Víctor Quintana

Chihuahua: todo el poder contra los débiles

Confesarse en Chihuahua es hoy un asunto de alto riesgo. Puede ser que quien le pregunte sobre sus pecados sea un agente de la policía judicial disfrazado con sotana y estola. A ese punto llega la connivencia del poder eclesiástico y del gobierno de la entidad norteña.

Hace unas semanas, el joven Jaime Huerta denunció públicamente que durante varios años fue obligado a tener relaciones sexuales con el sacerdote Fernando Moriel. La denuncia surgió luego de que el clérigo negara a Jaime el dinero que éste requería para curarse.

La primera reacción del arzobispado fue negar los hechos y esconder al padre Moriel, a quien desde entonces no se le ha visto. Siguió toda una campaña en la que arzobispo, parte del clero y algunos fieles trataron de descalificar las acusaciones de Jaime y sumarse a la cargada en favor del sacerdote, antes que pedir la investigación de la denuncia.

El joven declaró posteriormente que está enfermo de sida, motivo que explica su urgencia económica. El arzobispado, en declaración de parte, respondió con un análisis que demuestra que el sacerdote no está afectado por el virus VIH. Hubo enseguida varios contactos entre Jaime, el arzobispo e inclusive el rector del seminario.

Luego se le fabricó "el cuatro" a Jaime: se le pidió que fuera al edificio del arzobispado para que le entregaran los 50 mil pesos que demandaba a fin de que no siguiera divulgando su versión de las cosas y pudiera empezar a curarse. La Procuraduría de Justicia de Chihuahua se mostró altamente cooperativa: contrató a un profesional para que filmara la entrega del dinero y disfrazó a un judicial de sacerdote. Confiado, el denunciante llegó, pero al recibir el efectivo fue aprehendido y llevado a juicio por "extorsión".

Posteriormente, con toda generosidad y espíritu evangélico, el arzobispo José Fernández Arteaga ha dicho que otorga el "perdón moral" al joven, pero que ha de responder ante la justicia civil por el delito que cometió.

La madre de Jaime ha protestado enérgicamente ante la prensa local por la injusticia cometida y se plantó frente la sede del arzobispado. Del cura Moriel y de la denuncia original presentada, como dice el corrido: "nunca más se supo nada".

El hecho no es aislado, por doquiera que se le vea. Se ubica, en primer lugar, como producto de la larga amistad que el arzobispo sostiene con altos funcionarios del gobierno de Chihuahua. Esos lazos amistosos se han mostrado anteriormente, como cuando el prelado ha bendecido con su presencia actos tan controvertidos como la colocación de la primera piedra de la carretera Cuauhtémoc-La Junta, cuya construcción, disputada por el gobierno del estado y el federal, se encuentra en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero, sobre todo, el hecho se ubica en la escalada de represión montada por la Procuraduría de Justicia del estado contra todo lo que sea diferente. Hace menos de un mes se culpó del asesinato de la jovencita Viviana Rayas a Ulises Perzábal, alias La Changa, y a la ciudadana estadunidense Cinthia Kicker, La Cheyenne. La pareja ya está encarcelada, pero ha denunciado que se fueron torturados para obligarlos a confesar el asesinato.

Como la pareja inculpada era propietaria de una tienda de artículos esotéricos, frecuentada por chavos punk y darketos, se inició en Chihuahua una persecución sistemática contra este tipo de jóvenes. Se montaron razzias en tiendas esotéricas, se encarceló a cualquier chavo que vistiera de negro o se peinara de manera extravagante. De pronto, ser diferente en Chihuahua se ha convertido en delito.

Y ahora todos los poderes se dirigen contra Jaime Huerta. Contra él, como contra los jóvenes contestatarios, se emplea toda la fuerza de la represión, mientras la delincuencia se enseñorea de las calles de Chihuahua y de Ciudad Juárez con un asesinato ayer, un tiroteo hoy, otro secuestro de jovencitas, otra mujer desaparecida y encontrada masacrada. Los picaderos siguen creciendo y multiplicándose, pero eso sí, se encarcela a los punk, a los darketos y a los homosexuales.

En Chihuahua es hora de que los padres de las muchachas desaparecidas no encuentran ni a sus hijas ni a la justicia. Es hora en que ningún cuerpo policiaco de ningún nivel ha podido terminar con la impunidad de los secuestradores-asesinos. Los poderes policiacos y jurídicos han sido demasiado débiles ante el poder del crimen. Sin embargo, todos ellos, aunados al poder del clero, son implacables, aplastantes, letales contra los débiles, contra los disidentes, contra los diferentes.