Este 5 de mayo se conmemora el primer aniversario de la derrota electoral del ultraderechista Jean-Marie Le Pen en los comicios presidenciales franceses. La fecha ha sido elegida para introducir una ley que aplica “doble penalidad”, es decir, la facultad de la justicia francesa para castigar dos veces a un infractor de la ley cuando éste es inmigrante.
A cambio, la propuesta endurece los controles migratorios

ERA LA NOCHE DEL 5 DE MAYO DE 2002. Jacques Chirac acababa de derrotar el ultraderechista Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de la elección presidencial con 82% de la votación. Chirac había escogido la plaza parisina de la República para pronunciar el discurso inaugural de su segundo mandato. Aquella noche, el público que le escuchaba y aclamaba se parecía a la selección francesa de futbol: argelinos, marroquíes, senegalenses, malianos y uno que otro francés de pura cepa. Para los inmigrados de la segunda generación, Chirac era el héroe de la noche, el hombre que había derrotado a la intolerancia. ¿Se dirigía el presidente a esta audiencia cuando, aludiendo a Charles de Gaulle, proclamó: "Je vous ai compris" (Los he entendido).

Probablemente no es una coincidencia que el gobierno de Chirac haya elegido una fecha cercana al primer aniversario de la elección presidencial para anunciar una iniciativa de gran impacto simbólico: la reforma de la "doble penalidad" (double peine). Este vocablo se refiere al derecho que tienen los tribunales franceses de pronunciar dos sentencias, en vez de una, en contra de un delincuente extranjero: además del encarcelamiento, el juez puede decidir su expulsión del territorio nacional.

Según las previsiones de ONG francesas, la "doble penalidad" ha desembocado en la expulsión de unas 17 mil personas en 20 años. Las organizaciones calculan también que en el mismo lapso la medida ha afectado directa e indirectamente la vida de 100 mil personas. "La prohibición del territorio francés" (decisión de expulsión) fue instaurada en 1970 para combatir el tráfico de drogas, recuerda el diputado Etienne Pinte, uno de los adversarios más acérrimos de la doble penalidad. Pero progresivamente, la medida llegó a sancionar más de 200 delitos. "Hemos enviado miles de hombres a su país de origen cuando no tenían ningún vínculo con éste, cuando no hablaban siquiera su idioma. Hemos creado miles de viudas y de huérfanos sociales".

La historia de Mourad es emblemática. El hombre nació en la Francia metropolitana, en 1959, durante la guerra de independencia de Argelia. Esta era todavía una provincia gala. Su primera nacionalidad fue, pues, la francesa. Perdió esa ciudadanía sin darse cuenta a los ocho años, como consecuencia de la independencia. Mourad pasó entonces a ser un argelino con residencia legal en Francia. En ese país estudió, trabajó y se casó. Ahí nació su hijo, a mediados de los ochenta. En 1986 fue arrestado por un delito que ameritaba, según las leyes francesas, una pena de dos años de cárcel. Ser argelino implicó una pena adicional: el destierro. El hombre fue expulsado a Argelia un día de 1988. "La carcel empezó verdaderamente aquel día –dice Mourad–. Una condena de por vida".

A su llegada a Argelia, Mourad tenía una sola intención: volver lo más rápidamente posible a Francia. Al año había regresado clandestinamente. En aquel momento empezó una vida que probablemente nunca había imaginado. Una vida sin existencia social, una vida de desterrado en el país de su niñez. Sin derecho alguno.

El diplomático Stephane Hessel, quien presidió en los años ochenta el Consejo sobre la Inmigración, recuerda que el auge de la aplicación de la "doble penalidad" ocurrió en un momento en que las autoridades se percataban de que gran parte de la inmigración provenía de antiguas colonias francesas, y que "existía una reticencia muy general a admitir que estos inmigrados, magrebíes o africanos sub-saharianos, tenían un lugar en el país"¹. Un estudio reciente refuerza este juicio al establecer que entre 400 casos de doble penalidad registrados por la Cimade, una ONG francesa, 36% involucraban a argelinos y 27% marroquíes². La doble penalidad afecta en su gran mayoría a norafricanos.

