 a San Francisco. “Esa decisión nos despojó del resto, por lo que la gente estaba inconforme”, recuerda Romero Segura.

En los noventa, los conflictos se agravaron por la confusión entre tierras comunales, ejidales y privadas. En 1994, Santa Cruz inició un juicio agrario para que le fuera restituida su propiedad. El litigio provocó que se disparara la compra-venta ilegal de terrenos. En el año 2000, el Tribunal Agrario decidió que mientras duraba el proceso jurídico nadie podía vender ni fincar, pero la resolución del magistrado no se respetó.

El líder de los comuneros denuncia que “los fraccionadores y los caciques –destacan las familias Gutiérrez y García– no han cumplido, y el ayuntamiento panista permite asentimientos irregulares y otorga permisos de construcción en el bosque, que fue declarado área protegida desde 1980”.

A nombre del ayuntamiento, Javier Campos rechaza la versión. Precisa que el municipio frenó los asentamientos irregulares y canceló las licencias, “pero la gente construye sin permiso”.

Por su parte, Pablo Romero asegura que después de llegar a un acuerdo con las autoridades para impedir nuevas construcciones, los caciques les ofrecieron dinero para que dejaran su lucha, “pero al no lograr su objetivo, comenzaron las presiones y las amenazas de muerte”.

Los comuneros han presentado denuncias ante las autoridades federales, pero éstas no han actuado.

De acuerdo con los comuneros, hay empresas que adquirieron ilegalmente terrenos en la zona en conflicto, como Coca-Cola, Cervecería Modelo (que ahora los revende en millones de dólares), Televisa y hasta la embajada francesa, ente otros. También hay varias minas de arena y cantera en San Cristóbal y Magdalena Chichicaspa, “que están acabando con el monte y siguen extrayendo piedra sin permiso de las autoridades respectivas”, explica Romero.

Una visión opuesta es la de Ignacio García Quiroz, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Propietarios, de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco. Esta organización agrupa a 600 propietarios que se oponen a la lucha de los indígenas. García rechaza que ellos estén vendiendo y culpa a los comuneros de Santa Cruz de estar invadiendo tierras: “Esto, con cualquier chispita, va a incendiarse; si la cosa sigue así la violencia será un punto sin retorno”.

El dirigente de los propietarios asegura: “No somos caciques; desde hace 100 años mis abuelos compraron las tierras, tenemos títulos y escrituras de 1896 y 1924”.

Sin embargo, uno de los problemas más difíciles de resolver es el de los 15 asentamientos irregulares que hay en las tierras que pelean los comuneros, donde viven precariamente unas 12 mil personas. Ahí faltan casi todos los servicios públicos, y el bosque y el agua están amenazados por el crecimiento poblacional descontrolado. Entre las cañadas, en laderas empinadas, en llanos y en otros rincones, se han levantado casuchas de lámina, cartón y madera y otras más de cemento. En lugar de calles hay veredas y andadores estrechos para acceder a las casas.

Los comuneros de Santa Cruz denunciaron que “los líderes de todos los partidos se aprovechan de la necesidad de la gente. Al principio, las invasiones fueron encabezadas por el PRI, pero ahora también por el PRD, y el presidente del PAN permite las construcciones”.

Pero no todo es blanco y negro. Romero acepta que “algunos comuneros también venden a los corredores de terrenos. Pero son los caciques los que están fraccionando”.

En un recorrido por la zona, se pudo ver cómo los fraccionadores queman árboles, después limpian y dividen el terreno para venderlo.

Pablo Romero aclara que los comuneros no pretenden despojar de sus casas a los habitantes de esas colonias pobres, sino que la mancha urbana no crezca más. “El problema son los fraccionadores, que queman el bosque y lo venden por pedacitos”.

La protección del bosque y el combate de incendios lo hacen los comuneros con sus propios medios. La gente forma brigadas para cuidar el bosque sin remuneración alguna e implementa corta-fuegos. Pero la devastación continúa. Enfrentados a fuertes intereses inmobiliarios, los comuneros demandan “la ayuda de la sociedad civil para defender el bosque, uno de los pulmones de la ciudad. Todos tenemos la obligación de proteger la naturaleza, por las futuras generaciones, por nuestro hijos”.

Romero considera que “la situación es crítica y en cualquier momento estallará. La gente se desespera porque no ve respuestas de las autoridades”.

Los comuneros han apostado a la vía legal para resolver el litigio. Actualmente, el tribunal está midiendo los terrenos para delimitar las propiedades, pero la decisión de esta instancia enfrentará los intereses de grupos económicos y políticos poderosos.