México D.F. Domingo 18 de mayo de 2003
Por capitalización, Bancomer y Banamex
no necesitaban apoyo, según el informe Mackey
Rompen Hacienda e IPAB por la revisión del rescate
bancario
El gobierno quiere evitar la auditoría,
el instituto la considera indispensable; niegan funcionarios de este último
avalar pagarés
ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR
El abierto interés mostrado por el gobierno del
presidente Vicente Fox Quesada por proteger a cuatro bancos privados para
evitar que sean sujetos a una nueva revisión que reduzca el costo
del saneamiento financiero, luego de que la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) halló irregularidades en el rescate bancario,
provocó una ruptura entre la Secretaría de Hacienda y el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), revelaron
fuentes cercanas al organismo.
El
IPAB, que dirige Julio César Méndez, y cuya junta de gobierno
encabeza el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, rechazó
avalar pagarés por 45 mil millones de pesos que amparan operaciones
irregulares realizadas durante el rescate bancario de 1995 y que el gobierno
federal pretende que sean cargados al erario público.
En tanto, el gobierno federal realiza desde hace un par
de meses gestiones legales ante la Suprema Corte de Justicia para evitar
que los cuatro bancos involucrados -Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte--sean
sujetos de la nueva revisión recomendada por la Auditoría
Superior de la Federación y que el IPAB considera indispensable
para que sean canjeados los pagarés de rescate bancario, emitidos
durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.
En el programa de capitalización y compra de cartera
abierto en 1995, los banqueros transfirieron al Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa) créditos irregulares, como autopréstamos,
financiamientos sin garantía e intereses moratorios, que la ASF
detectó en la última revisión de la cuenta pública
y recomendó al IPAB rechazar esas operaciones, que amparan un monto
por 45 mil millones de pesos. Los bancos buscaron el amparo de la justicia
en contra de esa revisión.
Maquillaje del arqueo
Extrañamente, en el penúltimo día
del periodo ordinario de sesiones del Congreso, que concluyó el
30 de abril pasado, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(del PRI) buscó la aprobación de un punto de acuerdo en el
que se exhorta a la Secretaría de Hacienda para que, en su calidad
de miembro de la junta de gobierno del IPAB, someta al acuerdo la firma
de un convenio con los bancos a fin de realizar las auditorías que
ordena el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB.
Sin embargo, las fuentes cercanas al IPAB que conocen
de este proceso consideraron que los términos del acuerdo representan
un maquillaje del arqueo y permitirían a los bancos sólo
reducir el costo del rescate bancario en cuando mucho 500 millones de pesos,
cifra claramente inferior a los 45 mil millones en que el IPAB considera
que puede disminuir ese costo.
De acuerdo con los comentarios de estas mismas fuentes,
el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, expresó
su abierta oposición a esta maniobra, que significaría un
golpe más a los contribuyentes, que ya cargan con una deuda derivada
del rescate bancario que, de acuerdo con la ASF, alcanza 920 mil 270.8
millones de pesos.
Auditorías minuciosas a empresas del titular
de la ASF
Según estos mismos reportes, el choque también
se dio entre el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el
titular de la ASF, Arturo González de Aragón, cuyas empresas
relacionadas con la radiodifusión y la distribución de automóviles,
fueron objeto de auditorías fiscales minuciosas. Esto motivó
la filtración de los informes sobre la empresa Integradora
de Servicios Operativos (ISOSA), contratada sin licitación por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT, dependiente de Hacienda).
Recibió un contrato por 2 mil 500 millones de pesos que no fueron
reportados al gobierno federal.
Las irregularidades en el rescate bancario, que encontró
la ASF y que el gobierno federal pretende pasar por alto, fueron documentadas
por el órgano de fiscalización del Congreso en el informe
de la Cuenta Pública de 2001, primer año de la administración
del presidente Fox.
En ese documento, en el que se recomienda la revisión
de los pagarés, la ASF señala que en los programas de apoyo
a ahorradores la instrumentación careció de políticas,
procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia
discrecionalidad en las decisiones, falta de transparencia en las operaciones
y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los servidores
públicos y a las instituciones que participaron en la conducción
de los programas.
En particular, encontró que instituciones como
Bancomer y Banamex, las dos más importantes del país, transfirieron
de manera irregular al Fobaproa intereses moratorios, algo que no estaba
considerado en las bases para la capitalización emitidas durante
el proceso de saneamiento financiero.
En otra observación, señala que Banamex,
Bancomer, Banorte y Bital fueron incluidos en el programa de capitalización
y compra de cartera, no obstante que sus índices de capitalización
eran superiores al 8 por ciento señalado en la normatividad.
