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México D.F. Sábado 17 de mayo de 2003

Paso para combatirla, cumplir la ley, concluyen expertos

Por la corrupción, desconfían mexicanos de las instituciones

Se requiere nueva cultura cívica y democrática, señalan

JOSE GALAN

La persistencia de la corrupción y sus efectos en México se refleja en la falta de confianza de la sociedad, sobre todo en la burocracia, la policía y los partidos políticos. Para revertir la tendencia se requiere el fortalecimiento institucional y la construcción de una nueva cultura cívica y democrática, además de instituciones "claras y sólidas".

Expertos y académicos reunidos en la mesa redonda La importancia del combate a la corrupción en México, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, insistieron además en que no hace falta que se aprueben nuevas leyes, sino simplemente que se acaten las existentes, para que los servidores públicos piensen más en el riesgo que en la ganancia ante la tentación de corromperse.

Rafael Martínez, del Centro de Estudios de Administración Pública de la FCPS, aseguró que uno de los principales problemas que padecen los países latinoamericanos, "en su mayoría en vías de consolidación democrática", es un déficit institucional de reglas del juego formales e informales que contribuyan a la convivencia entre los miembros de la sociedad y a su relación con el Estado.

De acuerdo con los resultados de la encuesta anual Latinobarómetro 2000, la Iglesia, la televisión y las fuerzas armadas tienen los mejores porcentajes de credibilidad, con 71, 45 y 38 por ciento, respectivamente, en tanto que la policía, la administración pública, el Poder Judicial y los partidos políticos recibieron los porcentajes más bajos en la confianza ciudadana, con 33, 25 y 19 por ciento, respectivamente.

En México, según la Encuesta Mundial de Valores, la sociedad confía "mucho o algo" en el Ejército, que recibió 51 por ciento, y en la Iglesia, con 80 por ciento, mientras que la policía sólo llegó a 29 por ciento; los partidos políticos, a 24 por ciento, y diputados y burocracia en general, 20 por ciento.

Christopher Ballinas -también de la FCPS- consideró que la lucha contra la corrupción no puede hacerse de manera improvisada", sino que requiere, además de las acciones del gobierno, la participación de la sociedad, a fin de favorecer el desarrollo democrático y económico del país.

Y advirtió que la corrupción "ahoga" a la economía nacional al distorsionar los mecanismos y procesos de decisión política, y afecta los proyectos de inversión, particularmente aquellos destinados al desarrollo, lo que obliga al gobierno a aumentar la inversión para combatirla. "Si logramos minimizar las oportunidades para corromperse controlaremos la corrupción -dijo-. Si le cerramos las puertas con nuevos procesos y formas de administración pública, la evitaremos".

Arturo del Castillo, del Centro de Investigación y Docencia Económica, expuso un análisis realizado mediante técnicas cuantitativas o de econometría que muestran que las entidades con menos casos de prácticas corruptas o "nefastas" son Colima, Baja California Sur y Aguascalientes, y los que demuestran mayor incidencia son el Distrito Federal, el estado de México y Guerrero.

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