Las Carreras, Mezquital, Durango. La noche del 10 de junio de 2003 se fue llenando de lumbradas desperdigadas por el bosque. Se instalaban en sus carpas improvisadas los comuneros y las autoridades tradicionales y agrarias de San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlán con su anexo Tuxpan de Bolaños y Bancos de San Hipólito. Juntos, siempre lo han sabido pero esta noche lo reafirmaron, eran el pueblo wixárika. Se daban cita para reivindicar su ancestral derecho a su territorio, amenazado en tantos frentes, pero aquí saliendo al paso de un problema concreto: la explotación forestal ilegal que los mestizos de San Lucas de Jalpa hacen de un bosque situado en tierras comunales de Bancos de San Hipólito, que los wixaritari defienden hace un mes mediante un campamento-plantón.

Los comuneros de Bancos habían citado a las autoridades estatales y federales competentes en el lugar de los hechos, para el 11 de junio, pero ante la ausencia de autoridades, los wixaritari dieron curso a la orden del día ante los enviados de La Jornada, Ojarasca y Público, un delegado de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, una representante de la comunidad nahua de Tuxpan, María de Jesús Patricio, miembro del Congreso Nacional Indígena, y algunos comuneros, maestros y autoridades de la comunidad tepehuana de Santa María Ocotán.

Su argumentación es muy simple y contundente: las leyes no permiten el aprovechamiento forestal en un predio en litigio, y resulta que los huicholes de Bancos tienen interpuesta, desde el 7 de noviembre de 2002, ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), Distrito VII, la demanda de "Nulidad de Actos y Documentos" (expediente 327/2002), otorgados a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa.
 

Con esta base jurídica, el día 14 de mayo de 2003 la asamblea comunitaria de Bancos de Calítique (o San Hipólito) decidió parar la maquinaria e impedir el traslado de la madera derribada por Maderas del Huicot sa de cv, con sede en Valparaíso, Zacatecas, propiedad de Jesús Robles Bañuelos, compañía que realizaba el desmonte en el paraje conocido como Las Carreras dentro de las 10 720 hectáreas en litigio con la comunidad de San Lucas de Jalpa. En esos momentos, los comuneros de San Lucas de Jalpa incurrieron en actos de intimidación; se temía un desenlace violento. Su exigencia es muy sencilla también: la cancelación delpermiso de aprovechamiento forestal otorgado a San Lucas de Jalpa, por las razones antes mencionadas.
 

La preocupación de los huicholes es múltiple: por un lado está el problema del conflicto agrario que pelean jurídicamente contra San Lucas; por otro, la preocupación de defender un bosque que significa aguajes y manantiales, plantas medicinales, fauna y lluvia que en los parajes deforestados se desperdicia y crea una erosión incontrolable.

El 15 de mayo, la compañía tenía cortados unos 450 árboles algunos muy viejos, de más de 150 años de edad. Esos troncos, amontonados a lo largo de un camino que la compañía abrió para sacarlos, no podrán ser retirados del paraje Las Carreras después del 31 de junio, fecha en que termina la anualidad del permiso forestal concedido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) irresponsablemente, pues por lo menos debían haber revisado, como lo mandatan las regulaciones en la materia, si el predio estaba libre de litigios.

Los huicholes de Bancos enfatizan que, de no llegarse a un acuerdo con las autoridades del gobierno de Durango, Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), y si los mestizos de San Lucas no cejan en sus empeños de devastar una zona boscosa que sirve a toda la región, no permitirán que la madera sea retirada.

Hace casi un mes, a los pocos días de instalado el campamento-plantón, los comuneros de Bancos lograron que el contratista, Jesús Robles, y el comisariado de San Lucas de Jalpa, Alonso Salas, firmaran un documento comprometiéndose a no continuar con los trabajos ni retirar los troncos.

