Ojarasca 72  abril 2003

¿Fronteras borrosas o dueños verdaderos?

Terrritorio difícil, pleno de quebradas y riscos, laderas y "ventanas" que forman descansos en el trajinar de las sierras que anudan Jalisco, Durango, Zacatecas, Nayarit.

Tierras ejidales y comunitarias se entreveran con ranchos, antiguas haciendas y ciudades cerradura como Huejuquilla, Mezquitic, Tuxpan de Bolaños, el lejano Mezquital en Durango, o más tranquila, Huasamota. Espacios institucionales como Jesús María, enclaves de invasores como San Lucas de Xalpan, San Juan Peyotán y Puente de Camotlán.

San Lucas ilustra el punto de una manera contundente. Las tierras que hoy detenta fueron antigua comunidad cora, pero los mestizos que se avecindaron después de la Cristiada --Huasamota fue uno de los enclaves cristeros en el norte de Jalisco-- se rejuntaron con mujeres coras y aparentaron ser buenos vecinos. Lo terrible es que al peor estilo Macbeth, ya dentro de la comunidad fueron emboscando y envenenando a los hombres, a los derechosos, y los sustituyeron. Hoy es un enclave mestizo con régimen comunal, pero mañosamente.

San Lucas mantiene invadidas más de 10 mil hectáreas de la comunidad de Bancos de San Hipólito, territorio wixárika o huichol, que en los títulos primordiales pertenece a una de las comunidades agrario-religiosas de los wixaritari: San Andrés. Los comuneros de Bancos han peleado pacíficamente por sus tierras y resisten el embate de los mestizos que los amenazan de continuo, les roban ganado, meten el suyo a las milpas, pretenden arrebatarles el bosque, no los dejan asentar construcciones en su propia casa y les mantienen en estado de sitio permanente.

Bancos no es la única comunidad huichola amenazada. San Sebastián, San Andrés y Tuxpan viven una frontera borrosa que los mantiene ocupados haciendo realeos (contemplados por la ley agraria) del ganado que los invasores avientan a los terrenos en disputa para ir creando posesión y que la pastura no les cueste.

En el más reciente realeo, los sanandreseros juntaron más de cien vacas, toros, burros y caballos de los ejidatarios de El Refugio, Zacatecas, y lograron, después de un ultimátum de 72 horas y la consecuente mesa de diálogo con los gobiernos de Zacatecas y Jalisco, y con instancias estatales de la Procuraduría Agraria, que los ejidatarios abandonaran los terrenos que mantenían invadidos.

La solución está lejos, porque los de El Refugio reclaman 1 700 hectáreas del territorio wixárika, pese a que el Tribunal Unitario Agrario los condenó en 1994 "a dejar de molestar en la posesión, en una superficie de 1,700-75-37,73 hectáreas, a la comunidad de San Andrés Cohamiata".

"Los de El Refugio insisten en meter su ganado y trabajar tierras que son nuestras, de las cuales tenemos posesión", se quejan los wixaritaris. "Cortan alambres e incurren en destrozos de nuestros lienzos, nos lanzan amenazas y a mediados de 2002 quemaron dos casas de comuneros".

No obstante, a fines de marzo comenzó la instrumentación de los acuerdos entre comuneros huicholes, ejidatarios zacatecanos y las instancias de gobierno. Estos implican que los ejidatarios abandonan el lugar y los sanandreseros aceptan que se haga una verificación de los límites planteados por el tribunal agrario, siempre y cuando se atenga ésta a las mismas coordenadas establecidas por dicho tribunal, el cual falló, desde 1994 en favor de los wixaritari.
 

Por desgracia, la solución del conflicto se aplazó, como también el queconcierne a los od'ham o tepehuanos de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, en Durango, contra los ejidatarios de El Bernalejo, por la muerte del principal negociador en ambos casos: Manuel Ortega --subsecretario del gobierno zacatecano de Ricardo Monreal-- quien fuera asesinado de nueve disparos, poco después de la firma de acuerdos en ambos casos. Sin que las instancias investigadoras hayan definido líneas de investigación precisas --Manuel Ortega era un viejo militante perredista y barzonista, y miembros de su familia fueron victimados también años atrás-- hay ya la tentación de los periódicos zacatecanos de vincular su muerte con los tepehuanos de Durango, pese a que, a fin de cuentas, su gestión terminó favoreciendo la postura de la conciliación.
 

