Alejandro Anaya Muñoz

De los pueblos indígenas y el 6 de julio

Una de las grandes interrogantes que surgen -o al menos en principio deberían surgir- del reciente proceso electoral es la relacionada con el aún inconcluso debate sobre el reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Sin duda, este tema ha sido uno de los grandes ausentes en la agenda de la recién concluida competencia electoral.

Como han subrayado numerosos comentaristas, esta contienda se caracterizó por una vergonzosa ausencia de propuestas serias y claras por parte de las fuerzas políticas participantes. En este sentido, no debe sorprendernos el hecho de que ningún partido haya dejado clara su postura respecto al debate sobre la diversidad cultural y su reconocimiento y acomodamiento dentro del marco constitucional, legal e institucional de nuestro país. Sin embargo, lo que sí debe preocuparnos es el profundo y creciente desencuentro entre los partidos políticos y los indígenas organizados; entre las instituciones formales de nuestra democracia representativa y las propuestas y demandas de los pueblos indios.

Por un lado, ningún partido pareció darle mayor importancia al tema indígena en sus agendas electorales. Por el otro, el desencanto con la política formal se ha fortalecido entre las comunidades y organizaciones indígenas que pugnan por la multiculturalización del Estado. Parece ser que los partidos menospreciaron la importancia del voto indígena, al tiempo que los indígenas desdeñaron a los partidos y al propio sistema representativo. Más allá de los motivos de este alejamiento, la pregunta obligada es Ƒqué podemos esperar en los próximos tres años?, Ƒpodemos esperar que se abra de nuevo el debate sobre los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa?, Ƒo debemos más bien esperar que no pase nada y que los esfuerzos indígenas por construir un Estado multicultural se sigan realizando al margen del marco formal de principios, leyes e instituciones?

El debate multicultural se reabrirá al interior del Poder Legislativo solamente si los partidos políticos consideran que así corresponde a sus propios intereses, principalmente de cara a la elección presidencial de 2006. ƑQué partidos podrían interesarse en asumir de manera seria la bandera de las reivindicaciones indias plasmadas en los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa? ƑBajo qué circunstancias?

Como ya he señalado, en el presente proceso electoral ningún partido se tomó en serio la agenda multicultural. Esto puede explicarse con base en dos elementos. En primer lugar, parte importante de los indígenas organizados no espera nada del sistema de partidos. Esto lo saben muy bien los dirigentes partidistas: el voto de los indígenas pro autonomía no interesó a los partidos, porque sabían que, de por sí, aquellos no están interesados en votar. En segundo lugar, la movilización indígena parece haber sido contenida, de tal manera que en estos momentos no representa una amenaza palpable a la estabilidad política del país.

Así, fueron pocos los incentivos que los partidos tuvieron para asumir la de por sí controversial y desgastada agenda del reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas.

Podría argumentarse que si ninguno de estos dos elementos cambia dentro de los próximos tres años difícilmente podemos esperar que cualquiera de los partidos considere que está en su interés el tomar en serio la agenda multicultural. Sin embargo, puede ser que los imperativos de la carrera por la Presidencia alteren la ecuación. Todo parece indicar que la contienda de 2006 será sumamente competida. Los márgenes de diferencia entre los "tres grandes" continúan cerrándose, y puede ser que el recuperar o el ganar el voto indígena se vuelva una prioridad para los partidos involucrados.

Podríamos esperar que, bajo estas premisas, el PRD -por su postura anterior a 2001- y quizá inclusive el PRI -por su experiencia previa en Oaxaca- revaloren la importancia que puede tener el adoptar con seriedad las demandas indígenas de autonomía y derechos.

Por otro lado, aunque parezca innecesario hacerlo, hay que subrayar que no podemos esperar mucho del PAN en esta materia, aun en el más extenuante de los contextos de crisis de legitimidad y gobernabilidad.

Considerando la composición de la nueva Cámara de Diputados, y sin olvidar la de la Cámara de Senadores, nos encontramos de nuevo con que las disposiciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas podrán ser reformadas solamente mediante una alianza entre PRI y PAN. Una alianza (de cualquier manera poco probable) entre PRI y PRD no sería suficiente, aun sumando los votos que pudiera hipotéticamente aportar el Partido Verde.

Ante este panorama, es difícil esperar una "reforma de la reforma"; tanto el PRI como el PAN tendrían que calcular que conviene a sus intereses político-electorales el renegar de su propia creación y asumir una posición al menos más cercana a aquella originalmente acordada en San Andrés. Sin embargo, tomando como punto de referencia la contienda electoral de 2003, y aun en el contexto de una cerrada carrera por el 2006, es muy probable que esto no suceda.