Los funcionarios encargados del proceso de saneamiento
que ahora la ASF considera irregular, fueron: Guillermo Ortiz, entonces
secretario de Hacienda; Miguel Mancera, ex gobernador del Banco de México;
Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores; Martín Werner, ex subsecretario de Hacienda;
Javier Gavito y Javier Arrigunaga, quien fungió como director del
Fobaproa. La ASF tiene facultades legales para requerirlos.
Operaciones irregulares de dos bancos
ROBERTO GARDUÑO
De los 24 bank reports que forman parte del informe
Mackey y que se encuentran en manos del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB), los de Bancomer y Banamex señalan que
esos bancos no necesitaban de apoyos gubernamentales para ser rescatados
porque su índice de capitalización era más elevado
de lo que exigía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV). No obstante, la principal razón que los dueños de
esas instituciones y las autoridades financieras pusieron en la mesa para
ingresar al Programa de Compra de Cartera fue que era necesario prevenir
un riesgo, y de no haber participado de esos beneficios hubieran enfrentado
una desventaja competitiva con el resto de los bancos.
Esa ilegalidad costó al país a precio actual
149 mil millones de pesos, porque al día de hoy el pagaré
de compra de cartera de Banamex asciende a 76 mil millones de pesos y el
de Bancomer asciende a 73 mil millones de pesos. Si el IPAB hubiese dado
a conocer a la opinión pública el contenido de los bank
reports la conclusión sería que toda la operación
de saneamiento y de Banamex y de Bancomer es irregular.
Además, en el artículo quinto de la Ley
del IPAB se establece que en caso de encontrar irregularidades se procederá
inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar y
los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica.
Ese resultado pone en evidencia que aún existen
temas que el Congreso federal desconoce en torno al costoso rescate bancario
que asciende, a la fecha, a un monto de 920 mil 270.8 millones de pesos.
El elemento más importante que ofrecen los papeles
de trabajo (bank reports) es que muestran y detallan la "ingeniería
financiera" con la que se llevaron a cabo las operaciones a las que el
auditor Mackey calificó de "transacciones reportables". De la lectura
de éstos se desprenden los beneficios adicionales que obtuvieron
los bancos como consecuencia de los "ilegales e inoperantes" programas
de capitalización y compra de cartera".
Empresarios y banqueros se beneficiaron
Por lo que corresponde a Banamex, se detallan diversas
operaciones, entre las que destacan aquellas donde destacados empresarios
y banqueros se beneficiaron.
José Madariaga Lomelín -ahora directivo
del BBVA Bancomer- se benefició con un crédito cuando era
presidente del Grupo Financiero Probursa mediante el fideicomiso 12155-8,
constituido en Bancen a nombre del banquero. El objeto de aquel préstamo
fue comprar 76.3 millones de acciones del Grupo Financiero Probursa.
José Creel Cobián, primo de Santiago Creel,
secretario de Gobernación, recibió de Banamex un crédito
por 34 millones de dólares que fue utilizado para comprar acciones
de la Casa de Bolsa Bursamex, institución posteriormente relacionada
con el Banco del Sureste, de Eduardo Creel Cobián, y cuyo director
de inversiones fue el actual presidente de la CNBV, Jonathan Davis. Ese
banco fue intervenido en marzo de 1995 y el crédito fue vendido
al Fobaproa en diciembre de ese mismo año.
En el caso de Bancomer, los beneficios para los banqueros
y empresarios fueron muy redituables. En el working paper respectivo
se señala que el Fobaproa adquirió 10 créditos de
Luis Roberto Mazón López, dueño de diversas compañías
del Grupo Mazón, por un monto de 194 millones de pesos y debido
a que su padre, Enrique Mazón López, no sólo era accionista
de Bancomer sino que pertenecía al consejo de administración
de ese banco.
También está el caso de Abraham Silberstein
Toiv, asesor de Bancomer y que controlaba las siguientes compañías:
Consorcio Habitacional Lomas del Sol, Desarrollo Promotor Juansil, Exclusivas
Orientales, Promotora Inmobiliaria Jardines de la Mesa, Racine, SA de CV
y Universo de Regalos, quien recibió préstamos de Bancomer
-ninguno fue pagado- y el 31 de diciembre de 1995 fueron transferidos al
Fobaproa con valor de 225 millones de pesos.
Los préstamos irrecuperables
La calificación "E" es aplicada a los créditos
que son irrecuperables, es decir aquellos de los que "nada" se va a obtener.
El working paper de Bancomer ilustra que fueron transferidos al
Fobaproa aproximadamente 138 millones de pesos "producto de 31 créditos,
en diciembre de 1995".
Esto es una muestra de la ilegalidad de esas operaciones
de compra de cartera, porque en el momento en que el Fobaproa adquiría
un crédito irrecuperable equivalía a "comprar una deuda"
que el gobierno federal debía aceptar previa autorización
del Congreso federal. Esa autorización jamás se solicitó.
