Magdalena Gómez

La insoportable levedad del cambio

Al acercarse el tercer aniversario de la derrota del PRI en la contienda por la Presidencia de la República podemos precisar con hechos contundentes la dimensión real del "cambio" al que el presidente Fox pide que le "quitemos el freno", a pesar de que no hemos visto que previamente funcione el acelerador. Tres ejemplos: 1) Los golpes a la posibilidad de abatir la impunidad que ha rodeado a los crímenes de Estado contra movimientos sociales como el de 1968 y los relativos a la guerra sucia de los 70, algunos de cuyos responsables aún viven y podrían ser sometidos a un juicio justo. 2) El aborto del proceso de diálogo con el EZLN y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, y 3) La salida rápida y trivial de firmar un acuerdo para el campo con la mayoría de los contenidos centrados en aplicar los programas operativos anuales de 2003 en diversas dependencias, eludiendo la formulación y compromiso de una reforma estructural para el campo. Estas tres situaciones muestran los alcances y posibilidades de la llamada reforma del Estado, cuya brújula no parece orientada a enfrentar en serio y a fondo el llamado "cambio".

Tras rechazar la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento histórico de los crímenes del pasado, con el argumento de que sus resultados no tendrían efectos jurídicos, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuya intención de lograr la aprehensión de Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro recibió el rechazo del juez de distrito en Monterrey, quien consideró que los delitos que presuntamente cometieron han prescrito. Esta decisión, que deberá ser corregida por el magistrado unitario de circuito, expresa plena coincidencia con la toma de posición del presidente Fox con esa misma tesis, al margen de sus atribuciones.

Este diferendo entre la Femospp y el juez referido nos anticipa la necesidad de que el Poder Judicial analice de manera integral su posición ante los hechos históricos cuya impunidad requiere abatirse. Si en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por que la Procuraduría General de la República reabriera la investigación sobre la masacre de 68, ahora no puede cobijarse en la autonomía de cada juez y permitir que apliquen criterios erróneos, como el de prescripción, e ignorar que en el caso de los desaparecidos hablamos de delitos continuados o permanentes, pues al no cesar la conducta criminal el plazo de prescripción aún no empieza a correr. Si es así conforme a derecho interno, también el internacional dispone de normas que avalan la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Si el Poder Judicial quiere contribuir al fortalecimiento democrático de nuestro país por la vía de su herramienta primordial, que es el derecho, no puede simplemente cruzarse de brazos e ignorar la trascendencia de los asuntos que la Femospp presente a sus jueces.

Sería deseable una reunión urgente de los miembros del Poder Judicial para analizar estos temas, al margen de la valoración y decisión que cada juez tome ante solicitudes concretas. Estas posturas no están desvinculadas de las que desde el Ejecutivo se han postulado a través del área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, avaladas por el Senado. Es el caso de las reservas y declaraciones interpretativas en las ratificaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Corte Penal Internacional; su signo común es la complicidad con la impunidad respecto de los crímenes del pasado.

En el caso del EZLN y los pueblos indígenas, parece que ni a la clase política -sin distinción de siglas partidarias- ni a los tres poderes del Estado les interesa la profunda implicación que tiene cerrar la vía del derecho a sus aspiraciones legítimas y, por el contrario, se les ve muy satisfechos con sus remedos y contrahechuras constitucionales y neoindigenistas.

Ya para concluir, Ƒqué nos dice la firma del acuerdo para el campo? Nos reafirma que no hay de otra sopa: o se aceptan los acuerdos triviales o no hay "negociación". Con la firma campesina el gobierno se sintió autorizado para advertir que en adelante se acabaron las razones para inconformarse "fuera de los cauces institucionales". Sorprende, por lo tanto, la defensa campesinista del acuerdo y de su firma, sin basarse en los contenidos, porque parecen reconocer que no hay mucha tela de dónde cortar. Argumentan que son una primera etapa, pretendiendo equipararlos con el carácter "mínimo" de los acuerdos de San Andrés (fueron resultado de la primera de seis mesas pactadas). Pero hay de mínimos a mínimos. Los acuerdos de San Andrés no en balde pusieron en jaque a la clase política, que sintió amenazados sus intereses neoliberales. Realmente no merecen tan alegre comparación.

Ahí quedan algunas evidencias, parámetros y espejos para valorar "el cambio".