Desarrollan proyectos ecoturísticos para "garantizar la conservación" de la selva

Presionan empresas para desalojar a poblados indígenas de Montes Azules

Inversionistas apoyados por autoridades federales reditan andanada de declaraciones

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 3 de junio. En un terreno minado por las políticas contrainsurgentes que pretenden "contener" y debilitar las demandas de los indígenas rebeldes de Chiapas, los proyectos turísticos conservacionistas de carácter privado insisten en abrirse paso, sobre todo en el sur y el oriente de Montes Azules. Las presiones de los inversionistas han aportado un nuevo componente crítico a la escandalosa situación en dicha "área natural protegida".

El grupo Alquimia, por ejemplo, negocia la concesión de terrenos en la ribera interior del río Santo Domingo, próximo al Ixcán guatemalteco, para construir un centro turístico. Este grupo es el exitoso concesionario de X'caret, El Garrafón, Xel-há y el flamante e impugnado parque Cañón del Sumidero. Según reconoció en diciembre el secretario chiapaneco de Turismo, Luis Pedrero, Alquimia "está interesado en invertir en los afluentes de los ríos Lacantún y Santo Domingo".

Por lo pronto, y para que no digan, el gobierno ha propiciado la construcción del embarcadero Las Nubes, con un estacionamiento, un mercadito y un restaurante en la ribera opuesta del Santo Domingo, a cargo de los indígenas del lugar.

En la misma región donde se localizan los asentamientos indígenas más amenazados de desalojo (Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael-Ignacio Allende), la apertura ecoturística gana terreno. No lejos de Boca Chajul, ya se convirtió en "parque ecoturístico" el lugar denominado Las Guacamayas, santuario de millares de estas aves, un prodigio natural al que no falta mucho para que le pongan taquilla.

Los proyectos de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. en las estaciones de Chajul, Jalisco y Tzendales, con la amigable participación de Ford Motor Company, ya cuentan con la venia de las autoridades federales (Semarnat, Profepa, CNAP). Todas las entidades mencionadas, con el respaldo de Conservation International, World Wildlife Fund y el Instituto de Historia Natural y Ecología, desataron una ofensiva declarativa en agosto y septiembre de 2001 para pavimentar el desalojo, "inclusive violento" se llegó a decir, de los poblados tzotziles, tzeltales y choles ubicados en Montes Azules, para "garantizar la conservación" de la selva. Una campaña similar se desató a finales de 2002. En ambos casos la fiebre declarativa probó ser el anuncio de nuevos intentos de desalojo.

La semana pasada, los mismos actores y voceros reditaron este clima de presión declarativa, como "anunciando" una nueva andanada, si bien se sabe que de momento no existe consenso en la mesa ambiental (federal y estatal) para ello.

ƑEnsayando escenarios de destabilización en la selva?

Las nuevas tácticas de contrainsurgencia diseñadas para nuestro continente poseen una complejidad aún poco registrada por los analistas. En Colombia (verdadera Jauja de estas estrategias y sus letales resultados), como acaban de confirmar las matanzas de guahíbos y campesinos en Parero y Flor Amarillo, provincia de Arauca, hace un mes, los ataques "paramilitares" ya no los realizan paramilitares, sino el propio ejército, medio disfrazado. Los ataques a esas comunidades del "Arauca vibrador" colombiano, además de mortíferos, son montajes.

Algo similarmente novedoso, toda proporción guardada, "ocurrió" en la selva Lacandona en la segunda quincena de mayo. A pocos días del presunto ataque "guerrillero" contra la policía en el barrio de San Bartolomé (municipio Venustiano Carranza), la prensa local reportó la "aparición de un nuevo grupo armado" en el corazón de las cañadas, hacia el límite occidental de Montes Azules, a la altura de Pichucalco y Amador Hernández. La misma prensa "descartó" categóricamente que se tratara del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), si bien se trata de una zona fuertemente zapatista.

Ciertamente, por sus acciones y vestimenta, los hombres armados que se pasearon unos días por las tierras bajas de la sierra de San Felipe no se parecían en nada a los rebeldes zapatistas. Algunos testimonios de indígenas parecen confirmar este operativo "guerrillero", que habría consistido en hacerse ver, individuos armados como un ejército profesional y con camisas beige idénticas a las de los trabajadores de Pemex, humillando a campesinos y amenazándolos gratuitamente. A uno, en estado de ebriedad, lo "secuestraron" unas horas, y para bajarle la borrachera fingieron fusilarlo varias veces. Al final lo dejaron amarrado.

Hacia finales de mayo, indígenas de la región recorrieron la "ruta" del grupo, que había desaparecido dejando rastros efectistas de fogata y campamento, y se esfumó como si nada. La Unión de Ejidos Nuevo Paraíso, perteneciente a la Asociación Rural de Interés Colectivo, Aric Independiente y Democrática, había expresado preocupación el 27 de mayo al denunciar que su compañero David Gómez fue torturado y abandonado en las afueras del ejido.

Esta "aparición" fue comentada de inmediato por el ex presidente de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdic), Homero Hernández González: "No se puede descartar que como una manifestación de rechazo a la falta de respuestas a las demandas de la sociedad, algunos busquen otros medios para presionar, así como lo hizo el EZLN en 1994" (Cuarto Poder, 28 de mayo).

La Opdic, liderada por el diputado local Pedro Chulín Jiménez, ha sido señalada como paramilitar y responsable de diversos actos de violencia en el norte de la selva y la reserva de Montes Azules. A fin de cuentas opositores del actual gobierno, además de instrumento antizapatista, estos priístas "no descartan", mustios, que otros grupos "tomen las armas". No parece importarles que el "comando a modo" que asomó por las cañadas no estuviera conformado por indígenas.

Estos fantasmas "guerilleros", por cierto, "aparecieron" al cumplirse 10 años del primer incidente de combate entre el EZLN y el Ejército federal en la sierra de Corralchén, en mayo de 1993. Y ya ven cómo le gustan las fechas y los aniversarios a quien sea que decide las acciones contrainsurgentes en la zona de conflicto.