Demandas de trabajadores dividen al gobierno

Burócratas brasileños cumplen 4 días en huelga; rechazan cambios a pensiones

AFP, DPA Y REUTERS

Brasilia, 11 de julio. La huelga de empleados públicos continuaba este viernes por cuarto día consecutivo, en rechazo a la reforma de pensiones presentada al Congreso el pasado 30 de abril por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Según estimaciones de los sindicatos, 50 por ciento de empleados públicos, de unos 400 mil, seguían en la huelga. Gilberto Jorge, de la Confederación de los Trabajadores del Servicio Público Federal, dijo que la medida de fuerza continuará hasta que el Congreso suspenda el trámite de la reforma.

El presidente Lula ha afirmado que la reforma es necesaria para evitar el colapso económico del sistema de seguridad social y también para asegurar un sistema más justo.

Mientras tanto, miembros del gobierno expresaban hoy posiciones encontradas sobre la anunciada aceptación de modificar el proyecto de jubilación integral.

Este punto, que implicaría que los funcionarios públicos se jubilen con el último salario que tenían en actividad, fue aceptado en compensación al punto que eleva la edad de jubilación a 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, tras haber contribuido a la Seguridad Social durante 35 años los hombres y 30 las mujeres, y llevar 20 años en la carrera.

Pero anoche el Ministro de la Casa Civil, José Dirceu, advirtió que esa eventual modificación deberá ser sometida a la aprobación de los estados, con lo que puso en entredicho el acuerdo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, se declaró en contra de la jubilación con igual salario al devengado en actividad, y advirtió hoy que la modificación podría impactar la política económica del gobierno.

Por otra parte, en Sao Paulo, uno de los principales líderes del Movimiento de los sin Tierra (MST), José Rainha, fue detenido tras declarar en una comisaría local sobre la portación de armas de algunos agricultores.

Rainha, quien recientemente inauguró en la región de Pontal Paranapanema el más grande campamento de los Sin Tierra, que podrá albergar hasta 5 mil familias que esperan una reforma agraria, fue detenido bajo acusaciones de formación de banda, que pesaba sobre él en un proceso abierto en 2002, divulgó la prensa de Sao Paulo.

La principal asociación de terratenientes de Brasil, la Unión Democrática Ruralista, acusó al procurador general de la República, Carlos Fonteles, de "apología de crimen", al considerar legítimas las ocupaciones de fincas productivas por labriegos sin tierra.

De otro lado, el presidente Lula da Silva llamó en Lisboa a las empresas portuguesas a que inviertan en la construcción de infraestructura para proseguir la integración del Mercosur, que -dijo- "es una plataforma para integrar a toda Latinoamérica".

Ante empresarios reunidos por la Asociación Industrial de Portugal, Lula subrayó que el Mercosur representa la cuarta economía del mundo y un mercado de 220 millones de habitantes.

El mandatario brasileño puso fin a su visita a ese país con una entrevista con el primer ministro portugués, José Manuel Durao Barroso, quien aseguró que las relaciones entre Portugal y Brasil están "por encima de las coyunturas políticas y de los partidos".

Estimó, asimismo, que "llegó la hora de que los empresarios brasileños se conviertan en empresarios multinacionales e inviertan en otros países, y sobre todo en Portugal". Durante la visita de Lula se firmaron tres acuerdos sobre la libre circulación de personas, empleo recíproco y lucha contra la inmigración ilegal.