Deben recibir otro tipo de atención, dice delegado

Necesario, desalojar a varios grupos de Montes Azules: Profepa

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 29 de mayo. Hernán Alfonso León, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, sostuvo que en Montes Azules hay grupos asentados "que no tienen ningún derecho agrario", por lo cual "deben ser desalojados y atendidos en otros términos, pero no tienen por qué estar presionando a las autoridades".

Entre las propuestas emitidas en la llamada mesa ambiental para atender la problemática de Montes Azules -integrada por autoridades estatales y federales-, la Profepa ha sugerido el desalojo inmediato de los núcleos poblacionales asentados en la zona después de que se emitió la resolución presidencial de 1971, que otorga todos los derechos agrarios a la comunidad lacandona. En tanto, el gobierno estatal planteó establecer condiciones integrales de desarrollo para impedir que los poblados regresen a la reserva, como sucedió en 1999 y 2000.

En entrevista, Alfonso León se refirió al caso del poblado Lucio Cabañas, cuyos habitantes fueron desalojados el 19 de diciembre pasado, pero tres familias retornaron el fin de semana anterior, luego de permanecer cinco meses en un albergue. Explicó que al persuadir a los pobladores a que abandonaran el lugar, "la Profepa nunca se comprometió a darles tierra, sino a gestionarla, y para ello se requiere de un periodo de entre siete y ocho meses, y apenas han pasado cinco, pero se desesperaron".

Afirmó que se necesitan un millón 200 mil pesos para comprar predios para los desplazados, recursos que no se han conseguido. No obstante, dijo que hará contactó nuevamente con quienes volvieron a Lucio Cabañas y espera que acepten ubicarse en otro lugar, con el propósito de no dejar un "mal antecedente".

Alfonso León explicó que las diferencias con el gobierno estatal se originaron porque éste "nos cuestionó por qué se desalojó a esta gente sin que hubiera una propuesta de reubicación; nosotros respondimos que, como protectores del medio ambiente, llegábamos al convencimiento o aplicábamos la ley, porque hay grupos que no tienen ningún derecho" de asentarse en Montes Azules. Indicó que los invasores "deben ser desalojados y atendidos en otros términos, pero no tienen por qué estar presionando a las autoridades".

Puntualizó que hay acuerdo entre Profepa y gobierno estatal de respetar los derechos agrarios de los asentamientos consolidados antes de la resolución de 1971. "A los poblados que se hayan asentado a partir de 1994 debemos plantearles una reubicación consensada, pero si nosotros permitimos que ingresen nuevos grupos van a acabar con la selva".

Manifestó que existen diferencias en cuanto a los recursos que se requieren para resolver el conflicto. "El gobierno estatal habla de una propuesta de mil 500 millones de pesos, y nosotros de sólo 150 millones para una solución de corto plazo del problema ambiental. Después, las demás instancias de gobierno deberán dotarlos de otros proyectos, con sus recursos, para darle una solución integral".

Por su parte, luego de una reunión con autoridades federales de Medio Ambiente y Reforma Agraria, efectuada el miércoles pasado, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía dijo que algunos grupos han manifestado disposición a ser reubicados, "pero esa vía está relacionada con recursos económicos, cuya estimación es de más de mil millones de pesos".

Indicó que ese dinero no necesariamente debe salir del presupuesto, y deben acudir a la cooperación internacional. Como ejemplo, informó que su gobierno obtuvo una donación de 15 millones de euros que estarán disponibles en unos meses y podrían destinarse para avanzar en Montes Azules.

Por lo pronto, Salazar Mendiguchía descartó que se vaya a utilizar la fuerza pública en Montes Azules, e informó que trabaja con el gobierno federal para fijar plazos y cumplir los compromisos asumidos para lograr una "solución integral".