Divide a legisladores la idea de excarcelar a portadores de armamento prohibido
Por falta de consenso sigue atorada en San Lázaro la nueva ley de armas y explosivos
El proyecto de Vallarta es "fascista", según el vicecoordinador de los diputados del PRI
ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y la de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados no llegaron a acuerdo sobre la nueva Ley de Armas de Fuego Explosivos y Pirotecnia, por lo que se reunirán el próximo jueves para presentar una nueva redacción de los artículos 178 y 179 y el único transitorio, referente a la posesión de armas y a la liberación de presos por portación de ellas -siempre y cuando no hubieran cometido otro delito-, cuyo número asciende a 10 mil en el país.
Mientras persiste esa discusión y se reduce el tiempo para presentar el dictamen correspondiente ante el pleno, la Comisión de Justicia avanza en una nueva propuesta, elaborada por la diputada priísta Josefina Hinojosa, con objeto de reducir las penas mínimas para los portadores de armas prohibidas.
Manuel Sepúlveda Fayad, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, consideró que el proyecto de dictamen elaborado por su correligionario, el general con licencia Alvaro Vallarta, es "fascista y acorde con la postura del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, porque pretende imponer la tolerancia cero".
Al culminar la reunión de la Comisión de Justicia, Sepúlveda Fayad explicó que la mesa directiva de la Cámara "no tiene la intención de alentar un cambio en la aplicación de penas para los portadores de armas, porque Armando Salinas Torre le preguntó al procurador Rafael Macedo de la Concha sobre la conveniencia de reducir el castigo a una multa de 10 mil pesos. Este le dijo que no, porque entre los que resultarían beneficiados se encuentra el narcotraficante Benjamín Arellano Félix, "a quien sólo se le ha comprobado el delito de portación de armamento".
El priísta Samuel Aguilar también consideró inaceptable la postura de la PGR "porque no es válido que por un sólo narcotraficante permanezcan en prisión miles de mexicanos que están encerrados por el error de haber portado un arma, y peor aún cuando no incurrieron en otro delito".
En defensa de su proyecto, el general Vallarta manifestó que de aprobarse la ley se permitiría a los mexicanos poseer hasta dos armas en su domicilio para "su legítima defensa". Insistió en que de ninguna manera la legislación tiene como fin alentar la pistolización del país. "Esta ley no pistoliza a nadie. Al contrario, estamos reduciendo el armamentismo que pueda haber por la ley actual, que no reglamenta la cantidad de armas, ya que de acuerdo con la Constitución se puede tener cien armas, 50, ocho, seis o cinco".
Vallarta se remitió a la Constitución y argumentó que ésta dice con "toda claridad" que los habitantes del territorio nacional podrán portar armas para su seguridad y legítima defensa.
En sintonía, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, José Elías Romero Apis, confirmó que es posible aprobar el dictamen en el pleno el martes de la semana próxima -una vez que se modifique en las comisiones unidas de Defensa Nacional, Gobernación y Justicia-, porque " la medida, mientras sea equilibrada, será algo sano".
Con otra perspectiva, la diputada Josefina Hinojosa explicó que su propuesta pretende incluir un artículo transitorio para beneficiar a los 10 mil mexicanos que se encuentran presos, en su mayoría humildes y que no incurrieron en algún delito adicional.