De hecho, en las bases de capitalización de Banamex
y Bancomer figura una cláusula que textualmente establece: "Este
documento es de carácter confidencial, por lo que el gobierno federal
determinará la forma en que deberá darse a conocer el esquema
de capitalización a la opinión pública".
En el caso de dos bancos analizados, Banamex y Bancomer,
que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera,
el Fobaproa pagó con todo e intereses moratorios y, de acuerdo con
las actas del Comité Técnico del Fobaproa, esto no estaba
permitido para el caso de Bancomer, porque junto a Banamex fueron los dos
únicos bancos a los que se les compró cartera hipotecaria.
Mario
Di Costanzo, asesor económico del grupo legislativo del PRD en la
Cámara de Diputados, manifestó que "adicionalmente los bank
reports manifiestan que ni Banamex ni Bancomer requerían de
apoyos gubernamentales, por ello toda la operación de capitalización
de los bancos podría ser irregular. Si fuera así se tendría
que dar marcha atrás y devolver la cartera a los bancos, con la
consecuente reducción de los pagarés. Ese hecho podría
reducir el costo del rescate bancario entre 75 mil y 149 mil millones".
Los beneficios para los bancos en cuestión fueron
los siguientes: adquisición de la cartera con intereses moratorios;
constitución de reservas preventivas, en el caso de Banamex y Bancomer
la composición de la cartera adquirida a ambas instituciones por
parte del Fobaproa estaba constituida en aproximadamente 50 por ciento
por cartera vencida, por lo que en ese momento los bancos obtuvieron un
beneficio potencial sobre la cancelación de reservas preventivas,
esto se tradujo en un beneficio adicional de aproximadamente 4 mil millones
de pesos en Banamex y de 3 mil 200 millones de pesos en Bancomer. Esas
operaciones virtuales permitieron que contablemente los bancos modificaran
sus estados financieros y retiraran de las instituciones reservas de capital.
De manera adicional y fuera del laxo marco jurídico
ya establecido por el Fobaproa, se otorgó a estas instituciones
un perdón adicional equivalente a 20 por ciento de la reserva que
se requería de acuerdo con las valuaciones de la cartera que se
efectuaron. Estos incentivos adicionales a valor actual ascendieron en
el caso de Banamex a mil 753 millones de pesos y en de Bancomer, a 3 mil
277 millones de pesos.
Se identificaron créditos irregulares adicionales
a los identificados por el auditor canadiense Michael Mackey por 7 mil
500 millones de pesos en Banamex y por 2 mil millones de pesos en Bancomer.
Los beneficios adicionales obtenidos más allá de la compra
directa de cartera en el caso de Banamex ascendieron a más de 20
mil millones de pesos, los cuales podrían ahorrarse en caso de que
el IPAB asumiera las recomendaciones y se ajustara estrictamente la ley
para hacer cumplir las auditorías en los bancos ordenadas por el
Congreso con el fin de reducir el costo fiscal del rescate bancario.
En el caso de Bancomer se obtendrían ahorros por
16 mil millones de pesos, es decir, los ahorros potenciales en el supuesto
de que se cumpliera con el mandato que le dio el Congreso al IPAB de realizar
las auditorías correspondientes a esos dos bancos, se reduciría
la deuda en aproximadamente 38 mil millones de pesos.
Además, el universo de las operaciones reportables
es de aproximadamente 17 mil 815 créditos, que involucran 73 mil
775 millones de pesos. Del total de las operaciones, 97 por ciento (17
mil 352) se refieren al Grupo "Aa", es decir operaciones del Programa de
Compra de Cartera que no cumplieron con los criterios establecidos por
el propio Fobaproa, y cuyo monto es de 24 mil 778 millones de pesos.
Cabe destacar que en ese listado entregado por el auditor
Mackey no se especifica la desagregación de 16 mil créditos
por un monto aproximado de 13 mil 600 millones de pesos, y no es posible
conocer el nombre o razón social de las personas físicas
o morales que fueron involucradas en ese tipo de operaciones, que representan
más de 90 por ciento de las operaciones y más de 50 por ciento
de los recursos fiscales involucrados.
Por lo que toca a las operaciones relacionadas "B", es
decir a créditos que fueron otorgados entre los mismos accionistas
de los bancos, a pesar de haber sido identificadas sólo 378 operaciones,
involucran 57 por ciento del total de las operaciones reportables y están
concentradas en Banca Unión, Inverlat y Confía, quienes detentan
75 por ciento de los créditos relacionados.
Las operaciones ilegales (C), aquellas que violaron alguna
ley, y que están consideradas como delitos, ascienden a aproximadamente
6 mil millones de pesos y se encuentran en Banca Unión, Confía
y Banpaís.
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