Continúa como práctica generalizada, afirman ONG

Durante el gobierno foxista se han documentado 55 casos de tortura

FABIOLA MARTINEZ

La tortura en México continúa como "una práctica generalizada" y en los tres años recientes los únicos avances para erradicarla ocurrieron "a nivel preventivo", advirtieron representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

Como integrantes del comité de enlace que da seguimiento a los compromisos del gobierno del presidente Vicente Fox ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), particularmente en lo que se refiere al abuso del poder público, señalaron que durante la actual administración se han documentado 55 casos de tortura, de los cuales 36 ocurrieron en Oaxaca, nueve en Guerrero, cinco en el Distrito Federal, cuatro en Morelos y uno en Querétaro.

En términos generales, afirmaron, "la tortura sigue siendo utilizada, en total impunidad, como medio de represión social, cuyos efectos físicos se documentan en los procesos penales como simples lesiones".

En ocasión del Día Internacional en Apoyo a los Sobrevivientes de la Tortura, diversas ONG manifestaron su punto de vista acerca del "ínfimo" avance del gobierno federal ante esta problemática. Los promotores de la campaña son Juntos contra la Tortura, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Amnistía Internacional-Sección México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros.

Precisaron que a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y de acciones gubernamentales, el marco legal en materia de tortura es deficiente, porque no se ajusta a los estándares internacionales, como ocurrió en el caso del argentino Ricardo Miguel Cavallo, quien será extraditado a España sólo por los delitos de genocidio y terrorismo.

Así, durante su última visita a México, en 2001, el relator especial de la ONU en la materia, Nigel Rodley, aseveró que "la tortura y otros tratos crueles e inhumanos ocurren de manera frecuente en muchas partes del país" y recomendó al gobierno mexicano adoptar medidas urgentes para emprender un efectivo combate a conductas de este tipo.

Sin embargo, los integrantes del comité de enlace manifestaron, en conferencia de prensa, que esa práctica "sigue siendo una de las problemáticas que obstaculizan la vigencia plena de los derechos humanos" en México. Sustentaron lo anterior con una serie de documentos, cuyo análisis destaca que en 2001 las organizaciones civiles tuvieron conocimiento de siete casos de tortura; en 2002 la cifra se elevó a 40 y en lo que va del presente año se han registrado ocho casos más.

Acerca del medio centenar de víctimas, el comité informó que existen 36 detenidos, cuyo proceso legal se ha desarrollado con base en testimonios obtenidos mediante la tortura; asimismo, se menciona a tres desaparecidos, un liberado y un "ejecutado". Los nombres de los afectados se mantienen en reserva.

Nahyeli Ortiz, de ACAT, comentó que en la lista de agresores continúan a la cabeza la Procuraduría General de la República y varias procuradurías estatales, como la del Distrito Federal, así como militares. Agregó que en estos casos no hay peritos médicos imparciales y sólo en algunas ocasiones las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones.

"Podemos hablar de cierta mejoría respecto del cumplimiento del gobierno foxista a las recomendaciones de organismos internacionales, pero definitivamente las acciones preventivas aún no se reflejan en las cifras. No es que el Ejecutivo muestre una tendencia en favor de la tortura, pero el combate a esta práctica no se refleja en los órganos de procuración de justicia", dijo.

Ortiz comentó que uno de los casos más graves de detenciones arbitrarias y tortura, con la participación del Poder Judicial, es el caso de Alfonso Martín del Campo, recluido desde 1992 en Pachuca, Hidalgo, acusado de doble homicidio y sentenciado a 50 años de prisión. Lo más alarmante es que el proceso continúa con sustento en declaraciones obtenidas bajo tortura.

Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh, resumió esta problemática como una violación "persistente, sistemática y discrecional" bajo la responsabilidad del Estado, toda vez que los métodos de los cuerpos judiciales se perfeccionan "para dejar el menor número de huellas cuando recurren a la tortura".

En la conferencia participaron también Alfonso García, de Amnistía Internacional; Siria Oliva, de la CMDPDH, y el doctor Ricardo Loewe, de ACAT, quienes manifestaron que la tortura debe ser atendida como prioridad por los funcionarios de gobierno, toda vez que continúa como medio de investigación penal en el sistema de procuración y administración de justicia.