Exigen a Gobernación y la SRA revisar el marco jurídico agrario

Son devueltas a narcos tierras incautadas, acusan campesinos

Ordenes judiciales obligan a labriegos a entregarlas y quienes se oponen son asesinados

MATILDE PEREZ U.

Revisar el marco jurídico agrario, exigieron representantes del Congreso Agrario Permanente (CAP), del movimiento El campo no aguanta más y de otras organizaciones a las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Gobernación. Argumentaron que las 370 mil hectáreas que fueron incautadas a narcotraficantes a partir de 1992, que se entregaron a campesinos, ahora, por órdenes judiciales, regresan a quienes las sembraron con enervantes y aquellos que se oponen son asesinados.

A ese fenómeno, dijeron, se debe sumar la agudización de los enfrentamientos por conflictos agrarios en Oaxaca, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua, entre otras entidades, que están derivando "en ríos de sangre".

Ante las críticas y señalamientos campesinos, el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, reviró: No hay un abandono de los ejidatarios, "nosotros continuaremos con los procedimientos legales, toca a la Procuraduría Agraria investigar los casos de la devolución de las tierras incautadas al narcotráfico. También pediremos al Tribunal Superior Agrario que revise los expedientes, porque probablemente hubo algunos datos que impidieron a los magistrados advertir que se trataba de tierras incautadas".

Durante la instalación de la Comisión de Ordenamiento de la Propiedad Rural, los dirigentes campesinos asentaron que sin una política más agresiva, sin que eso signifique "confrontaciones ni pleitos sino defensa de la propiedad social", continuará el atraso en las zonas rurales. En ese foro, el subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, aclaró que el evento no era una ceremonia más ni un acto convencional. Gobierno y campesinos, dijo, están dispuestos a demostrar que buscan obtener resultados, "esto es el inicio del seguimiento con seriedad y concreción del Acuerdo Nacional para el Campo".

Margarito Montes Parra, de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), pidió a los responsables de la política agraria y a los ministros del Tribunal Superior Agrario (TSA) que "dejen de moverse en la irrealidad de sus oficinas, hagan a un lado sus fantasías y regresen a un grado de realidad. Señores, los ejidos se han adelgazado y perdieron su función por diversos motivos económicos y jurídicos".

Como ejemplo, manifestó que en Sonora cerca de 87 por ciento de los ejidos que se formaron durante el reparto agrario de 1938 ya se vendieron, y en el caso de los 76 conformados en 1976 ahora sólo existen 40, el resto es propiedad privada. En los campos 5, 16 y 47 destacan residencias en medio de las escasas superficies que aún se cultivan, y hasta en los solares urbanos de los ejidos, como en el caso de El Polvorín, las residencias desplazan las viviendas campesinas.

Con estos problemas no se puede continuar con la ficción presupuestal, ya que para que los campesinos mantengan las tierras que se decomisaron al narcotráfico hay que ir más allá de la negociación jurídica, asentó Montes Parra.

Después, en entrevista, expuso que las tierras que por órdenes judiciales están devolviéndose a familiares de narcotraficantes o inclusive a quienes ya cumplieron sus respectivas sentencias, fueron incautadas hace una década al cártel de Sinaloa, encabezado por Félix Gallardo.

Rafael Galindo, coordinador en turno del CAP, puntualizó: "los 300 millones de pesos extra que se aprobaron durante las negociaciones del Acuerdo Nacional para el Campo para los asuntos agrarios deben ser para resolver los conflictos de la tierra, esperamos que no vayan a parar a los bolsillos de un senador (Diego Fernández de Cevallos) que le ganó un juicio a la SRA".

Cada uno de los dirigentes campesinos insistió en que el gobierno federal cumpla el compromiso adquirido en el Acuerdo Nacional para el Campo de analizar y evaluar el marco jurídico agrario. José Durán Vera, de la Unión Campesina Democrática, comentó que el compromiso de los agricultores fue "no tocar el artículo 27 constitucional", pero eso no significaba renunciar a la revisión del marco jurídico. "¿Ya olvidaron ese compromiso, ese pacto?"

Postura contraria sostuvieron los representantes del Consejo Nacional Agropecuario, Armando Paredes; de la Confederación Nacional Ganadera, Gustavo Torres, y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Julián Orozco, quienes apuntaron que el tema de la seguridad jurídica cubre las expectativas de discusión acerca de la problemática agraria, y que la revisión y análisis del marco jurídico no podría ser un único tema.