Algo pasa en la capital de Coahuila. En menos de un año tres migrantes centroamericanos fueron asesinados, uno de ellos –dicen las autoridades– con “ventaja y ferocidad brutal”. Los crímenes suceden a una larga lista de agresiones, robos y desapariciones en las cuales el común denominador es la participación de los guardias privados que custodian los trenes cargueros. La Iglesia católica dice que son paramilitares, pero el problema rebasa el terreno policiaco. En el fondo es un asunto de intolerancia: los saltillenses ven con recelo a los centroamericanos. Y ellos llegan porque aquí se detienen los trenes donde viajan

SALTILLO, COAHUILA.- Tres cruces de madera.

Es lo único que queda de los migrantes centroamericanos que en menos de un año fueron asesinados en esta ciudad.

Sólo una tiene un nombre completo, Elmer Alexander Barahona; la otra dice “David” y la tercera no tiene nada, a pesar de que la víctima está identificada.

Las cruces están en un terreno baldío de la colonia La Esperanza, a 300 metros cerro arriba de las vías del tren por donde llegaron los ahora muertos.

Hay basura y veladoras apagadas en sus bases, como si el abandono fuera un presagio de que no serán las únicas que se coloquen: el interés por las cruces y sus motivos se reduce a periodistas y activistas de derechos humanos.

Mientras, la violencia sigue.

El último domingo de marzo, por ejemplo, dos hondureños fueron severamente golpeados por asaltantes salvadoreños que los arrojaron del tren en movimiento.

Los migrantes caminaron durante varias horas antes de llegar a la casa de Esther Ortiz Acosta, la primera que en la colonia empezó a ayudar a los centroamericanos.

No son pocos, dice en la sala de su casa donde un águila disecada con las alas extendidas vigila una imagen de la Virgen de Guadalupe. “Antes llegaban dos o tres cada seis meses, y luego vinieron casi a diario”, cuenta. “Pero ya no los puedo atender porque ya me han dado un par de sustos, mejor los mando a la Casa del Migrante”.

Eso quiso hacer con los hondureños golpeados, pero no aceptaron: en cuanto descansaron un poco regresaron al tren. “Ya no supe si pudieron subirse o no”.

La cruz sin nombre es por Ismael de Jesús Martínez Ortiz, asesinado a pedradas en noviembre pasado por empleados de la empresa encargada de custodiar el ferrocarril, Sistemas de Protección Canina, que de inmediato se deslindó del asunto por tratarse –afirmó en su momento– de una acción cometida por particulares.

De cualquier manera, el crimen motivó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la denuncia del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sobre la existencia de grupos paramilitares que actúan contra los migrantes centroamericanos.

Fue la gota que derramó un vaso lleno de quejas por maltrato a indocumentados. Meses antes, el 24 de mayo, dos centroamericanos –Elmer y David– fueron ejecutados a balazos y otros dos resultaron heridos en La Esperanza, lugar al que llegaron acompañados por los guardias que les obligaron a bajar del tren en que viajaban.

Coincidencias de la muerte: dos de estos vigilantes –que entonces trabajaban para Eulen, empresa que vigilaba los trenes y que perdió el contrato a raíz del incidente– están acusados de cometer el homicidio de noviembre. Tal vez por eso las tres cruces están juntas en el mismo predio.

Los presuntos asesinos están detenidos (el autor del primer crimen resultó ser, según la procuraduría coahuilense, un soldado aparentemente afectado de sus facultades mentales), pero la violencia contra los migrantes no cesa, especialmente a cargo de la policía local.

“Los golpean, les quitan su dinero y los amenazan antes de encerrarlos”, denuncia la religiosa Guadalupe Lule Pérez, responsable del área jurídica del Centro Diocesano de Derechos Humanos. “Hasta los agentes de tránsito los detienen”.

Sin embargo, dice el coordinador diocesano de Pastoral Social, Pedro Pantoja, el problema de la violencia contra los migrantes rebasa el terreno policiaco.

