Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 14 de abril de 2003
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Política

Partidos y SRE tienen acceso a esa base de datos

En duda, confidencialidad del padrón electoral

Bajo resguardo, la información sobre licencias en el DF

MIREYA CUELLAR

La información personal que los ciudadanos entregan al Instituto Federal Electoral es legalmente ''confidencial''; sin embargo, la legislación lo obliga a compartirla con los partidos políticos y el hecho de que el propio IFE se la haya proporcionado recientemente a dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha vuelto al padrón electoral un instrumento que circula con facilidad.

Andrés Manuel López Obrador, jefe del Gobierno capitalino, señaló ayer que toda la información sobre las licencias de conducir de los ciudadanos del Distrito Federal está bajo resguardo, por lo que no existe ninguna posibilidad de que se pueda filtrar. Así atajó una información distribuida por la agencia de noticias Ap, en la que se dice que el gobierno de Estados Unidos compró los registros del padrón electoral y de las licencias de conducir de 6 millones de defeños a través de la empresa ChoicePoint, con sede en Atlanta.

No es la primera vez que se dice que la información del padrón está en circulación, aunque ciertamente no se sabía que un gobierno extranjero pudiera estarla usando contra los propios mexicanos. Muchos ciudadanos han denunciado -incluso la televisión lo ha reportado- que a su casa llega publicidad de empresas que en estricto sentido no tendrían por qué tener sus datos, y su origen no podría estar en quienes captan datos sobre consumidores a través de las tarjetas de crédito porque, simplemente, los destinatarios no las poseen.

Un vecino de Lomas de Chapultepec dijo el año pasado a Televisa que en la entrada de su casa aparecían sobres con publicidad dirigida a su nombre y, curiosamente, al de su trabajadora doméstica, quien ya no trabajaba ahí. A la joven le llegaban catálogos con ofrecimientos de joyas, relojes o vinos, que no correspondían con su nivel de vida, pero sí con el de alguien que vive en esa zona.

Es decir, no tenían más referencias sobre la posible consumidora que su domicilio. ''Tarjetas de crédito no tenía; contaba con la credencial de elector, votaba en la misma casilla que nosotros y nuestra dirección era su domicilio; eso nos hace pensar que haya sido sacada de la base de datos del Registro Federal de Electores'', comentó el entrevistado que hizo la denuncia.

Pero además, en 1997, el Partido de la Revolución Democrática denunció que la empresa estadounidense Dm Group había adquirido ilegalmente la base de datos del padrón electoral del DF y le estaba dando un uso comercial. Las autoridades nunca investigaron a fondo y simplemente se dijo que se trataba del padrón de 1994.

Una de las explicaciones que se han dado sobre la forma en que las empresas distribuidoras de publicidad obtienen la información de los votantes es que los mismos partidos se las dan. Y es cierto, en épocas electorales los partidos envían publicidad personalizada a los ciudadanos -ocurrió en 2000- y no son ellos quienes la entregan directamente, sino contratan empresas especializadas en distribución que se quedan con los bancos de datos, aunque saben que es información legalmente ''confidencial''.

Pero además, el 17 de julio de 2002 el IFE firmó con la SRE un ''convenio de apoyo y colaboración'' para ''intercambiar información'', a través del cual el órgano electoral le proporcionó acceso a su banco de datos para que el personal de los consulados pueda comprobar en Estados Unidos que alguien que se dice mexicano realmente lo es y se le otorgue la ''matrícula consular''. El pleno del IFE se enteró del convenio cuando era ya un acto consumado y aunque hubo algunas voces de reclamo -porque esa situación no está prevista en la ley-, el debate se diluyó por el argumento de que beneficia a gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos y no tienen un medio de identificación. La cancillería diseñó el año pasado una nueva matrícula ''que al cumplir con los más altos estándares de seguridad constituye un documento de identidad confiable para nuestros connacionales'', dijo el titular de esa dependencia durante la ''formalización'' del convenio con el IFE, en un acto realizado en la dependencia.

Refirió que ''casi 800 departamentos de policía de Estados Unidos reconocen la matrícula consular; 14 estados la reconocen como medio para obtener una licencia de conducir, y 64 bancos e instituciones financieras de ese país la aceptan como documento de identidad para abrir nuevas cuentas''.

Además de la dirección de cada ciudadano, el IFE es la única institución en el país que cuenta con un banco de imágenes -las cuales tiene capacidad de cotejar para evitar que una misma persona obtenga dos credenciales o más- y de huellas dactilares. La mayor parte de los recursos financieros que el instituto recibe anualmente se dedican a modernizar la tecnología de actualización del padrón. Ni siquiera la Procuraduría General de la República dispone de las huellas digitales de los ciudadanos de este país.

El artículo 135 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dice en su párrafo tercero que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores ''serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el instituto fuere parte, para cumplir con las obligaciones previstas por este código en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente''. El párrafo cuarto dice que ''los miembros de los consejos general, locales y distritales, así como de las comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el padrón, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones''.

La decisión de dársela a los partidos se originó en la desconfianza. Durante décadas el padrón fue levantado y manejado por el gobierno, de tal manera que cuando se hizo la reforma electoral de 1989 los organismos políticos exigieron poder verificarlo. Este año, que es electoral, el padrón circulará todavía más, porque el número de partidos creció y todos tienen derecho a una copia.

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