Durante las últimas tres décadas, las principales fuerzas políticas del país coincidieron en la aceptación de la "doble penalidad". La derecha incrementó su alcance y la izquierda dejó la legislación como la halló, porque no aportaba nuevas contribuciones al edificio –el gobierno del socialista Lionel Jospin se rehusó también a modificar la ley. Esto permite valorar la importancia de la reforma propuesta por Nicolas Sarkozy, el actual ministro del Interior. ¿Habrá llegado para Francia el momento de aceptar de una vez por todas que las poblaciones inmigradas mencionadas por Stephane Hessel sí pertenecen al país?

Si el parlamento aprueba el proyecto de ley propuesto por Sarkozy, las personas que puedan comprobar un vínculo fuerte con la sociedad francesa –ya sea porque llegaron antes de los 13 años, que están casados con un residente francés, que mantienen hijos franceses o que llevan más de 10 años en Francia– no podrán ser expulsados del país, a menos de que hayan cometido actos terroristas o "ataques contra los intereses fundamentales de la Nación". Esto equivaldría, según una cifra difundida por el Ministerio del Interior, la regularización de 90% de los casos de doble penalidad. Mourad estaría entre ellos.

"Los criterios que definen las categorías protegidas son tan estrictos, que muchos casos no se van a solucionar", dice el abogado Stephane Maugendre, del Grupo de Información y de Apoyo a los Trabajadores Inmigrados (Gisti). "Pero nuestra crítica fundamental es que la ‘prohibición del territorio francés’ debería erradicarse totalmente del Código Penal, porque es contraria al principio de igualdad de los hombres ante la ley. Seguirá siendo una medida discriminatoria porque sólo se aplica a los extranjeros." Maugendre reconoce, no obstante, avances contundentes en el proyecto de ley.

Los adelantos deben, sin embargo, apreciarse considerando que el proyecto se inscribe en un paquete global de reforma a las leyes migratorias, que apunta hacia un endurecimiento. La meta esencial del cambio legislativo es dificultar en gran medida la entrada de nuevos inmigrantes y restringir el acceso a la tarjeta de residente permanente. "La reforma de la doble penalidad es una trampa", opina Mourad. "Si bien la situación va a mejorar en este aspecto, la nueva ley migratoria va a precarizar aún más las condiciones de vida de los inmigrantes", indica.

La decisión de la derecha de meter en un mismo paquete la cuestión de la "doble penalidad" y la del control de los flujos migratorios puede apreciarse como una tentativa de formulación de un nuevo pacto con las poblaciones que inmigraron en los últimos 30 años. Un pacto que consistiría en garantizar avances en la lucha contra la discriminación a cambio de la aceptación de un endurecimiento del control migratorio. Asimilar a los ya instalados, dejar fuera a los demás.

Este pacto implícito parece ya bien encaminado. El nombramiento, por parte del primer ministro Raffarin, de dos ministros de origen norafricano, sin precendente en la historia del país, es la parte visible de una notable incorporación de líderes de ese origen étnico a puestos de responsabilidad en el nuevo partido de Chirac, la Unión para un Movimiento Popular (UMP). Líderes sociales que militaban anteriormente en el Partido Socialista y que, decepcionados, reivindican hoy su pertenencia a la derecha.

Las últimas elecciones presidenciales parecen haber sancionado la emergencia de un nuevo paisaje político en Francia: una derecha capaz de contener la presión de la ultraderecha y sin complejos frente a una izquierda que, definitivamente, perdió muchas oportunidades.

NOTAS

1. "En finir avec la double peine", l’Esprit Frappeur, 2002, p.19.
2. Citado en "Radiographie d’étrangers condamnés", por Charlotte Rotman, Liberation, 28 de octubre de 2002.