Se utilizaría el argumento de apoyar a los legisladores para "atención ciudadana"

Los diputados podrían repartirse 196 millones de pesos ahorrados

Con la salida de Batres y la llegada de Villanueva, los perredistas reavivan la esperanza

ROBERTO GARDUÑO

Niegan tener interés en recibir un bono de marcha a la hora de terminar su función como servidores públicos, pero del lado opuesto de la moneda los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados crearon un grupo de trabajo para hacer transparente el uso del presupuesto de ese órgano camaral, y tener, antes del 31 de agosto próximo, posibilidad de dividir 195 millones 800 mil pesos entre los 500 integrantes de la 58 Legislatura. De ser así, a cada uno le correspondería poco menos de 400 mil pesos.

Esos recursos extras se sumarían al ahorro de los legisladores en cada uno de sus grupos, a la proporción de aguinaldo y el apoyo legislativo que recibirán legalmente en agosto. Ya no sería el millón de pesos que reclaman de más, no obstante, de fructificar esa situación, la Cámara de Diputados incurriría en una ilegalidad, porque recortaría gastos autorizados por ella misma en el Presupuesto de Egresos del año 2003.

Resulta que si la Junta de Coordinación Política -integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios- aprueba que los 195 millones 800 mil pesos "descubiertos" por el grupo de trabajo de trasparencia se dividan entre los 500 legisladores, utilizaría el argumento de apoyar a los diputados bajo los rubros de "atención ciudadana y gestoría social".

El pasado 7 de abril, en sesión, la Junta de Coordinación Política llegó al acuerdo de crear un grupo de trabajo conformado por un legislador de cada grupo parlamentario, nombrado por los líderes de cada fracción, con el objetivo de elaborar "un programa de austeridad y racionalización del gasto de la Cámara de Diputados".

Se propuso que el resultado de esas economías se destinara a "reforzar el trabajo legislativo, la atención ciudadana y la gestoría social". No obstante, por desacuerdo del PAN y el PRD se omitió esa leyenda. El entonces presidente de la junta, Martí Batres Guadarrama, rechazó esa pretensión, y se decidió borrar definitivamente la frase. Una vez que Batres fue removido de la coordinación del grupo perredista por una veintena de sus correligionarios, y se espera a Eric Villanueva Mukul como presidente de ese órgano, la esperanza para quienes desean un pago extra al final de la Legislatura se reavivó.

Inclusive, en aquel acuerdo se sumó un párrafo nuevo para acotar cualquier posibilidad de desviar dinero hacia los bolsillos de los legisladores: "Las economías que se generen por la implementación del programa de austeridad y racionalización del gasto de la Cámara de Diputados no podrán destinarse al gasto de bono alguno".

Aceptadas esas condiciones, los coordinadores de las bancadas en San Lázaro nombraron a sus representantes en el grupo de trasparencia. Por el PRI quedó Florentino Castro (líder priísta en el Distrito Federal); por el PAN, Manuel Luna Salas; por el PRD, Héctor Sánchez; por el Partido Verde, Francisco Agundis, y por parte del PT, Jaime Cervantes.

En cuestión de días el grupo elaboró un ambicioso programa de austeridad y racionalización (cuya copia se encuentra en este diario), y en dos fases se descubrió que en la Cámara de Diputados se pueden economizar 195 millones 800 mil pesos, es decir, casi la décima parte del presupuesto total de ese órgano legislativo.

El desglose

El resultado del análisis de lo que se gasta en San Lázaro llevó al grupo de trabajo integrado por los cinco legisladores a elaborar "propuestas que requieren consulta" con sus respectivos coordinadores, y de donde se pueden ahorrar, en una segunda fase, 88.4 millones, mientras que en la primera las economías ascenderían a 107.4 millones. Algunas sugerencias son descabelladas, porque implicarían disminuir los salarios de trabajadores, y otras increíbles, porque se contempla ahorrar recursos no ejercidos: reducción de 25 por ciento en los ingresos del personal por honorarios que colabora con presidentes y secretarios de comisiones (el ahorro calculado entre mayo y agosto sería de 6.7 millones de pesos); reducción de 25 por ciento en los salarios del personal por honorarios que colabora con presidentes y secretarios de la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y Comunicación Social (la economía en ese rubro sería de 1.5 millones).

En el caso del presupuesto a las comisiones, éste se cancelaría por no haberse ejercido y se dejaría un fondo de 10 mil pesos para actividades; el ahorro sería de 6.7 millones. El Canal del Congreso también sería objeto de una reducción en sus recursos, calculada en 1.2 millones, mientras que en honorarios para los empleados de los centros de estudio de la cámara el monto es de 2 millones.

En lo que se refiere a los vales de alimentación del personal administrativo, en aquellos destinados a los órganos de gobierno, comisiones y comités, y para las áreas administrativas en general, el grupo para la trasparencia propuso un ahorro de 6.8 millones de pesos. En los servicios de telefonía celular en órganos de dirección y comisiones, así como en el arrendamiento de maquinaria y equipos (fotocopiadoras), se pretende economizar 4.5 millones de pesos.

En el campo de las asesorías para la Cámara de Diputados, servicios de informática, capacitación e investigaciones, patentes, regalías, otros servicios comerciales, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, así como de mantenimiento y conservación de vehículos de limpieza y terrestres, los ahorros llegarían hasta 23.5 millones de pesos.

Otros rubros afectados por los afanes de trasparencia y racionalización serían impresión y elaboración de publicaciones oficiales, congresos, convenciones, equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación, bienes informáticos y vehículos y equipo de transporte. Ahí se descubrieron sobrantes por 21.5 millones de pesos.

En obra pública y en la Unidad de Seguimiento al Organo Superior (en este caso los recursos no ejercidos hasta la fecha) el ahorro suma 12 millones.