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E C O N O M I A
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México D.F. Miércoles 18 de junio de 2003

La demanda del Banco de México, forma de contestar a las observaciones de la ASF

Conoce Ortiz la información que ahora exige a bancos: PRD y PRI

Se excedió en atribuciones en la compra de cartera a las instituciones, según la Auditoría Superior de la Federación Ese programa incluyó a Banamex, Bancomer, Banorte y Bital

ROBERTO GARDUÑO

Como integrante del comité técnico del Fondo Bancario de Protección del Ahorro (Fobaproa), Guillermo Ortiz Martínez "procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones, al actuar sin reglas y políticas de operación" para aceptar el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que incluyó los bancos a los que ahora demanda, manifiesta la acusación formulada el 30 de marzo pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón.

En busca de la relección al frente del Banco de México (BdeM), el actual gobernador también incurre "en una grave omisión", porque al ser fiduciario el banco central posee toda la información que ahora exige a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, denunciaron el PRI y PRD en la Cámara de Diputados.

La demanda de Ortiz Martínez contra los bancos para entregar la información relativa a los créditos que el Fobaproa les compró durante el rescate es una forma de "contestar a las observaciones que le hizo la ASF", al encontrar operaciones irregulares por más de 45 mil millones de pesos de los que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte fueron beneficiados, coincidieron los diputados del PRD, José Antonio Magallanes, y del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

En la Unidad de Evaluación y Control de la ASF se informó a este diario que el Banco de México fue oficialmente el fiduciario (administrador) del Fobaproa y como tal posee toda la informortiz_rangelación relativa a las acciones emprendidas por el Fobaproa. La relevancia de esa atribución reside, también, en el control de los documentos que ilustran cómo se tomaron las decisiones de compra de cartera y el costoso saneamiento de las instituciones de crédito, cuyo monto supera los 921 millones de pesos.

También Guillermo Ortiz participó en el comité técnico del Fobaproa, grupo de notables que fue severamente cuestionado por la ASF en la Revisión de la Cuenta Pública de 2001. El auditor Arturo González de Aragón, al dar cuenta de la revisión del estado económico del primer año de gobierno de Vicente Fox, señaló lo siguiente:

"En opinión de la ASF, el comité técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones, al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos del gobierno federal, al otorgar su aval en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, situación que fue señalada por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda en su Informe del resultado sobre la revisión de la cuenta pública de 1996.

"Además, no aplicó, en su totalidad, las bases de capitalización establecidas para la adquisición de la cartera originadora de flujos, lo que ha causado un efecto económico negativo. El comité aprobó la inclusión de Bancomer, Banorte, Bital y Banamex en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, no obstante que sus índices de capitalización eran superiores al 8 por ciento señalado en la normatividad y flexibilizó algunos criterios de los originalmente propuestos para la adquisición de la cartera".

De tal forma, bajo el marco jurídico que corresponde a la revisión de la Cuenta Pública de 2001, "el auditor superior de la Federación está obligado a iniciar una querella contra los integrantes del comité técnico del Fobaproa", comentó el asesor económico de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo.

A la valoración negativa del trabajo de Ortiz Martínez desde el órgano fiscalizador, se suma la solicitud de juicio político contra el gobernador del Banco de México promovida por el PAN -respaldado por el PRD en San Lázaro- en 1998.

Aquella presión de ambos partidos propició que en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, cuyo contenido dio origen al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se estableciera en el artículo segundo transitorio una cláusula expresa para excluir a Guillermo Ortiz de la junta de gobierno del IPAB.

El candado impuesto a Ortiz señala a la letra: "ninguna persona que haya sido secretario de Hacienda y Crédito Público, gobernador del Banco de México o presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter miembro del comité técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro de 1995 a 1997, podrá participar en la junta de gobierno del instituto, ni fungir como secretario ejecutivo del mismo".

Además, otro hecho clave de la influencia de Ortiz en el tema Fobaproa se evidenció en 2002, porque al conocerse el escándalo financiero del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en España, donde esa institución fue investigada por operaciones ilegales que incluían el lavado de dinero y que el producto de éste se habría desviado para la adquisición de Mercantil Probursa (1995) y Bancomer (2000), el gobernador del BdeM se negó a atender una solicitud del Congreso de la Unión con objeto de que explicara públicamente el contenido de una misiva donde Emilio Ibarra, copresidente del BBVA, describió las anomalías ocurridas en el país europeo y su vinculación con la compra de Bancomer. El gobernador del BdeM nunca respondió y menos aclaró quiénes eran las manos amigas descritas por Ibarra a Jaime Caruana, titular del Banco de España.

"Manos amigas"

En marzo de 2000, cuando estaban a punto de concluir las negociaciones para la adquisición de Bancomer, con la compra del BBVA de 40 por ciento de las acciones, se denunció públicamente la participación del gobernador del BdeM en el proceso. El escrito del ex funcionario de BBVA es el siguiente:

"La articulación de dicha operatoria lo fue, según mis instrucciones, de manera que no pudiera ser conocida por terceros la real participación del banco en tales adquisiciones, respetando así formalmente la legislación local. A este propósito se preordenó mi decisión de disponer de los fondos expresados, junto a la ayuda de otras manos amigas, que permitiría, además, una mejor defensa frente a una oferta hostil o frente a votaciones en junta general (...)

"Planteamos a algunas compañías españolas y a algunas personas físicas extrajeras, con las que teníamos especial relación, algo análogo; tales personas y entidades adquirieron, en su nombre y por su cuenta, en relación de manos amigas, paquetes de acciones de Bancomer, adquisiciones que fueron suficientes, tras el rechazo por parte de Bancomer a la oferta formulada por Banamex, decidiendo proceder a la ejecución del contrato suscrito con BBVA."

Guillermo Ortiz nunca reveló las razones de su oposición a tal operación, ni mucho menos quiénes fueron las "manos amigas" que ayudaron al BBVA.

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