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México D.F. Viernes 30 de mayo de 2003

Seguridad nacional y acceso a reportes militares

El tema de la seguridad nacional no debe ser obstáculo para que la ciudadanía ejerza su derecho a conocer la supervisión pública sobre los sectores militares en aspectos como los de saber en qué y cómo gastan el dinero, consideró Helen Darbishire, del Instituto de la Sociedad Abierta de Hungría.

Reunidos en el seminario internacional Implementación del derecho de acceso a la información pública, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expertos nacionales y extranjeros discutieron sobre sus experiencias en la materia y sobre cómo puede lograrse una mejor aplicación del derecho a la información.

Darbishire expresó que para que funcione una norma de este tipo los medios y la sociedad tienen que ejercer presión, pues de lo contrario no opera como debería ser. También advirtió que la transformación cultural mediante una ley de acceso a la información es lenta y necesitan pasar años para que se pueda verificar un verdadero cambio.

Una buena norma no lo es todo, aclaró, hay leyes malas que funcionan porque encuentran cooperación de la sociedad. Al hablar sobre la información clasificada, indicó que en casos como el de la seguridad nacional es evidente la necesidad de evitar un daño.

Sin embargo, lo anterior no obsta para ejercer el derecho de conocer la supervisión pública de los militares, pues es necesario saber, por ejemplo, en qué gastan su presupuesto.

Por otra parte, consideró que un organismo como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tiene que ser independiente o libre de presiones políticas para que pueda cumplir cabalmente con su función.

En su turno, Robert Freeman, director ejecutivo de la Oficina de Gobierno Abierto de Nueva York, se refirió al desarrollo de la transformación cultural que comienza a darse cuando un país cuenta con una ley de acceso a la información.

Dijo que con este tipo de normas se logra reducir o exponer la corrupción, mejorar la función de gobierno, verificar el uso de los recursos públicos y conocer la calidad de escuelas en un país, es decir, saber cuáles ofrecen una deficiente enseñanza y cuáles cumplen bien su cometido.

También es posible conocer el tipo de oportunidades que tiene la población y saber si se da la misma educación a los ricos que a los pobres. Asimismo, se pueden conocer los resultados del sistema de salud para tomar determinaciones como las de seleccionar los mejores centros sanitarios.

En referencia a la ley mexicana de acceso y transparencia a la información pública federal, consideró que es una legislación fuerte que contó con la ventaja de conocer las experiencias de los 40 países en el mundo que tienen normas de este tipo. KARINA AVILES

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