Otro retraso en la solución de ambos conflictos --huicholes vs El Refugio y tepehuanos vs El Bernalejo-- es la remoción de Teresa Herrera como titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, para poner en su lugar, ni más ni menos que a Florencio Salazar, quien fuera el instrumentador principal del mentado Plan Puebla Panamá.

No obstante, los problemas mencionados son apenas una muestra de los conflictos disparados por el tortuguismo gubernamental y por la voracidad continuada de los invasores.

Aun con sentencias agrarias en contra, rancheros como los Ruiz, de La Campana, Nayarit, continúan su beligerancia contra los wixaritaris de San Sebastián, por 750 hectáreas que la familia dice que "le arrebataron".

Así, el 25 de noviembre de 2002, Emigdio García reportero de Mural anota que José Ascensión Ruiz "aseguró que ni el gobierno federal ni el de los estados de Jalisco y Nayarit los han apoyado para recuperar su rancho y amenazó con que si las autoridades no le dan solución podrían llegar, junto con otros afectados, a la violencia". Ruiz habría declarado: "Solamente que el gobierno quiera que nosotros, de ser una familia pacífica, nos convirtamos en malandrines o en gente mal viviente, pues que siga así [...] a nosotros nada nos cuesta tomar las armas y sacarlos de nuestros ranchos". Lo más inquietante es que el subsecretario general del gobierno de Nayarit, Héctor Medina declaraba: "en la sierra nayarita se han detectado por ahí algunos brotes [de violencia] puesto que hay indicios de que en esas zonas hay manganeso [...] hay algunas gentes que han estado atentas a eso y hablan de que la explotación de esas minas pudiera dar la oportunidad de sacar hasta 100 trailers diarios de ese producto".

Y mientras el gobierno, por todo el país, parece empeñado en recrudecer los conflictos agrarios, crece la tentación de ejercer la represión contra los impulsos de resistencia que, con acciones legales, emprenden wixaritaris y od'ham en la región. La PFP en El Bernalejo fue un connato de algo que pudo recrudecerse si no hubiera habido una disposición al diálogo por parte de los tepehuanos.

Como dijera Carlos Chávez, integrante da la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas "quizá es que Estados Unidos, con su guerra contra Irak, golpea severamente el sistema legal, mundial, en su conjunto, y la tentación de ejercer el poder por la vía de los hechos, es la consecuencia".
 

(Con información de documentos wixárika y tepehuanos, y datos recabados de la prensa de Jalisco, Durango y Zacatecas).
 
 
 

barbas
La CIRT y el ejército federal amenazan
a las radios comunitarias

Las radios comunitarias del país están siendo hostigadas por miembros del Ejército federal en distintas entidades. El caso más reciente ocurrió con una estación indígena en Michoacán, en febrero pasado. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), formada y protegida por los grandes monopolios privados, acusó en semanas pasadas de "clandestinas, piratas y guerrilleras" a las radios comunitarias. Presidida actualmente nada menos que por Jorge Mendoza Garza, vicepresidente del holding agiotista-mediático TV Azteca, la cirt ha presionado a las secretarías de la Defensa Nacional y Comunicaciones y Transportes para que desmantelen estas radios, como ya ocurrió en Tlahuitoltepec en la sierra Mixe en agosto de 2002.

Algunas estaciones, como Radio Teocelo o Radio Huayacocotla (Veracruz) llevan hasta 37 años operando, y muchas llevan más de 20 años solicitando su regularización, sin otra respuesta que las amenazas de cierre y la militarización de su entorno. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), con estatus consultivo ante las Naciones Unidas y representando a más de 400 emisoras y centros de producción radiofónicos en América Latina y el Caribe, ha expresado al presidente Vicente Fox y a su secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, "profunda preocupación por el clima de hostigamiento que se está dando en los últimos meses en contra del movimiento de radios comunitarias de México por parte del Ejército y la SCT".

AMARC exigió este 24 de marzo al gobierno mexicano que detenga la acción del Ejército y proteja los espacios de diálogo logrados con la sociedad civil para un cambio integral en la legislación en materia de radiodifusión, que es anacrónica, poco transparente y discrecional. En un país donde la concentración de los medios electrónicos es absoluta y mafiosa, AMARC asegura que "el interés de la ciudadanía para impulsar espacios de radiodifusión comunitaria no debiera verse como un problema, sino como una oportunidad para la promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, donde la sociedad participa, opina y genera propuestas corresponsables".
 


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Kabul. Foto: Chris Steele-Perkins
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