Godínez y Cuara confían en que no serán sancionados

Ofrece líder del Episcopado respeto a "límites" legales

Analiza México Posible enviar una queja a Juan Pablo II

DE LA REDACCION

La injerencia del clero católico en asuntos electorales avivó el debate en torno a la reforma al artículo 130 constitucional, realizada en 1992 para dar personalidad jurídica a las iglesias, y a la necesidad de que el Legislativo llene los vacíos para sancionar a los ministros de culto que hacen llamados a no votar por determinadas plataformas políticas.

Aunque algunos jerarcas católicos se mantuvieron inflexibles en defensa de los criterios doctrinales de su Iglesia, el secretario general del Episcopado Mexicano, Abelardo Alvarado, externó la disposición del organismo por respetar los límites legales para la expresión política de obispos y sacerdotes, y mostró confianza en que la resolución de las autoridades en torno a las denuncias presentadas por el partido México Posible (PMP) contra algunos de ellos resulte favorable a los prelados.

En una carta dirigida ayer al director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alvarado escribió: "En relación con los términos de la ley que impone una sanción a los ministros de culto que induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político o a la abstención del ejercicio del derecho al voto, respetaremos las actuales leyes mientras éstas estén vigentes, sin perjuicio de reclamar nuestros legítimos derechos".

Dos de los inculpados, Ramón Godínez y Luis Gabriel Cuara, pastores de las diócesis de Aguascalientes y Veracruz, respectivamente, desestimaron las quejas en su contra. El segundo hasta retó a PMP a probar que ha hecho proselitismo electoral desde el púlpito. "Durante mis sermones -señaló en entrevista- únicamente he pretendido promocionar la defensa de los valores morales y cristianos, al rechazar proyectos como la legalización del aborto, la eutanasia y matrimonios del mismo sexo, pero sin aludir a candidatos o fórmulas electorales en particular".

Godínez, por su parte, aseguró que no prosperará denuncia alguna en su contra porque él sí conoce las leyes y sabe que no incurrió en ninguna violación al calificar de "pornográfica" la propaganda de México Posible. "Dios nos ha dado sensatez, esto es como los llamados a misa, quien quiere va, aunque no por eso se va a derramar sangre ni habrá violencia."

Ningún cambio, plantea Bravo Mena

Coincidió con el presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, en que no es necesaria reforma alguna al artículo 130 constitucional. "Pensamos que así está bien ahorita -sostuvo el dirigente partidista-. No tenemos por qué entrar e inflar más ese tema. No lo amerita. Así debemos conservarlo".

Pidió respeto a la libertad de expresión de los ministros de culto y "que puedan hacerlo con toda claridad". A los reporteros que lo interrogaron en la residencia de la embajada de Alemania, en el Distrito Federal, les dijo que su partido ya dio su punto de vista respecto a esta controversia y no tiene nada que agregar.

Mientras tanto, en defensa del Estado laico, México Posible organizó una mesa redonda en la que el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Serrano Migallón, sostuvo que hay suficientes elementos para castigar a los jerarcas católicos por proselitismo político -entre ellos Jacinto Guerrero (Tlaxcala), Mario de Gasperín (Querétaro), Florencio Olvera (Cuernavaca), Felipe Aguirre Franco (Acapulco) y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez- y definió la importancia de aprobar ya el reglamento para la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: "Sirve para precisar lo establecido y los mecanismos de sanción en casos como éstos, de injerencia partidista."

En coincidencia con Marta Lamas, del Grupo de Información en Reproducción Elegida; con el investigador Rolando Cordera; con el académico Gilberto Guevara, y con la dirigente de PMP, Patricia Mercado, el catedrático cuestionó la intención del canónigo de la Basílica de Guadalupe, Raúl Soto, de interponer una controversia constitucional, a sabiendas que perderá la discusión en torno al artículo 130.

Mercado informó que su instituto político analiza la redacción de una carta dirigida al papa Juan Pablo II para informarle sobre la conducta de sus obispos en México y de cómo se entrometen en política. En conjunto, los panelistas del acto, celebrado en Casa Lamm, en la capital del país, criticaron la "actitud fundamentalista" y la "intolerancia" de integrantes del Episcopado para tratar de influir en el voto católico del próximo 6 de julio.

Al respecto, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, consideró factible reglamentar el artículo 130 constitucional, para evitar "malos entendidos sobre la participación de las iglesias en política". Al sostener un encuentro con representantes de las diócesis de los estados de México y Morelos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, consideró que dicha actitud "no tiene nada de malo" si los sacerdotes emprenden una cruzada nacional para invitar a los ciudadanos a que cumplan con su derecho de votar. Pero, aclaró, si alguno induce el sufragio hacia algún partido, "sí debe ser corregido".

Su homólogo de Aguascalientes, Felipe González, respaldó que la jerarquía católica participe con sus expresiones en política. "Si están hablando de una postura madura y de democracia, no entiendo quiénes sí pueden opinar y quiénes no. O todos coludos o todos rabones", señaló.

Dante Delgado, presidente nacional del partido Convergencia, pidió "no alarmarse por los pronunciamientos políticos" de los ministros de culto, mientras el vocero del PRD, Javier Hidalgo, durante la presentación de candidatos en Guanajuato, señaló: "¡Qué bueno que los obispos y sacerdotes estimulen la participación de los electores". Finalmente, José Luis Luege, dirigente del blanquiazul en el Distrito Federal, se pronunció por reformas pero que no limiten la libertad de expresión de sacerdotes.