El 31 de mayo, la Profepa y la Semarnat realizaron una inspección en el sitio, pero los inspectores de Profepa argumentaron que "los huicholes de Bancos no acreditaban interés jurídico en la inspección" y que sólo San Lucas podía acreditarlo. Esta afirmación merece explicarse, pues denota que las autoridades de varias instancias de los gobiernos estatales y federal están tan desvinculadas que no tienen cómo estar al tanto de todo el expediente que atañe a un aprovechamiento, y mucho menos a un conflicto en particular. Son estos huecos de desinformación, irresponsabilidad y en algunos casos corrupción, los que hacen posibles las irregularidades en el otorgamiento de permisos. Es obvio que la demanda interpuesta por los comuneros de Bancos contra San Lucas de Jalpa por la disputa de 10 720 hectáreas, de las que el paraje Las Carreras forma parte, acreditan con mucho el interés jurídico de los wixaritari de Bancos.
 

Orígenes del conflicto agrario

Bancos de San Hipólito, pese a estar en Durango, y pertenecer al municipio de Mezquital, es parte del territorio ancestral de la comunidad agrario-religiosa wixárika de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. La superficie de sus tierras comprende 10 720 hectáreas que desde 1968 ambicionaban los mestizos de la comunidad vecina, San Lucas de Jalpa. Viendo que en la resolución presidencial otorgada a San Andrés habían quedado fuera sus tierras, iniciaron desesperadamente un trámite de dotación ejidal por las hectáreas mencionadas.

Sin embargo, a principios de 1971 los de San Lucas iniciaron los trabajos técnicos para su reconocimiento como comunidad, desconociendo el derecho ancestral de los wixaritari de Bancos. Estos últimos se negaron a ser censados como parte de una comunidad a la que no pertenecen.

El 28 de noviembre de 1973, los wixaritari de Bancos al ver que no avanzaba su trámite y ante la amenaza creciente de que las tierras le fueran entregadas a San Lucas, iniciaron paralelamente un procedimiento de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales por la misma superficie que tenían solicitada por la vía de dotación de ejidos, y para el 3 de junio de 1974, se realizaron los trabajos para su solicitud de dotación. El 7 de noviembre de 1976, el gobernador de Durango concedió dotación provisional de ejidos a Bancos de San Hipólito por 10 720 hectáreas.

No obstante, el 28 de julio de 1981 se emitió Resolución Presidencial en favor de San Lucas de Jalpa que le reconoce y titula más de 33 456 hectáreas que incluyen las 10 720 que tenía dotadas Bancos de San Hipólito, ésta resolución se ejecutó en noviembre de 1984.

Reforma Agraria revocó la dotación ejidal otorgada a Bancos y la procedencia del tramite de bienes comunales que intentaba la comunidad.

Fue en noviembre de 1993 que se comunicó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la situación de la zona segregada a San Andrés, que incluye el caso de tres comunidades (Saucito, Tierra Blanca y Bancos de San Hipólito). El caso de Bancos de San Hipólito se encuentra bajo vigilancia de la OIT desde el 9 de junio de 1998, fecha en que se emitió la resolución del Consejo de Administración de dicho Organismo Internacional que respondía a la reclamación ACD-8-2-41-169, interpuesta por el Sindicato de Radio Educación en representación de la Unión de Comunidades indígenas Huicholas (UCIH), por incumplimiento del Gobierno Mexicano del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, al no haber resuelto el caso de Bancos de San Hipólito y otras poblaciones con arreglo al Convenio. Es esta la primera recomendación territorial emitida a favor de un pueblo indígena por la OIT, a nivel mundial.

Con la demanda interpuesta el 7 de noviembre de 2002, la lucha wixárika por el territorio de Bancos inicia una nueva etapa. Hoy, su campamento-plantón es un paso más en la reconstitución del territorio wixárika (no importa en que entidad quede asentado) y del pueblo wixárika en su conjunto que está ahí para defender sus derechos colectivos. La sociedad civil y otros pueblos indios del país están pendientes.