¿Es la “persecución implacable” contra los polleros la manera de evitar más muertes de migrantes en la frontera? Los legisladores saben que no, pero aún así proponen aumentar las penas para los acusados de tráfico de personas, una medida que se traduciría en un encarecimiento de la cuota que cobran los coyotes. Entre los más afectados estarían, pues, aquellos a quienes se pretende proteger

La entrevista desata el enojo de Alejandro Chávez Ruiz, presidente del club Oriundos de Jalisco en Phoenix, Arizona.

"¿Castigar más a los polleros? ¿Y con eso va a dejar de venir la gente?", suelta apenas se entera de la propuesta de varios legisladores mexicanos para aumentar la sanción al tráfico de personas.

"¿Por qué tienen que esperar a que muera tanta gente de un solo golpe para hacer algo?", sigue el jalisciense. "¿En verdad creen que meter a la cárcel a los que ayudan a cruzar es la solución? ¿Conocen el problema de la migración?"

Allí queda la pregunta. ¿Qué tanto saben de migración los diputados y senadores?

A juzgar por los argumentos de quienes proponen aumentar hasta 25 años de prisión la pena por tráfico de personas, y eliminar la querella como requisito para perseguir el delito, el conocimiento del fenómeno migratorio es, por lo menos, insuficiente.

La senadora panista Susana Stephenson Pérez, veracruzana avecindada en Guanajuato y quien presentó su iniciativa el pasado 4 de junio, dice que entre las causas del fenómeno está "la tradición migratoria entre nuestra gente; nos encontramos con que emigró el abuelo, el hijo y ahora el nieto, y no por falta de trabajo sino porque no está dentro de sus parámetros buscarlo en México".

En esto coincide el diputado perredista Sergio Acosta Salazar, autor de la propuesta para incrementar las sanciones a los polleros. Para el michoacano la migración es consecuencia, entre otros elementos, "de los que llegan del norte a presumir las botas y la camioneta Van; nomás vienen a alborotar a la gente".

Y Tarcicio Navarrete Montes de Oca, diputado panista, va más allá. Afirma que, si es necesario, el gobierno federal tiene la obligación de impedir la salida de mexicanos que pretendan cruzar por caminos peligrosos, pues, explica, los derechos humanos "son susceptibles de restricción; hay derecho a transitar, pero no absolutamente".

Tras los votos

En un operativo sorpresa, 600 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) tomaron por asalto los poblados de Altar, Sonoyta y Sásabe, en Sonora, centros de reunión y cruce de indocumentados.

El informe oficial dio cuenta de la magnitud de la operación: 35 hoteles fueron cateados, 500 personas que pretendían cruzar el desierto fueron "rescatadas" y 27 polleros fueron detenidos.

Todo un éxito, se anunció, a pesar de que en Altar no quedaron muy contentos. Apenas se marcharon los policías, comerciantes y religiosos efectuaron una marcha para protestar por el operativo que afecta los ingresos de la comunidad, pues ahí la población vive de los migrantes.

Tampoco los mexicanos residentes en Estados Unidos compartieron el optimismo oficial, como Guadalupe Gómez, de la Federación de Clubes Zacatecanos en California, quien califica la persecución de polleros como una maniobra política.

"Quieren demostrar que se está haciendo algo pero están equivocados", advierte. "Atacar a los polleros sólo va a encarecer el precio que cobran por cruzar a los paisanos y de todos modos la migración no va a bajar".

Para el líder comunitario, está claro que ni el gobierno mexicano ni los legisladores conocen el fenómeno migratorio. "Es muy común que desde aquí se mande el dinero a los familiares para pagar el cruce, porque allá (en México) no hay trabajo. ¿A ellos también los van a sancionar?"

A Gómez le molesta la respuesta del gobierno de Vicente Fox ante las muertes en la frontera. "No importa cuántas multas se apliquen o los años de cárcel que les echen, los coyotes van a existir porque mientras no se desarrollen las comunidades, la gente se va a seguir saliendo", sentencia. "A lo mejor esa es la tirada, exportar mano de obra, pero al menos deberían hacerlo bien: que nos consigan buenas chambas".