Y es que desde hace tres años el flujo de indocumentados aumentó en forma exponencial: el año pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a mil 120 centroamericanos, 150% más que los asegurados en 2001.

Pero son pocos comparados con los que llegan a Saltillo, pues entre enero y marzo de este año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) entregó 16 mil folletos informativos a igual número de migrantes... Y quedaron muchos sin atender.

“No tenemos suficiente personal para visitar todos los sitios por donde cruzan”, explica la presidenta de la comisión estatal, Miriam Cárdenas Cantú. “Por ejemplo, nos faltó la zona de trenes donde sabemos que llegan muchos centroamericanos”.

Son muchos, tantos, que ya causan problemas. “La sociedad saltillense es muy conservadora, no suele aceptar a los extraños y los centroamericanos causan ruido”, dice el sacerdote Pantoja. “Hay quienes los miran con desprecio, hasta con asco”.

Se nota.

En mayo pasado, la diócesis organizó durante dos días una colecta en todas las parroquias para ayudar a los heridos en el ataque de La Esperanza.

Se reunieron 600 pesos.

La teoría de Vera López se centra en los paramilitares

Lo negro de los guardias de negro

Para el obispo Vera López no hay duda: las agresiones contra centroamericanos son obra de paramilitares.

“La visión más noble es que a lo mejor los guardias no están bien capacitados para ejercer labores de vigilancia, pero el hecho de que haya asesinatos le hace a uno pensar: ¿qué estarán transportando en esos vagones que los muchachos vieron y se piense que los deben eliminar?”

Se trata, añade, de vigilar la mercancía por encima de todo, la dignidad humana y el respeto a la vida incluidos. No es xenofobia porque “si esa fuera la causa solamente atacarían a centroamericanos, pero los guardias también han agredido a mexicanos”.

Y sí.

Empleados de la primera empresa que se encargó de la seguridad de los trenes, la española Eulen, están involucrados en la muerte de al menos dos personas a quienes detuvieron en Saltillo y aparecieron ejecutadas posteriormente.

El 24 de febrero de 2002, vigilantes de la compañía detuvieron a Rubén Márquez García, El Márquez, quien pretendía robar estéreos para auto en el vagón donde viajaba como mosca, es decir, sin permiso.

El Márquez apareció ejecutado dos semanas después cerca del rancho Las Bocas, de San Luis Potosí. El cadáver estaba junto a las vías del ferrocarril.

Luego, el 18 de marzo desapareció Alvaro Gómez Colunga, saltillense que se dedicaba a la reparación de aparatos electrónicos y quien apareció muerto tres días después en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Su cadáver estaba junto a las vías del tren.

Los presuntos responsables de los homicidios, José Guadalupe Zamora Quiroga y Enrique Rodríguez García, resultaron ser trabajadores de Eulen y, además, ex policías.

Hay más.

El 17 de mayo, un centroamericano que viajaba de trampa (sin permiso) perdió la oreja izquierda después que fue apedreado por los guardias privados. Y una semana después ocurrió el doble homicidio en La Esperanza.

Eulen fue sustituida por Sistemas de Protección Canina, que de inmediato contrató a varios de los empleados de la empresa española. Dos de estos trabajadores, Juan Alberto Montejano y Enrique Martínez Aguilar, están encarcelados junto con Mario Rodríguez Briones por la lapidación de un hondureño.

Ambos “han tenido con anterioridad contacto con personas de origen centroamericano” –se asienta en el expediente del caso–, “las cuales han sido víctimas de delitos semejantes al que se persigue”.

Agredir a centroamericanos es una costumbre de los detenidos, señala el expediente, y una muestra es la forma en cómo se cometió el homicidio.

Los guardias persiguieron y lanzaron piedras contra el hondureño Ismael Martínez y su compañero, Germán Turcio Bonillas, incluso cuando el primero cayó al suelo.

