Arturo Salgado, director de la Agencia Estatal de Investigación, inició la agresión, dicen

Policías de Chiapas golpean a abogados de transportistas piratas

Denuncian hostigamiento hacia autoridades de municipios autónomos zapatistas

ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de mayo. Policías estatales encabezados por el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Arturo Salgado Cordero, golpearon al abogado defensor de los derechos humanos Miguel Angel de los Santos, así como a una de sus acompañantes, cuando se encontraban en los separos de la dependencia acreditándose como representantes de uno de los detenidos durante el operativo implantado la víspera en el municipio Villa de las Rosas.

Los hechos ocurrieron cuando De los Santos -reconocido por la defensa de los grupos indígenas, particularmente presos zapatistas- y la abogada Alejandra del Valle se encontraban dialogando con el indígena José Manuel Martínez Pérez en el interior de los separos de la AEI, ubicados en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Mientras mostraba las magulladuras dejadas en rostro y tórax por los golpes directos que recibió, De los Santos explicó que se encontraba de espaldas a la oficina del mayor del Ejército Mexicano y actual director de la AEI, cuando éste salió de su despacho y lo empezó a golpear de forma imprevista, ante la mirada sorprendida del subprocurador de Justicia Fausto Arano y de otro agente de nombre Ulises.

Al intentar intervenir para impedir que siguieran golpeando a De los Santos, Alejandra del Valle también fue golpeada y azotada contra la pared por varios agentes que acudieron al lugar al escuchar los gritos.

"Luego de tenernos así por varios minutos nos sacaron a empellones del lugar, sin darnos ninguna explicación", reseñó el abogado, quien añadió que con esta acción los servidores públicos impidieron que se pudiera acreditar como abogado defensor de Manuel Martínez, quien forma parte del grupo de defensores indígenas de los derechos humanos y fue detenido cuando recopilaba información sobre el movimiento que transportistas emprendían en Villa de las Rosas.

Por su parte, la PGJE aún no ha dado a conocer la situación que guardan los 27 detenidos de la comunidad Nuevo Tepeyac, municipio de Villa de las Rosas -entre ellos dos menores de edad-, quienes aún se encuentran en calidad de presentados. Continúa grave el estado de salud de Federico Martínez, quien durante el operativo para rescatar a cinco transportistas resultó herido de bala.

A este respecto, alrededor de 30 organismos civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales expresaron su "enérgica condena" por el operativo policiaco realizado ayer en contra de transportistas piratas de la comunidad Nuevo Tepeyac, municipio de Villa de las Rosas. De igual forma condenaron la agresión que sufrieron hoy los abogados
Miguel Angel de los Santos Cruz y Alejandra del Valle, de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, quienes defienden a los 27 transportistas detenidos.

"Ya es tiempo de poner las cosas en claro con el gobierno de Pablo Salazar
Mendiguchía: es un gobierno que viola los derechos humanos, que sigue aplicando la tortura, que viola las garantías del debido proceso a las personas detenidas y es intolerante ante la crítica", aseveraron los organismos en un pronunciamiento divulgado esta tarde en San Cristóbal.

Por otro lado, los municipios autónomos zapatistas Miguel Hidalgo y Lucio Cabañas denunciaron hostigamiento y asedio de la policía de Chiapas hacia dirigentes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y confirmaron la detención de un dirigente de los municipios autónomos.

Las autoridades del municipio zapatista Miguel Hidalgo informaron que el gobierno y los habitantes de la comunidad de Santa Rosalía mantienen un hostigamiento constante contra los principales dirigentes del municipio en rebeldía, quienes, aseguran, tienen órdenes de aprehensión y podrían ser detenidos. "Mantienen en vigilancia permanente a nuestros compañeros que viven en la sede de nuestro municipio, los persiguen cuando salen a resolver sus necesidades, siguen las amenazas y los del gobierno apoyan y no hacen nada porque esas 72 personas se vayan de Santa Rosalía a los ranchos que les han comprado en La Trinitaria", señalaron.