En el fondo, añade José Luis Gutiérrez, presidente de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, los operativos anti polleros y las iniciativas legales para aumentar el castigo se relacionan más con las elecciones del 6 de julio que con un interés de proteger a los migrantes.

"Vienen gobernadores, diputados, senadores, y todos hablan y hablan, con pocos avances concretos­ se queja­ porque hay un enorme desconocimiento y resistencia de todos ellos para conocer el fenómeno migratorio".

También, concluye el jalisciense Chávez Ruiz, están las ganas de congraciarse con el gobierno de Estados Unidos, idea que comparte el presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jorge Santibáñez.

Endurecer el castigo a los coyotes, explica en un artículo publicado el 7 de junio en La Jornada, se parece mucho al discurso del gobierno estadunidense, que encuentra a esos traficantes como únicos culpables de la muerte de indocumentados.

"Con ellos y sin ellos (los polleros), en ausencia de un proceso ordenador de los desplazamientos migratorios, los migrantes seguirán de cualquier manera viajando a Estados Unidos, y en el hipotético caso de que los polleros no existieran, entonces cruzarían por ellos mismos, enfrentando riesgos aún mayores que hoy".

Más muertes en el desierto, pues.

Una piedra en el camino...

En el caso del perredista Acosta, fueron los paisanos que cada año regresan a Ciudad Hidalgo, Michoacán, quienes le platicaron los abusos que sufren al cruzar la frontera. Y Navarrete Montes de Oca reforzó su tesis después de conversar con asesores de la Cámara de Diputados y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Igual sucedió con la senadora Stephenson, quien incluso afirma que su iniciativa para perseguir de oficio el tráfico de personas fue consensuada con el gobierno federal.

Los tres reconocen que sancionar a los polleros no evitará la muerte de migrantes e incluso están concientes de que encarecerá el cruce de la frontera. Pero no hay de otra.

"O qué, ¿no hacemos nada?", reta la senadora. "¿Por qué hay una necesidad real dejamos que los polleros hagan un negocio ilícito, inhumano, que lucren con la vida de nuestros connacionales?"

Es el punto central del problema: sancionar a los traficantes de personas "que hacen un negocio criminal, inhumano", y al mismo tiempo atender las causas que originan migración.

Para eso se requiere una serie de acciones que se analizan ya en la el gobierno federal ­no dice cuáles­ y que se anunciarán públicamente en poco tiempo.

De hecho, su iniciativa para modificar el artículo 138 de la Ley General de Población y castigar de oficio el tráfico de personas forma parte de esa estrategia.

El objetivo es obstaculizar el trabajo de los polleros, que hasta ahora es muy fácil, pues además de la necesidad de denunciarlos ante el Ministerio Público para perseguirlos, cuando son atrapados "cuentan con todos los beneficios que la ley les da, como el derecho de amparo y la posibilidad de que se escapen".

Ya no será así, pronostica. "Vamos a informar que cada vez va a ser más difícil (emigrar), que hay una persecución en serio contra esos criminales y que esa no es la manera de irse a Estados Unidos. Que vayan midiendo también nuestros connacionales el riesgo al que se enfrentan".

­¿Y con esto se frenará la migración?

­No, sería iluso pensar que con una sola manera de tipo restrictivo como ésta se detenga. Debemos ir a las causas: la facilidad de trabajo que se da al indocumentado en Estados Unidos, la falta de oportunidades en nuestro país... Y también, parece insensible decir esto, la tradición migratoria entre nuestra gente.

Por lo pronto se desconoce el destino de las iniciativas presentadas por los tres legisladores, que junto con otra promovida por el diputado priísta Nicolás Callejas Arroyo, se enviaron a comisiones.

No hay fecha para su votación, y ni siquiera existe consenso sobre el tipo de dictamen que se presentará al pleno. De acuerdo con Tarcisio Navarrete, la propuesta inicial es juntar todas las iniciativas y elaborar una con los elementos coincidentes.

¿Un periodo extraordinario para echarles más años de cárcel a los polleros? Se ve improbable; será poco útil para combatir las muertes, pero viste el trabajo legislativo.