El momento “fue aprovechado para continuar agrediendo al pasivo, a quien le tiró más piedras en su cabeza”, una de las cuales, se supo después, era “de forma irregular de 15 centímetros de largo por seis centímetros de grosor”, y otra que al golpear la cabeza del migrante se partió en dos partes “de 28 centímetros” cada una.

Los guardias fueron acusados de homicidio calificado con brutal ferocidad y ventaja. “De las pruebas que obran en la indagatoria –refiere el expediente–, se advierte una ausencia total de motivo en la ejecución del hecho que se imputa, con lo cual queda de manifiesto el total desprecio hacia la vida humana y la salud de las personas”.

Por si fuera poco, el 29 de noviembre –cinco días después del homicidio– compañeros de los procesados detuvieron a una pareja de salvadoreños, de quienes nada se sabe desde entonces.

Esas son las razones del obispo Vera López para afirmar que atrás de todo existen grupos paramilitares, e incluso alimenta su teoría con un dato adicional:

El presidente de Sistemas de Protección Canina es Miguel Nassar Daw, hijo de quien fuera jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y señalado como uno de los principales responsables de torturas, homicidios y desapariciones durante la época de la guerra sucia: Miguel Nassar Haro.

“Cuando lo supe me di cuenta de que ese era el fondo, la mentalización e ideología que se da a los guardias, el actuar como cuerpos paralelos a la policía... Eso vi en Chiapas: ellos detienen, juzgan y ejecutan”.

Cuidar el patio

Tienen razón, afirma el investigador Héctor Rodríguez Ramírez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues a diferencia de zonas como California o Arizona, en el distrito de Río Grande –que corresponde por el lado estadunidense a la frontera coahuilense– el número de agentes asignados por la Patrulla Fronteriza estadunidense representa 2% del total.

“Siempre ha habido migración de este tipo, pero era imperceptible. A partir de 2001, sin embargo, las estadísticas muestran que el flujo empezó a aumentar pero todavía no era notable; la gente se dio cuenta a raíz de los homicidios”.

De acuerdo con el investigador, los incidentes aumentaron la sensibilidad de los habitantes de Saltillo hacia el problema, e incluso la fundación de la Casa Belén para migrantes por parte de la diócesis es una muestra.

Cierto o no, lo único claro es que a los centroamericanos les falta mucho para ser tolerados.

Pedro Pantoja cuenta con los dedos de una mano a los empresarios y personas acaudaladas que se atreven a apoyar en público su tarea a favor de los migrantes.

–¿Y eso por qué?

–Pierden amistades, son mal vistos en su círculo social; en general se tiene un concepto muy romántico de la solidaridad cristiana, se limita a bailes y eventos a favor de causas sencillas como los ancianos. Pero los migrantes sólo tienen respaldo entre las personas humildes.

Tal percepción se repite en el gobierno. Cuando el año pasado se fundó la Casa Belén, el secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, se negó a recibir al responsable del albergue Jorge Camberos Meza, a quien maltrataron agentes de la Policía Ministerial por resistirse a acudir por la fuerza a una audiencia judicial.

El 15 de febrero pasado dos policías de vialidad pretendieron meterse por la fuerza a la Casa, con el argumento de que allí se protegía a delincuentes. Y, una semana después, estos mismos agentes detuvieron a cuatro hondureños, a quienes robaron su dinero.

Los migrantes se salvaron de ir a prisión porque en el camino los policías se encontraron con un accidente vehicular y decidieron que allí podían sacar más dinero.

Ciertamente, no se trata de hechos aislados. Detrás de estas acciones existe la coordinación con que trabajan los policías locales con la delegación del INM para evitar que los indocumentados lleguen a la frontera.

Se trata de un programa cuyo nombre no deja lugar a dudas: se llama, confesó el delegado Fernando Montes Núñez a la religiosa Lule Pérez, Operación Guardián.