Critica iniciativas entreguistas de Salinas, Zedillo y Fox

Apoya el SME al Congreso contra fines privatizadores

Fuera de la ley, permisos a 26 compañías foráneas: ONG

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) apoyará la acción legislativa para frenar el proceso privatizador del sector eléctrico mexicano, ya que está convencido "de que sólo con la fuerza de las dos cámaras se podrá detener el avance del capital multinacional en el ámbito, donde se ha permitido el asentamiento de las más importantes corporaciones del mun-do fuera del marco constitucional".

Esta representación sostuvo además que reforzará la negociación de convenios con legisladores de diversos partidos para detener la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Vicente Fox Quesada.

El actual mandatario sería el tercero que busca entregar el sector eléctrico a las trasnacionales extranjeras y pretende desconocer no sólo la prioridad de esta industria para la soberanía nacional, sino los adversos efectos que ha tenido la privatización en todo el mundo, puntualizó el sindicato.

Hizo ver que "definitivamente hay pruebas legales suficientes" para argumentar que los permisos que se han dado para generar electricidad a extranjeros violan la Constitución, pues se han sustentado en decretos y ordenamientos que no se ajustan a la Carta Magna.

En alusión a la determinación de las comisiones de Puntos Constitucionales de las cámaras de Diputados y Senadores, de presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para que se investiguen y auditen los permisos otorgados al sector privado a fin de generar electricidad, el SME señaló que apoyará esta medida legal, pues hay la seguridad de que no sólo se trata de una acción de desconocimiento de la historia nacional, sino que también hay intereses económicos detrás del asunto.

Dio a conocer que los recientes tres gobiernos de México -incluido el actual- han respondido a las presiones internacionales de apertura de la industria eléctrica y a la política alentada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que incluso han apoyado financieramente a varias trasnacionales para operar plantas en este país.

Por ello, la responsabilidad de quienes han abierto el sector a los extranjeros no sólo es ética sino también económica, y sí se pueden fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales contra funcionarios "perfectamente identificables" que son los que han otorgado los permisos, las concesiones y los negocios para estas corporaciones.

A su vez, el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica expuso que violando la Constitución, 26 compañías de 10 nacionalidades tienen permiso para construir plantas de generación así como gasoductos en el país.

Las concesiones se han otorgado a partir de un decreto de reforma al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente el presidente Ernesto Zedillo pretendió modificar los artículos 27 y 28 constitucionales para "dar certeza jurídica" a los empresarios, lo cual fue impedido por una gran movilización de trabajadores y de la sociedad, que repudiaron el intento.

A la iniciativa de Zedillo se sumaron dos más de legisladores que buscaban lo mismo. Una de ellas, el 4 de diciembre de 2002, fue del PAN. Pero el acoso al sector no ha cesado. Todavía el 15 de agosto del año pasado, Vicente Fox presentó su iniciativa "insistiendo terca y cínicamente en la reforma constitucional a los artículos mencionados y otros ordenamientos legales para privatizar la industria".

Pero el Presidente no ha reparado en intentos ni ha esperado la aprobación de las cámaras para continuar el proceso de privatización silenciosa, "y con base en las adiciones tramposas al reglamento de la ley que hizo el 24 de marzo de 2001, para otorgar mayores facultades a los permisionarios, ha continuado con la apertura para los extranjeros", expuso el frente.

Desde su punto de vista, con un afán privatizador, Fox "se ha extralimitado" en el ejercicio de su facultad reglamentaria y ha invadido la esfera de las atribuciones del Congreso de la Unión, lo cual fue dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2002 y se quedó en el aire. Sin embargo, ahora con la denuncia de las comisiones de Puntos Constitucionales de ambas cámaras, se tendrá que investigar el porqué de estas acciones y la insistencia de tres gobiernos y diversos funcionarios de poner en manos del sector privado una industria estratégica para el desarrollo del país, señaló esta organización.